Estudiantes, docentes y egresados del programa Fines realizaron ayer una jornada de clases públicas en la Plaza Alsina del partido bonaerense de Avellaneda para “defender la continuidad del programa de inclusión educativa” durante la próxima gestión de gobierno provincial. Si bien su financiación está a cargo del gobierno nacional, la ejecución del programa para que jóvenes y adultos terminen la escuela secundaria está a cargo de cada jurisdicción. Para la comunidad que participa del programa resulta “cierta” la posibilidad de que la gestión PRO ponga fin a su funcionamiento “por la manera en que conciben la educación”. La iniciativa permitió que, desde su implementación, más de 600 mil personas completaran sus estudios secundarios.

Si bien la cartera educativa nacional aporta los recursos para el pago de honorarios a los tutores, los gastos de mantenimiento de las sedes y los materiales de apoyo, la ejecución de Fines está a cargo de los gobiernos provinciales. Es por eso que la comunidad que participa del programa en la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación frente al cambio de gestión. “Conocemos las políticas de la fuerza electa en la provincia, por la manera en que conciben la educación creemos que la posibilidad de que Fines y otros programas de inclusión se terminen es real, por eso sentimos la necesidad de defenderlo”, señaló Rubén Castagneto, abogado y docente de en Ciencias Sociales.

Las historias de los estudiantes del Plan fines se repiten: dejaron la escuela cuando eran chicos y empezaron a trabajar. Algunos fueron padres y dejaron de tener tiempo para asistir a clases y años después quisieron volver a estudiar. “Para una madre o un padre con hijos es muy difícil volver a una escuela formal. En Fines nos encontramos con horarios flexibles y profesores que entienden la situación particular de cada uno, por eso es muy importante que no se termine”, sostiene a Página/12 Silvia Martínez, estudiante de primer año del programa. Como muchos de sus compañeros, Silvia comparte mesa de estudio con sus hijos: “Nos sentamos los tres, con mi nena que está en primaria y con el mayor que está terminando el secundario, a veces los ayudo yo y a veces me ayudan ellos a mí”. En otros casos, el plan Fines fue una oportunidad de saldar una deuda pendiente: “Tengo 77 años y este año egreso del secundario. Al principio uno piensa que no va a poder y después se da cuenta que sí”, señala María Luisa Denis, aunque –confiesa– las clases de idioma le costaron un poco más.

En la jornada participaron organizaciones sociales y políticas, que acompañaron a los estudiantes y docentes.

Lo particular del programa Fines es que las clases se plantean según la dinámica de la educación popular. No hay un pupitre y un docente que da una clase magistral, sino conocimientos personales que disparan el contenido curricular. “Si bien tenemos una guía y tratamos temas específicos, nos aproximamos a ellos desde la experiencia y los conocimientos que tiene cada uno. No queremos que el alumno repita como loro un texto, sino que lo comprenda y que el impacto en su vida sea real”, señaló a este diario Verónica Bosco, abogada y docente del programa. Para Bosco, existe un prejuicio muy difundido que cuestiona la calidad de la formación del programa. “Lamentablemente se trata solo de juicios desde la ignorancia, si se acercaran a nuestras clases se darían cuenta que todo el tiempo se vuelve a los contenidos, que además son revisados todos los cuatrimestres y que el programa apunta a nivelar para arriba.”

La iniciativa fue impulsada en 2008 por el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Educación, y brinda la posibilidad de completar la escolaridad obligatoria a jóvenes y adultos que aún no lo han hecho.

Informe: Paz Azcárate.