La Municipalidad de La Plata, que no tomó medidas efectivas para impedir la realización de una multitudinaria fiesta de Año Nuevo en la que murió la joven Emilia Uscamayta Curi, ahora intervino para prohibir un festival organizado por familiares y amigos de la víctima para reclamar justicia al cumplirse seis meses de lo ocurrido. Ante la resolución tomada por el intendente platense Julio Garro, de Cambiemos, la Asamblea Justicia por Emilia expresó su repudio a una resolución a la que consideran “otra muestra más de desprecio y desinterés por la vida de Emilia y porque se llegue a impartir justicia, sobre todo teniendo en cuenta que funcionarios de Control Urbano” del municipio “están siendo acusados por la familia Uscamayta como responsables del hecho de corrupción que se llevó la vida de Emilia”, en referencia a la sospecha de que hubo un “arreglo”, coima mediante, entre los organizadores de la fiesta ilegal y autoridades municipales que hicieron posible la realización del evento sin tomar recaudos para darle una cobertura de seguridad a los miles de asistentes.

La Asamblea, por medio de un comunicado al que tuvo acceso Página/12, recalcó que “paradójicamente (los funcionarios) pueden suspender un festival de pedido de justicia” por la muerte de Emilia en una pileta en la que no había guardavidas, al cumplirse seis meses del hecho, pero el 1º de enero “no pudieron suspender la realización de la fiesta que no estaba autorizada, que era ilegal y que le costó la vida” a la estudiante de periodismo de 26 años.

Los integrantes de la Asamblea reclamaron “cárcel y castigo a los empresarios organizadores de la fiesta, homicidas de Emi, y a las autoridades municipales involucradas”.

El festival “Justicia por Emilia” debía realizare el sábado pasado, entre las 12 y las 18, en el Playón del Reloj, en 14 y 521, al lado del distribuidor de la autopista La Plata-Buenos Aires. La prohibición del acto, decidido por el intendente Garro, fue comunicada a los familiares de Emilia por el director de Espacios Públicos, Marcelo Dimola, quien argumentó que “no se habilitaba el espacio por no poder garantizar personal para la realización del evento”.

Si bien el sábado los familiares de Emilia se hicieron presentes en el lugar donde se iba a realizar el festival, la actividad no se realizó. De este modo, la familia de la víctima tuvo una actitud totalmente opuesta a la de los organizadores de la fiesta en la quinta privada San Cayetano, donde algunos empleados municipales se apersonaron, en la madrugada del 1º de enero, para recordarles que el evento no había sido autorizado. Sin embargo, la fiesta continuó y Emilia murió ahogada en una pileta que no contaba con las mínimas medidas de seguridad.

La Asamblea Justicia por Emilia señaló que, al principio, les habían informado que el festival podía realizarse, pero con posterioridad llegó la comunicación oficial sobre la prohibición. Esto se produce a seis meses de un hecho cuya investigación está virtualmente parada. La familia de la víctima han cuestionado la investigación a cargo del fiscal Alvaro Garganta, a quien señalaron como un hombre cercano al intendente Julio Garro. Lo que se cuestiona es que la investigación está acotada a demostrar la responsabilidad de los organizadores de la fiesta, que no contaba con habilitación municipal, sin tomar en cuenta por ahora las denuncias que hablan de un “arreglo” bajo cuerda, mediante el pago de 20 mil pesos. Eso fue lo que llevó a que no se realizara el operativo que debía haberse hecho para desalojar la quinta de Melchor Romero –en 520 entre 159 y 160–, para ponerle fin a una reunión de Año Nuevo de la que participaron unas seis mil personas.

El fiscal Garganta imputó por “homicidio culposo” al dueño del predio, Carlos Bellone; al empresario y militante del PRO, Raúl “El Peque” García, que aparece en fotos posando con Garro, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonarense María Eugenia Vidal; al empresario platense Santiago Piedrabuena, y al relacionista público Gastón Haramboure, el único que está detenido, pero por violar la prisión domiciliaria que le había aplicado la Justicia por su participación, en el año 2009, en el homicidio de un joven. Por ese hecho, a Haramboure le aplicaron una condena a diez años de prisión.

La familia de Emilia cuestiona que el fiscal Garganta no haya avanzado por ahora en lo que respecta al rol que jugaron las autoridades municipales que incumplieron la resolución que ellos mismos habían adoptado a fines del año pasado y que prohibía expresamente la fiesta de Año Nuevo, denominada “La Frontera”, que se hizo en la quinta San Cayetano de Melchor Romero. Uno de los funcionarios bajo sospecha es el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Martínez Garmendia, a quien se lo señala como amigo de Piedrabuena. El juez de Garantías platense César Melazo, que estuvo en la fiesta, señaló a Martínez Garmendia como el funcionario que “autorizó” una fiesta oficialmente prohibida.

Otros testigos que se presentaron en la causa dieron cuenta de la pasividad con la que habría actuado el secretario de Seguridad de La Plata, Daniel Piqué. El funcionario tuvo una conversación telefónica con uno de los testigos y durante ese contacto, por wathsapp, Piqué le dijo que iban a “ubicar móviles” en los alrededores de la quinta porque la fiesta “pinta para descontrol”. En los hechos, el municipio no hizo lo necesario para cumplir con su propia decisión de no autorizar la realización del evento que terminó en tragedia.