Con los pañuelos verdes al cuello, dirigentes de la Campaña presentaron el proyecto junto a diputados y diputadas.

Con el apoyo de diputadas y diputados de un amplio arco político, se presentó ayer en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) elaborado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La iniciativa, que consagra como un “derecho humano” la IVE en las primeras 14 semanas de gestación, comenzará a tratarse en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en septiembre, según adelantó a Página/12, su titular Carolina Gaillard, del Frente para la Victoria. Con los pañuelos verdes al cuello, más de una veintena de legisladores de diferentes bloques –de la izquierda al PRO– junto a integrantes de la Campaña, acompañaron la presentación, que viene repitiéndose desde el año 2007, cada vez que pierde estado parlamentario el proyecto. Victoria Donda, de Libres del Sur, y quien lo encabeza con su firma, abogó por que finalmente el debate por la legalización del aborto pueda darse en el recinto, incluso más allá del resultado de la votación, y dio el ejemplo de Uruguay, que recién en el tercer intento logró en 2012 la sanción de la despenalización de la IVE. A su turno, Sergio Wisky, de Cambiemos –uno de los seis integrantes del PRO que firmaron el proyecto– planteó que el tema había sido discutido en el Interbloque y que se resolvió dar libertad de conciencia. “Los que trabajamos en salud vemos las consecuencias prácticas de negar este derecho de las mujeres, que lo reconoce la Constitución Nacional. Es un derecho para la construcción de ciudadanía”, agregó.

“Esta iniciativa cuenta con el apoyo de más de 350 organizaciones sociales y políticas, y con la firma de 38 diputadas y diputados de distintos bloques políticos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha considerado en un reciente fallo que el aborto es un derecho humano, un derecho básico de toda mujer y como tal debe ser respetado por los Estados. Es importante como sociedad que nos demos un debate serio y maduro sobre un hecho que sucede: el aborto clandestino se cobró la vida de 3000 mujeres desde la vuelta de la democracia y es la principal causa de muerte materna en Argentina”, sostuvo Donda.

La conferencia de prensa, en la Sala 2 del Anexo de Diputados, fue abierta por Julia Martino, de la Campaña. Afuera, frente al Congreso, una radio abierta y un festival artístico acompañaron la movida legislativa. Marta Alanís, integrante también de la Campaña, y activista de Católicas por el Derecho a Decidir, punteó los cambios que se introdujeron en el texto, que se aggiornó –tal como adelantó este diario–a la luz de las reformas del Código Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, entre otras normativas (ver aparte). A continuación, un legislador de cada bancada (LdS, FpV, UCR, PS, PRO, PO, FTS) fundamentó su respaldo. Después de Donda, Gaillard hizo un mea culpa y consideró que “los diputados y senadores nacionales estamos en falta. El Estado ha Estado ausente todos estos años para garantizar el aborto legal seguro y gratuito, y desde el Poder Legislativo somos responsables por omisión de todas las muertes que se han producido a causa de los abortos clandestinos. La clandestinidad mata, por eso creemos que el aborto constituye un tema de salud pública donde el Estado debe estar presente y garantizar la seguridad de todas las mujeres”. Gaillard confirmó a este diario que la iniciativa será incluida en el temario de la Comisión de Salud, para comenzar su discusión en septiembre. “Tenemos que reducir la mortalidad materna y consideramos que la legalización del aborto es clave para que nuestras mujeres, especialmente las más humildes que no tienen donde realizarse un aborto seguro, puedan hacerlo sin un Estado coactivo, que hace que hoy jóvenes como Belén estén detenidas, privadas de su libertad en la provincia de Tucumán por responsabilidad del Poder Legislativo que no legisla en esta materia, por responsabilidad de los médicos y profesionales de la salud que no se hacen cargo de la situación existiendo el protocolo para su actuación en los casos de aborto no punible; y responsabilidad del Poder Judicial por no aplicar la ley en los casos de aborto no punible. Debe debatirse ya, dejar la hipocresía de lado y no esconder más la mugre bajo la alfombra porque los abortos existen”, destacó Gaillard. Por la Campaña también tuvieron la palabra la abogada de Belén, Soledad Deza, que remarcó que la joven lleva presa en una cárcel 832 días, y Analía Bruno, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que remarcó que la ley la necesitan las mujeres y también los médicos que realizan abortos.

Donda espera que el proyecto también tenga giro a la comisión de Derechos Humanos y Garantías, que ella preside, ya que el primer artículo del proyecto lo enmarca por primera vez como un tema de derechos humanos. Dice: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. Deberá pasar por otras dos comisiones, Legislación Penal, que encabeza la radical María Gabriela Burgos, de Jujuy –que no lo firmó– y que siempre ha resultado la más esquiva a respaldarlo, y Familia, Mujer y Niñez, a cuya presidencia acaba de renunciar el diputado de Cambiemos Julián Dindart, tras haber afirmado que “todas las mujeres que reciben la asignación por hijo buscan tener algún otro para tener un poco más de dinero”. Dindart también se oponía al aborto no punible. Donda está impulsando, junto a otras diputadas de diferentes bloques, que esa comisión se desdoble en Familia por un lado, y Mujer y Niñez, por otro, con la intención de poder ubicar a alguna aliada en su conducción, que empuje la discusión del tema. La expectativa es que pueda llegar al recinto el año próximo.

Durante la conferencia de prensa estuvieron también las presidentes de bancada Margarita Stolbizer, de GEN, y Alicia Ciciliani, del PS, dos legisladoras que históricamente han apoyado la propuesta de la Campaña, Graciela Cousinet y Federico Masso, de Libres del Sur; Soledad Sosa, del PO; Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Remo Carlotto, de Peronismo para la Victoria, Carla Carrizo, de la UCR, Juan Carlos Villalonga y Daniel Lipovetzky, del PRO, y Cecilia Moreau, de UNA, y Silvia Risko, del Frente de la Concordia Misionero, reciente desprendimiento del FpV, entre otras diputadas y diputados. También estuvieron en la presentación, referentes de organizaciones de derechos humanos como el CELS, Amnistía Internacional, la APDH y otras entidades como la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto se destaca que en 2015, el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año”. En 2014, murieron como consecuencia de un aborto inseguro, 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012, según las estadísticas oficiales.