El flamante ministro de Salud, Daniel Gollán, expresó ayer su preocupación por los 500 mil abortos que cada año se practican en la clandestinidad en la Argentina, muchos de los cuales, “sobre todo en mujeres de bajos recursos, les provocan la muerte”. Y consideró que “una de las posibilidades concretas” de enfrentar el problema “es el camino que tuvo Uruguay antes de la ley de despenalización (del aborto), que son las consejerías” donde se les ofrece a las mujeres, en la confidencialidad de la consulta, toda la información “para que puedan decidir en plenitud de conciencia” qué hacer frente a un embarazo no deseado. “En Uruguay dio excelentes resultados”, destacó el ministro. “Entonces –agregó–, creo que vamos a propiciar un debate maduro, con la academia, con todos los sectores de a sociedad, donde podamos abordar este problema.” Sus palabras fueron interpretadas por algunos medios en el sentido de que estaba llamando a debatir la despenalización y legalización del aborto en el Congreso. Horas más tarde, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se encargó de aclarar que “no está en la agenda (del Gobierno) tratar el tema”.

Gollán se explayó sobre el problema del aborto en el país en una extensa entrevista en la Radio Nacional Rock, donde se refirió también al alcance de los planes de vacunación y el descenso de la mortalidad infantil. El ministro precisó con relación a los abortos no punibles que “hay que cumplir con la ley” y realizarlos. “Hay una ley que hay que cumplir”, reafirmó, sobre los permisos para abortar que contempla el Código Penal en el artículo 86 y que fueron ratificados por un fallo de la Corte Suprema en marzo de 2012: cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación. En ese sentido, indicó que en “muchos hospitales” se está cumpliendo y en otros “siguen existiendo” trabas vinculadas a “la objeción de conciencia” que esgrimen médicos para no realizar las interrupciones legales de embarazo. “Pero ya tenemos un sistema aceitado, que cuando se transforma en una traba, tenemos maneras de resolver el problema en otro hospital de otra provincia o en la misma provincia, pero mediando la ayuda concreta del ministerio”, aclaró.

En relación con los abortos que se realizan más allá de esos permisos legales, Gollán informó que “desde hace un tiempo” desde el ministerio se está trabajando “con el tema de las consejerías” pre y post aborto. “Somos conscientes de que la mujer tiene todo el derecho a tener toda la información posible para decidir qué quiere hacer con la interrupción, con un aborto. Y ya no estamos hablando de los abortos legales. En el país hay 500 mil abortos anuales y es una causa de mortalidad materna. Tenemos que hacer un debate maduro sobre esto”, señaló.

El año pasado, una delegación de ministros de Salud de diferentes provincias y de la ciudad de Buenos Aires, acompañados por el entonces subsecretario de Medicina Comunitaria y flamante secretario del área, Nicolás Kreplak, viajaron a Uruguay –invitados por una ONG argentina– para conocer el modelo de las consejerías y su implementación en el sistema de salud pública del vecino país. La experiencia, que comenzó en Uruguay desde 2001 como una estrategia de reducción de daños y riesgos –en un contexto de criminalización del aborto similar al vigente actualmente en Argentina–, surgió a partir de la iniciativa de un grupo de médicos del Hospital Pereira Rossell, el más importante de la ciudad de Montevideo, preocupados por el aumento del número de mujeres que se morían como consecuencia de abortos inseguros. Luego, la iniciativa se convirtió en resolución ministerial y más tarde en ley nacional, en el marco de la normativa de salud sexual y procreación responsable. Con esa política, Uruguay logró eliminar las muertes por abortos inseguros.

La estrategia consiste en brindarle a una mujer que enfrenta un embarazo no deseado información sobre los métodos más seguros para interrumpirlo, como el uso de la droga misoprostol, y se la advierte sobre los riesgos de recurrir a técnicas precarias. Además, se le da atención luego de que por su cuenta haya llevado adelante un aborto a fin de que no sufra hemorragias ni infecciones. En la Argentina, el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, de la ciudad de Buenos Aires, fue el primer ámbito sanitario que comenzó en 2004 a replicar la experiencia uruguaya. En los últimos años, otros servicios hospitalarios y centros de salud en distintas provincias están ofreciendo este tipo de consejería. El municipio de Morón, gobernado por Nuevo Encuentro, es uno de los pocos del país que la incorporó como política sanitaria.

Uruguay, a fines de 2012, avanzó con la sanción de una ley que despenalizó el aborto temprano. Según cifras oficiales, no se registraron muertes de mujeres que abortaron dentro del mecanismo previsto por la ley, y menos del uno por ciento de los abortos derivó en complicaciones.

En la Cámara de Diputados, la oficialista Mara Brawer está trabajando en un proyecto de ley para incorporar las consejerías al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a través del cual se distribuyen métodos anticonceptivos a todos los hospitales y centros de salud. El proyecto busca, por un lado, procurar que las mujeres no aborten, acercándoles todos los instrumentos y programas posibles (cuando sean causas económicas, de violencia de género, por falta de vivienda u otros motivos), disminuir los riesgos y daños asociados al aborto inseguro, facilitar el curso institucional oportuno de los abortos no punibles y promover la adecuada atención post aborto, en todos los niveles de atención del sistema de salud. Esta iniciativa “no modifica el estatuto legal de la práctica del aborto voluntario, pero sí las acciones educativas y sanitarias que fortalezcan los derechos de las mujeres y reduzcan la alta mortalidad materna” se encargó de explicar Brawer.

¿Cómo funciona el asesoramiento en el Hospital Argerich? Cuando los médicos reciben a una adolescente que enfrenta un embarazo que no quiere continuar, se le explica que no le pueden realizar el aborto porque es una práctica ilegal. Se habla con ella sobre las causas que motivan el deseo de interrumpir el embarazo, se le brinda la información sobre otras instancias como puede ser la adopción. En general, la mayoría mantiene firme su decisión y expresa que conoce el misoprostol, una droga que se usa para realizar abortos con medicamentos, y que lo va a usar. Se le informa sobre los riesgos médicos y también legales. Se la escucha y se respeta la decisión informada y consciente que toma.