En la fiscalía federal de Paso de los Libres, una causa por trata para explotación sexual está en instrucción desde 2008, y recién ahora, a ocho años de comenzada y una vez alejado el fiscal Benito Pont, quien renunció mientras la Procuraduría General de la Nación realiza una auditoría, fue requerida su elevación a juicio oral. El hallazgo fue realizado por los equipos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, y del fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, quien señaló a este diario que esa causa de 2008 “tiene tres cuerpos, y una causa de tres cuerpos, como mucho, habitualmente en dos años tiene que estar elevada a juicio oral”.

Además, en el Juzgado Federal de la ciudad, ubicado a unos metros de la fiscalía que regía Pont desde hace tres décadas, pericias ordenadas por la jueza subrogante Cristina Pozzer Penzo establecieron que hubo más de 30.000 “accesos remotos” al sistema informático del lugar, que guarda las causas en trámites. En esas mismas oficinas, los expertos de Gendarmería encontraron cámaras operadas remotamente, que transmitían todo lo que sucedía en el lugar, aunque aún no fue establecido a quién, desde cuándo o por qué.

La causa por trata iniciada en 2008 es un caso “grave”, evaluó en diálogo con este diario el fiscal Schaefer. “En marzo, en lugar de avanzar con la elevación, se pidieron medidas otra vez, sospechamos que para demorar. Y además es notable que recién este año se haya iniciado el trámite para el requerimiento de elvación a juicio, cuando había empezado en 2008. Es una causa que tiene tres cuerpos; y una causa de tres cuerpos, como mucho, habitualmente en dos años tiene que estar elevada a juicio oral”. El fiscal señaló que, a partir del análisis de los informes en la red con la que trabajan las fiscalías, fiscalnet, “quizás surjan otras” causas en situaciones similares. En este caso en particular, la demora afectó la tramitación de una investigación y un juicio por trata para explotación sexual que se inició a partir de la declaración de una víctima, y que “comenzó a moverse ahora, a partir de la auditoría y la investigación de lo que pasaba en la fiscalía”.

Pont, cuya renuncia al cargo se hizo efectiva ayer –la había presentado días pasados a la procuradora Alejandra Gils Carbó– se encuentra en la capital correntina por problemas de salud. Hasta hace poco más de una semana, estaba al frente de la fiscalía cuya oficina dejó cerrada con llave antes de partir, intempestivamente, por licencia médica. Sin embargo, en el marco de su investigación por la causa sobre la banda dedicada a trata y explotación sexual –en la que Pont está acusado, cuanto menos, de encubrimiento–, los equipos de los fiscales Colombo y Schaefer ingresaron en la oficina y dieron con documentación que podría arrojar más luz sobre lo que sucedía en la fiscalía de la ciudad.

En enero, cuando comenzó la causa por la que el fiscal Colombo ordenó allanamientos por trata y explotación, las demás causas investigadas debieron ser mantenidas bajo secreto de sumario, explicó el fiscal Schaefer a Página/12. “Pont, cuando vio que se había hecho un allanamiento, pide la causa, la ve y advierte que está denunciado, por lo que se inhibe pero resuelve designar a otro fiscal”, en lugar de remitir las actuaciones a la fiscalía de Cámara, en Corrientes, contó el funcionario judicial, titular de esa fiscalía de la capital provincial. Ese fiscal a quien Pont quería involucrar rehusó hacerse cargo del expediente, porque debía asumir un cargo como concejal. Entonces fue cuando llegó a Schaefer.

En tanto, la jueza Pozzer Penzo detectó que, luego de que sobre la causa rigió el secreto de sumario, hubo al menos cuatro intentos por acceder al expediente desde una computadora ajena al juzgado. Por ello, puso sobre aviso a los fiscales y resolvió trabajar esa información en equipos no conectados a la red. Desde entonces, las medidas arrojaron resultados y los allanamientos fueron exitosos.

El fiscal Schaefer no descartó que las oficinas de la fiscalía sean objeto de instrusiones similares a las registradas en el juzgado, que está casa de por medio. “No sabemos todavía. Está prácticamente al lado”.