En el marco de una investigación contra personal policial involucrado en maniobras destinadas a fraguar causas por infracción a la Ley de Drogas, en la comisaría 9ª de Jujuy y en la sede de la División Toxicomanía de la capital provincial se encontraron elementos que fortalecen las sospechas contra los uniformados. A pesar de que la causa se inició en diciembre de 2013, en las dos dependencias policiales todavía conservaban material relacionado con procedimientos fraguados. En los casilleros personales de los policías se encontraron 40 gramos de cocaína y 150 de marihuana, en ambos casos fraccionadas en pequeños dosis ensobradas, con la presunta intención de “plantar evidencia” a la hora de realizar futuros operativos antidrogas. Por si fuera poco, hallaron una gran cantidad de actuaciones prevencionales completas, con las firmas de los presuntos infractores, sin la certificación de testigos imparciales que hayan presenciado los operativos, tal como marca la ley.

También se encontraron distintos elementos que siempre aparecen a la hora de armar un sumario policial con datos falsos: once celulares, municiones sin inscripción alguna, documentos nacionales de identidad, pipas y picadores de marihuana. El allanamiento en las dependencias policiales jujeñas fue realizado, en conjunto, por el fiscal federal subrogante de Jujuy, Pablo Miguel Pelazzo, y por el fiscal federal de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba.

En diálogo con Página/12, Córdoba hizo un balance del material encontrado en las sedes policiales: “Dimos con el kit completo de armado de causas, drogas en los lockers personales de los policías, actas listas para fraguar causas, motos sin orden de secuestro y sin avisar a los jueces competentes”. El fiscal nacional se mostró sorprendido porque “es inaudito encontrar todos esos elementos, pero pudimos hacerlo”. Los procedimientos, que se prolongaron por más de doce horas, fueron ordenados por el juez federal 2 de Jujuy, Fernando Poviñas.

Córdoba señaló que “los elementos que se encontraron y que habían sido retenidos a personas (motos, celulares, etcétera) no se encontraban formalmente secuestrados, puestos a disposición de la Justicia ni registrados o inventariados” por los funcionarios policiales. En principio, lo que creen los investigadores es que “todos son elementos indiciarios de la comisión de una multiplicidad de delitos asimilables al que motivó la realización del procedimiento”. Dos policías que estaban en las dependencias allanadas fueron imputados por tenencia de estupefacientes y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa fue abierta a partir de diciembre de 2013, luego de que finalizara un juicio oral promovido, por presunta infracción de la Ley de Drogas, contra el propietario de un drugstore ubicado sobre la avenida Siria, en el barrio Salvador Mazza de la ciudad de Jujuy. La investigación que llegó a juicio había comenzado el 3 de agosto de 2012, con un operativo que se hizo en el comercio mencionado con participación de la Brigada de Narcotráfico, con apoyo de personal de Infantería de la Unidad Regional 2, y una agente de la comisaría de Libertador General San Martín.

En el juicio oral que finalizó en diciembre del año pasado, la fiscalía, luego de constatar irregularidades en todo el procedimiento policial, resolvió levantar la acusación contra el dueño del comercio y otras personas imputadas, que resultaron absueltas. En cambio, el fiscal solicitó la extracción de testimonios y otras pruebas que señalaban la presunta comisión de delitos por parte del personal policial que había participado en el operativo en el drugstore. Los policías sospechados son un comisario, dos cabos, tres oficiales ayudantes, un oficial subinspector y todos los que resultaran ser “instigadores, coautores, partícipes o encubridores” del armado de la causa.

En el operativo realizado en el drugstore, varios jóvenes que se encontraban tomando cerveza en la vereda, luego de jugar un partido de fútbol, fueron “reducidos, arrojados al piso, golpeados y esposados”. La novia del dueño del comercio, quien se encontraba a cargo del mismo en ese momento, fue sacada del lugar por un policía vestido de civil que, según declararon después varios testigos, “arrojó una bolsa que traía consigo dentro de un cajón de gaseosas”. Recién después de esa maniobra policial se hizo ingresar al comercio a los testigos del procedimiento, ante quienes se produjo el “hallazgo” de la droga que estaba en dicha bolsa y que sirvió de prueba falsa.

Todos los jóvenes que estaban en la vereda fueron detenidos y llevados a la comisaría 9ª, excepto uno de ellos que fue “conducido a un baño, donde lo golpearon y amenazaron para que no denunciara el accionar policial (la prueba plantada) y para que el resto de los detenidos escucharan lo que le ocurría al otro joven. De esa forma los policías quisieron infundir temor para que nadie los delatara y garantizarse a sí mismos la impunidad. Como resultado del operativo y el “hallazgo” de estupefacientes, tres personas, entre ellos el dueño del comercio, fueron imputados y detenidos con prisión preventiva. Por lo endeble y mentiroso de la prueba, fueron absueltos en el juicio oral.

El juicio oral fracasó, para las aspiraciones policiales, porque la acusación tenía tal grado de falsedad que los cargos “no pudieron ser corroborados o sostenidos ni siquiera por los testigos policiales”. El fiscal general concluyó que se trataba de “una clara persecución y hostigamiento hacia jóvenes de la zona, algunos consumidores de estupefacientes, quienes son detenidos constantemente por personal de la policía” de la ciudad de Jujuy.