En un fallo coincidente con los planteos de la parte querellante, la Sala I de la Cámara de Casación bonaerense ordenó agravar la pena a siete años de prisión aplicada a un subteniente de la Policía Bonaerense y dejó sin efecto la absolución de un sargento de esa fuerza, que ahora tendrá que ser juzgado nuevamente por un doble homicidio. La resolución involucra al subteniente Gustavo Vega, condenado por “tentativa de homicidio simple” en perjuicio de Joaquín Romero, en la llamada Masacre de José León Suárez, ocurrida en marzo de 2011, cuando la policía reprimió a un grupo de vecinos del barrio De la Cárcova. Por su parte, el sargento Gustavo Rey será sometido ahora a un nuevo juicio oral por el homicidio de los jóvenes Mauricio Ramos y Franco Almirón, hecho por el que había sido absuelto.

La Sala I de Casación recalificó el delito atribuido al subteniente Gustavo Vega, cuya condena a siete años debe ser modificada porque el tribunal superior dijo que su actuación en el caso se encuadra como “tentativa de homicidio calificado por abuso de la función policial y por el empleo de arma de fuego”.

Casación resolvió a favor de los recursos de apelación presentados por los abogados querellantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en conjunto con el abogado Juan Carlos García Dietze, y con la Fiscalía Número 5 de San Martín. De este modo, el Tribunal Oral 1 de San Martín tendrá que agravar el monto de la pena que le aplicó, en marzo de 2014, al subteniente Vega.

En el caso del sargento Rey, al ser revocado su sobreseimiento, tendrá que volver a ser juzgado por el doble homicidio de Ramos y Almirón. El fallo de Casación sostiene que las declaraciones de varios testigos del juicio oral, al igual que los peritajes que fueron aportados en el debate realizado en 2014, “ubican a Rey en el lugar desde donde se realizaron los disparos que ocasionaron las muertes”, precisó el Cels en un comunicado.

El organismo recordó que para llegar a ese juicio oral fue necesario llevar a cabo una exhaustiva investigación que permitió “desarmar las estrategias de encubrimiento policial”. En ese mismo sentido, el diputado nacional Leonardo Grosso le dijo a Página/12 que el fallo de Casación “apunta a lo que dijimos nosotros sobre cómo ocurrieron los hechos y eso permite ahora rectificar la condena a Vega y volver a enjuiciar a Rey”.

Grosso, que junto con militantes del Movimiento Evita del barrio de La Cárcova tuvieron gran participación en la búsqueda de testigos de los hechos, afirmó que “los testimonios de los pibes del barrio” fueron fundamentales para llegar al juicio oral, aunque la sentencia “nos llevó a decir, en ese momento, que hay una policía que mata y una Justicia que también mata” con hechos como la absolución de Rey, a pesar de las pruebas presentadas. “Ahora –agregó–, afortunadamente podemos decir que hay otra Justicia que viene a reparar lo que no se hizo antes.”

La matanza de José León Suárez ocurrió el 3 de febrero de 2011, cuando descarrilaron siete vagones de una formación de carga de la línea Mitre, frente al barrio De la Cárcova. Los vecinos concurrieron en masa a ver lo que había ocurrido, hubo una denuncia por presunto intento de robo de la mercadería que trasladaba el convoy –nunca se probó la existencia de ese delito– concurrió personal policial y se desató una represión generalizada que terminó con dos muertes y un joven herido grave.

Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, murieron como consecuencia de los disparos policiales, mientras que Joaquín Romero, de 19, resultó herido. El CELS recordó que desde ese día vienen acompañando a los familiares de las víctimas “junto con quienes integran la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional”.

El CELS expresó en su comunicado que la decisión de la Cámara de Casación “es un mensaje claro dirigido a los jueces sobre cómo hay que interpretar situaciones en las que la intervención policial con armas de fuego en conflictos sociales ocasiona muertes”. Agregó que el fallo “reafirma que los policías que usan la fuerza letal en estas situaciones deben ser condenados con un plus de disvalor por haber abusado de la función que tienen”.

El organismo de derechos humanos señaló que “es también un claro mensaje al Poder Ejecutivo provincial y a la Policía Bonaerense sobre la necesidad de prohibir el uso de armas de fuego ante situaciones de protesta o conflictividad social como en este caso”. La sentencia de Casación, según el CELS, “muestra la necesidad de que los tribunales juzguen de forma más estricta las violaciones a los derechos humanos en las que se pone en juego el derecho a la vida y a la integridad física de los sectores de la sociedad que sufren la violencia policial en la vida cotidiana”.

El CELS resaltó que “además del nuevo juicio que debe realizarse, las autoridades del Departamento Judicial de San Martín deben profundizar la investigación para dar cuenta de la responsabilidad de los superiores jerárquicos de los policías Vega y Rey, por la planificación y la ejecución del operativo violento, así como por el intento de encubrimiento posterior” que intentó justificar lo ocurrido con la supuesta intención de robo por parte de los vecinos, algo que fue desvirtuado, incluso, por los empleados de la Línea Mitre que estaban en el tren accidentado.

La represión policial del 3 de febrero de 2011 comenzó una hora después del descarrilamiento del tren de carga. Se hicieron centenares de disparos contra los vecinos que se habían congregado sobre una calle paralela a las vías del ferrocarril Mitre. Los tres jóvenes habían salido de sus casas, en bicicleta, para buscar elementos reciclables para vender en el cercano predio de la Ceamse, sobre el Camino del Buen Ayre.

Los jefes del operativo que se hizo allí y que terminó con las dos muertes y el herido grave fueron el comisario el comisario Víctor Hugo Uhalde y los oficiales Amílcar Esteban Pino y Carlos Amado Silva.