Jueves, 2 de junio de 2016 | Hoy
SOCIEDAD › LA PROCURACION CREA UNA NUEVA UNIDAD ANTE EL CRECIMIENTO DE LOS CASOS EN LOS ULTIMOS MESES
Alejandra Gils Carbó recreó un equipo que actuó en los primeros años de la década pasada, la época más grave de los secuestros. Inicialmente funcionará durante un año y estará a cargo del fiscal Santiago Marquevich.
La Procuración Nacional pondrá en marcha hoy la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese). El crecimiento exponencial de ese delito en los últimos meses llevó a la procuradora Alejandra Gils Carbó a recrear un equipo que existió en las épocas más graves de los secuestros, en especial a partir de 2001 y hasta después del caso Blumberg, en 2004. El control más estricto de las fuerzas policiales terminó en un ocaso de ese delito y aquella unidad dejó de ser necesaria. Ahora, con el rebrote de los secuestros, la Procuración reestablece la Unidad inicialmente por un año, con otro nombre y con el fiscal Santiago Marquevich –hijo del ex juez Roberto Marquevich– a cargo.
La Procuradora firmará la resolución esta tarde y la Ufese tendrá la función de dar apoyo a los fiscales que lo requieran en los casos de secuestros. En los primeros años de la década pasada se resolvió que los casos de secuestros extorsivos no sólo son materia federal sino que, además, las causas son instruidas por los fiscales federales. En estos casos, los jueces funcionan como jueces de garantías: la investigación está en manos de los fiscales, porque es más rápida y ágil. Esa es la razón por la que en los últimos hechos aparecieron a la cabeza los fiscales Carlos Stornelli, Jorge Sica o en las detenciones de ayer en Mendoza, el fiscal federal Fernando Alcaraz.
La conformación de una unidad especializada permite armar un archivo de las bandas, las modalidades, las zonas donde actúan, las características de los negociadores, los lugares donde cobran los rescates y donde dejan a sus víctimas. Las comunicaciones son una clave y muchísimas veces las bandas cometen errores, como llamar a algún familiar o a su vivienda. Eso permite establecer una punta decisiva de la investigación. Todo indica que habrá un registro de voces de los integrantes de las bandas que se comunican con los familiares y archivos de las cámaras de seguridad.
Según trascendió, la creación de la Ufese está bien vista por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A pesar de las diferencias entre Gils Carbó y Bullrich, hay una buena sintonía en este tema. Más complicada es la relación del ministerio con la Corte Suprema, ya que hay serias quejas por las tardanzas en las escuchas telefónicas desde que las maneja el máximo tribunal. La semana pasada hubo un durísimo cruce entre Bullrich y Ricardo Lorenzetti por las demoras en el caso de un niño de diez años secuestrado en Constitución. En las investigaciones de las privaciones ilegales de la libertad es clave la coordinación entre fiscales, especialistas policiales antisecuestros y el organismo de escuchas telefónicas.
Más allá de esa coordinación, parece cantado que en las investigaciones entra en foco la presencia de efectivos policiales en las bandas. En la desbaratada ayer en Mendoza había ya tres uniformados detenidos en febrero a lo que ahora se sumaron cuatro delincuentes comunes. Cuando las escuchas eran manejadas por el Ministerio Público bajo la dirección de la fiscal Cristina Caamaño, en apenas cinco meses se denunciaron 18 efectivos de fuerzas de seguridad por su participación en secuestros.
Este diario señaló el domingo que la oleada de secuestros se explica por la combinación de factores:
- Empieza a tener influencia la crisis social. Las bandas no son sofisticadas, sino más bien integradas por jóvenes.
- El gobierno de Cambiemos cree en la política de darles más poder a las fuerzas policiales, lo que deriva indefectiblemente en que vuelven a manejar la calle. Por eso aparecen las complicidades entre los secuestradores y los hombres de uniforme.
- Alineado con las estrategias de Washington que pone el narcotráfico por encima de todo, la administración macrista sacó a la Gendarmería de los lugares calientes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Los efectivos fueron enviados a la frontera, supuestamente a impedir el tráfico de drogas y se los sacó de las áreas conflictivas en que los gendarmes eran una especie de control de los policías y viceversa. Las dos fuerzas se desconfiaban y ello impedía en cierta medida lo que está pasando hoy: que los secuestradores transitan casi en libertad por la General Paz, la Panamericana y pasan sin problemas de la ciudad al conurbano y del Gran Buenos Aires a la Capital. Semejante libertad de movimientos es inédita.
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