Al hablar ayer en un seminario internacional que se realiza en Buenos Aires, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, aseguró que “las consecuencias de la guerra a las drogas son mucho más nocivas que las drogas”, por la militarización que conlleva la aplicación de esa política. Verbitsky precisó que esa guerra continental, liderada por Estados Unidos, lleva a cometer “violaciones a los derechos humanos” a nivel mundial, motivo por el cual reclamó “pasar de la represión a formas de regulación y control” porque “la militarización y la violencia asociadas al narcotráfico no pueden separarse de la prohibición y de la satanización que se hace alrededor del tema”. El periodista y escritor sostuvo que al hablar de la guerra de las drogas “hablamos de un paradigma fracasado a lo largo de cincuenta años, pero ese fracaso no ha implicado ningún cambio profundo en el discurso estigmatizador, discriminador, primitivista que acompaña a ese paradigma fracasado”.

Verbitsky fue uno de los oradores en la apertura del seminario internacional sobre el tema que fue inaugurado ayer y que finalizará hoy en la Universidad Torcuato Di Tella. Recalcó que “cuando se percibe el escaso resultado de las políticas no se pone en revisión el paradigma que las justifica, sino que se atribuye a insuficiencias de rigor, de perseverancia o de fuerza insuficiente en su aplicación. Y el fracaso lejos de conducir a la revisión del paradigma, lo fortalece”.

Recordó que en la Argentina de los años ochenta, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, “comenzaron las presiones del Comando Sur (de los Estados Unidos) para que la Argentina se sumara a la denominada guerra contra las drogas”. Consideró que eso ha significado que “frente al flagelo de las drogas” se anteponga “el flagelo de la represión, con el pretexto de combatir a las drogas”. Refiriéndose al momento actual, puntualizó que en este “momento electoral” del país “el tema es un arma arrojadiza que cada candidato arroja contra el otro”.

Aclaró que desde el CELS, como organismo de derechos humanos, “queremos reflexionar y debatir porque no tenemos la menor duda de que las consecuencias de la guerra a las drogas son mucho más nocivas que las consecuencias de las drogas”. El titular de la ONG habló en la inauguración del Seminario Drogas: de la prohibición a la regulación. Para el CELS, el modelo que propone la persecución de la producción, comercio y consumo de algunas drogas “favorece la militarización de la sociedad” y la aplicación de políticas de mano dura que afectan a los más vulnerables, además de la corrupción policial y la criminalización del consumo, sin afectar a las organizaciones que dominan el tráfico de sustancias prohibidas.

Verbitsky concluyó que las políticas que se aplican “son responsables del encarcelamiento masivo de personas cuyo nivel de responsabilidad en las cadenas de tráfico es nulo”. Al mismo tiempo, afectó el desarrollo y tuvo un impacto negativo “en las comunidades más vulnerables de nuestras ciudades” y produjo “la reaparición de la tortura sistemática o de la desaparición forzada en muchos de nuestros países”. Al referirse a la situación en la Argentina, “el tema del narcotráfico es uno de los argumentos con los cuales las distintas policías manejan la relación con los jóvenes varones de los barrios pobres; cuando algún adolescente o algún joven es detenido con un cigarrillo inmediatamente se le plantea la alternativa: la cárcel o trabajás para nosotros”.

En una charla realizada ayer en el mismo marco, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, presentó la publicación El impacto de las drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano, editada por el organismo de derechos humanos en forma conjunta con otras dieciséis organizaciones que vienen trabajando sobre el problema. Chillier dijo que las consecuencias negativas de la guerra contra las drogas se ven “en la consolidación de mercados ilegales de tráfico de drogas caracterizados por la violencia y la corrupción y las dificultades de los sistemas de justicia de la región para desarrollar una estrategia efectiva contra el crimen organizado”. Al mismo tiempo “estás políticas agravan las condiciones de exclusión de cientos de miles de personas”.

Propuso “explorar respuestas no punitivas, entre ellas la regulación de los mercados; orientar la persecución estatal a las organizaciones criminales y a los grupos que utilizan la violencia; descriminalizar el consumo y el autocultivo de drogas; establecer penas y condenas proporcionales y coherentes con los otros delitos; desarrollar alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas; desarrollar políticas de salud con una perspectiva de derechos humanos destinadas a los usuarios de drogas que las necesitan”.

Por su parte, Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, señaló que “es evidente una disonancia entre las prescripciones existentes y el sentido punitivo del régimen internacional sobre drogas y las prácticas sociales y los intentos de ensayos sobre políticas alternativas por parte de los Estados”. Resaltó que existe “una gran y profunda disonancia; la brecha ha crecido de manera ostensible en las últimas tres décadas y por lo tanto hay en este campo una sensación de que estamos a puertas de un viraje paradigmático”.

Coincidió con Verbitsky en que “se avanzó muchísimo en términos de la evidencia del fracaso de la guerra contra las drogas”. Precisó que el informe de Naciones Unidas “nos dice que hay en el mundo 246 millones de consumidores de sustancias psicoactivas, pero nos dice por otro lado que en realidad el número de consumidores problemáticos es de 27 millones. Esas personas representan al día de hoy el 0,36 por ciento de la población del mundo”. Por esa razón “no es posible concebir una guerra contra las drogas por un problema real, genuino de salud que aqueja a 27 millones de personas. No podemos entrar en una guerra con base de que hay un núcleo, sí problemático que debiera resolverse con otro tipo de políticas”.

El seminario continuará hoy con las exposiciones de Juan Garzón Vergara, investigador del Wilson Center de EE.UU.; Paula Miraglia, consultora independiente; Enrique Font profesor de Criminología de la Universidad de Rosario, y Sebastián Fernández Ciatti, subsecretario de Investigación del Delito Complejo, del Ministerio de Seguridad nacional.