Un centenar de mujeres –102, para ser más exactos–, varias de ellas adolescentes, fueron víctimas de femicidio en la provincia de Buenos Aires desde la primera convocatoria por NiUnaMenos un año atrás hasta la segunda marcha, según reveló el último informe de La Casa del Encuentro. Pero mientras las denuncias y las causas judiciales de mujeres que piden ayuda aumentaron considerablemente en el último año, el Estado sigue sin llegar a tiempo para protegerlas. Las propias estadísticas del Ministerio de Seguridad de la provincia muestran que en el año 2014 se presentaban por día 445 denuncias en las comisarías de la Mujer y la Familia. Actualmente ese número trepó a 600 diarias. “El grave problema que persiste en el territorio bonaerense es que se promovió que las mujeres denuncien sin contemplar luego mecanismos de protección y acompañamiento y políticas integrales que les permitan a las víctimas de violencia construir un proyecto de vida autónomo. Esa lógica no fue interpelada por la nueva gestión provincial”, advirtió a Página/12 Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, desde donde se hace un seguimiento de las políticas públicas en el territorio bonaerense.

Malacalza hizo un repaso de los avances –muy pocos– los retrocesos y las asignaturas pendientes para enfrentar el problema integralmente, desde el arribo de María Eugenia Vidal a la gobernación. Uno de los aspectos más preocupantes, indicó, es que “se han debilitado y/o desmantelado las mesas locales de prevención y atención de la violencia familiar que funcionan en los municipios. El otro grave problema, señaló, es que los operadores judiciales del fuero penal minimizan los hechos denunciados. Y además, sigue habiendo falta de conexidad entre las causas. “En general, una misma mujer realiza varias denuncias por situaciones de violencia intrafamiliar contra el mismo agresor, ya sea por el mismo delito o por delitos distintos. Causas que muchas veces se sustancian en distintos fueros”, indicó.

En la provincia de Buenos Aires existían dos refugios para víctimas en situaciones de emergencia –ubicados en los partidos de Moreno y Ensenada– que se encontraban bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. “Por las pésimas condiciones habitacionales y la falta de equipos profesionales, ambos han sido cerrados en la nueva gestión provincial y aún no se han habilitado nuevos refugios”, agregó Malacalza.

Para la coordinadora del OVG, otras dos asignaturas pendientes, que tienen que ver con el ámbito del Poder Judicial y que son fundamentales para que las causas avancen, es que se garantice el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, se creen nuevos juzgados de familia y se fortalezcan los existentes en la provincia de Buenos Aires, para posibilitar mayor capacidad de seguimiento de las causas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

–Ningún avance concreto en materia de políticas públicas integrales. Sólo luego del NiUnaMenos de 2015, el gobierno provincial abrió nuevas Comisarías de la Mujer, delegando en los municipios el financiamiento de los recursos profesionales e infraestructura. De este modo no se asignaba presupuesto específico y se fortalecía la lógica de la denuncia y del abordaje policial de la violencia. En materia legislativa, con fecha 3 de junio de 2015, la anterior gestión impulsó la modificación de la ley provincial de violencia familiar para adecuar del procedimiento judicial a la ley nacional de violencia contra las mujeres, un cambio legislativo que continuaba reforzando la lógica de la denuncia sin brindar respuestas de abordaje integral.

–Una de las principales medidas tomadas por el nuevo gobierno provincial fue la modificación del organismo de aplicación de la ley de violencia familiar. Ahora el Consejo Provincia de la Mujeres depende de la Secretaría de Derechos Humanos y absorbió el área de género del Ministerio de Desarrollo Social (por ley el Ministerio de Desarrollo social es el organismo de aplicación de la ley de violencia familiar). Esto pone bajo la perspectiva de derechos humanos las políticas de género. Más allá de esta medida, aún no se han hecho públicas las políticas del Consejo provincial. En la Secretaría de Derechos Humanos fue creada una subsecretaría de diversidad sexual y género. Desde el OVG hemos presentado un pedido de reglamentación de la ley de cupo laboral trans vigente en la provincia de Buenos Aires y expresado nuestra preocupación frente a la creciente criminalización del colectivo trans y travestis y las prácticas policiales violentas y abusivas contra la comunidad LGTTBI. Para citar solo dos ejemplos, hemos recibido en los últimos meses en el OVG denuncias por el accionar policial contra la población trans y travestis en la zona roja de La Plata y el conurbano y denuncias por hostigamiento y violencia policial contra representantes de la comunidad homosexual en Mar del Plata y Miramar.

