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Fueron 21 el año pasado y habían sido 27 en el 2000: por primera vez, bajó la cantidad de pacientes terminales que optaron por el suicidio médicamente asistido en Oregon, el único estado norteamericano que –desde hace cuatro años– admite esta práctica. Sus autoridades sanitarias destacaron la disminución para significar que la “Ley de Muerte con Dignidad” no ha provocado nada parecido a una epidemia. Es que Oregon está en el centro de una batalla jurídica: el gobierno de George Bush dictó una resolución que impediría a los médicos aplicar esa ley; las autoridades locales recurrieron a la Justicia, que dejó en suspenso la prohibición. La ley se aplica por solicitud de pacientes terminales, a quienes el médico está autorizado a recetarles una medicación letal autoadministrable. En cambio, prohíbe la eutanasia, en la cual el médico mismo administraría la droga. El perfil más característico de la persona que recurre al suicidio asistido en Oregon es: mujer, con alto nivel de educación, divorciada, próxima a los 70 años, enferma de cáncer terminal.
El Cuarto Informe Anual sobre la Ley de Muerte con Dignidad –que dio a conocer este mes el Centro de Estadísticas de Salud del estado de Oregon– contabiliza que 21 personas murieron en 2001 por “suicidio médicamente asistido”; habían sido 27 en 2000, también 27 en 1999 y 16 en 1998, cuando empezó a aplicarse la ley. “La cantidad de muertes permaneció reducida en relación con el total de 19.541 muertes de 2001 en Oregon”, señaló Katrina Hedberg, del Departamento de Servicios Humanos de ese estado.
La edad media del total de pacientes fue 69 años. El 97 eran “blancos, no hispánicos”. El 52 por ciento eran mujeres. El 44 por ciento eran casados; el 24 por ciento viudos, el 7 por ciento solteros y el 25 por ciento divorciados.
En cuanto a nivel educativo, el 30 por ciento de los que optaron por el suicidio asistido eran graduados universitarios; el 13 por ciento había cursado estudios terciarios; el 46 por ciento tenía estudios secundarios completos o universitarios incompletos y el 11 por ciento no había completado la secundaria. “Los pacientes que recurren al suicidio médicamente asistido tenían más niveles de educación que otros oregonianos que fallecieron por enfermedades similares”, dice el informe del Centro de Estadísticas de Salud.
El 77 por ciento padecía cáncer, el 7 por ciento esclerosis lateral amiotrófica y el resto distintas enfermedades.
A partir de entrevistas a los médicos, el Centro de Estadísticas de Salud de Oregon reconstruyó las preocupaciones respecto del final de su vida mencionadas por los pacientes: “pérdida de autonomía” es la más frecuente (85 por ciento de los casos); le sigue “disminución de la capacidad para participar en actividades que hacen agradable la vida” (77 por ciento); “pérdida del control de funciones corporales” (63 por ciento); “ser una carga para la familia o amigos” (34 por ciento); imposibilidad de controlar el dolor (20 por ciento); “consecuencias económicas del tratamiento” (2 por ciento).
En el 91 por ciento de los casos, los pacientes murieron en su hogar. El médico que había prescripto la droga letal estuvo presente en el 52 por ciento de los casos. El 36 por ciento de los pacientes vivía en el área metropolitana de Portland y el 64 por ciento en otros lugares de Oregon.
La Ley de Muerte con Dignidad obedeció a una iniciativa aprobada con el 51 por ciento de los votos de los ciudadanos del estado de Oregon en 1994. Ante objeciones jurídicas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, su aplicación se postergó hasta 1997. Ese mismo año, un segundo referéndum obtuvo la aprobación del 60 por ciento de los ciudadanos. La ley permite a los enfermos terminales obtener de sus médicos la prescripción de medicaciones letales para autoadministración (el total de prescripciones durante los cuatro años llegó a 140 pero sólo 91 personas hicieron efectiva la decisión de morir). La ley prohíbeespecíficamente la eutanasia, en la cual se administra directamente una medicación letal.
El 6 de noviembre de 2001, John Ashcroft, procurador general de Estados Unidos, emitió una directiva según la cual “prescribir, dispensar o administrar para asistir al suicidio sustancias controladas federalmente viola la Ley de Sustancias Controladas”, que el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1970 como parte de la lucha contra las drogas. Esta medida de la administración Bush estaba específicamente dirigida contra la legislación de Oregon y este estado respondió demandando al Departamento de Justicia, con la acusación de desconocer su derecho a legislar la práctica de la medicina. El 20 de noviembre, el juez de distrito Robert E. Jones dejó en suspenso la orden de Ashcroft durante cinco meses, mientras se expide sobre la cuestión.