–Se advierte un debilitamiento y/o desmantelamiento de las mesas locales de Prevención y Atención de la Violencia Familiar que funcionan en los municipios. Hay, por lo tanto, un vaciamiento de las políticas fundadas en los abordajes territoriales locales en los que convergen actores públicos y organizaciones de la sociedad civil. Si bien la creación de estas mesas locales responde a una definición de la autoridad municipal, es central la responsabilidad de la autoridad provincial en su sostenimiento y consolidación. Desde el OVG hemos señalado reiteradamente que es una prioridad acompañar y fortalecer con recursos humanos y presupuestarios a las Mesas Locales. Por otro lado, el Consejo Provincial de la Mujeres en la actual gestión no ha vuelto a convocar la Mesa Provincial Intersectorial que actualmente reúne a las carteras de Salud, Cultura y Educación, Derechos Humanos, Justicia, Seguridad, a la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia. Este es un espacio fundamental para la definición y articulación de políticas públicas integrales en la provincia.

–Además de reclamar que la Mesa Provincial Intersectorial vuelva a convocarse y funcione regularmente, el OVG promueve la incorporación del Ministerio de Infraestructura y del Ministerio de Trabajo para que se definan políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda, al empleo y al trabajo formal de las mujeres víctimas de violencia. Es preciso favorecer desde el ejecutivo provincial el acceso a créditos para la construcción y adquisición de vivienda única y familiar, fomentar la inclusión en planes federales provinciales o municipales de viviendas en calidad de adjudicatarias, considerarlas principales beneficiarias de crédito bancarios para la adquisición de las mismas, establecer su participación prioritaria en planes de autoconstrucción de viviendas. En el mismo sentido deben comprometerse los gobiernos municipales.

–Algunos municipios de la provincia han habilitado refugios en lo últimos (Mar del Plata, Pergamino, General Pintos, entre otros), pero atienden solo a las mujeres que viven en esos lugares y no permiten el ingreso de otras que provengan de otras ciudades de provincia. Por eso es importante contar con nuevos refugios provinciales para atender las situaciones de urgencia. Insistimos en señalar que los refugios para mujeres víctimas de violencia son respuestas provisorias y a corto plazo frente a la problemática de las víctimas sin vivienda o en período de espera hasta el dictado de las medidas de protección. No es posible considerar la creación o el acceso a refugios como la única política pública que resuelva las dificultades de acceso a la vivienda de las mujeres que atraviesan situaciones de violencias. Un punto fundamental es sostener con partidas presupuestarias adecuadas el abordaje territorial a través de la Mesas locales.

–Una de las mayores dificultades que encuentran las mujeres que han presentado denuncias penales por las situaciones de violencia es el acceso al patrocinio jurídico gratuito. Cuando las situaciones de violencia intrafamiliar se tramitan en Juzgados de Familia o Juzgados de Paz, en muchos casos se exige contar con patrocinio legal para dictar una medida de protección. Y cuando se dicta una medida de protección resulta una práctica habitual que el juzgado le entregue el oficio a la denunciante para que sea ella quien lleve las notificaciones a la comisaría correspondiente al domicilio del agresor denunciado y la notificación a la dependencia policial de su barrio. Pero las medidas de protección no son garantizadas por el personal policial como ha quedado evidenciado reiteradamente en numerosos casos de femicidios. Una de las mayores dificultades que existen, además, es la falta de articulación entre los distintos procesos judiciales que se inician por varias denuncias de una misma víctima de violencia. Por ejemplo, en un juzgado de familia se dictó una medida de protección por violencia familiar, en otro juzgado se ordena un régimen de visita y en otra causa judicial se resuelve la tenencia de la vivienda. En la mayoría de las veces estas causas se tramitan sin tener en cuenta los antecedentes de violencia. Por otro lado, están las dificultades de articulación entre el Poder Judicial con el Ejecutivo. Muestra de ello es la cantidad de mujeres que han sido asesinadas que tenían dictadas medidas de protección y no hubo un organismo público que pudiera controlar esas cautelares. Entendemos que el dictado de resoluciones, capacitaciones específicas y obligatorias, seguimiento de las políticas implementadas, sistematización de jurisprudencia, la elaboración de protocolos de actuación y articulación entre el ámbito judicial y el gubernamental son indispensables para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia e institucionalizar de ese modo la perspectiva de género en la administración de justicia.

–Sin dudas, y el fortalecimiento de los existentes en la provincia de Buenos Aires, que posibiliten mayor capacidad de seguimiento de causas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Pero sobre todo la creación de un sistema unificado de violencia contra las mujeres compartido por los distintos fueros del Poder Judicial con el Ejecutivo provincial. El otro problema grave es la falta de conexidad. En general, una misma mujer realiza varias denuncias por situaciones de violencia intrafamiliar contra el mismo agresor, ya sea por el mismo delito o por delitos distintos. Causas que muchas veces se sustancian en distintos fueros. Actualmente, las causas sin tramitan sin conectarse entre sí.

Unas 150 mil personas reclamaron contra los femicidios el viernes pasado.