La Legislatura porteña se apresta a tratar una proyecto de ley que permite el bloqueo de aplicaciones y de dominios web ante una simple investigación contravencional. El proyecto, presentado por el legislador Daniel Presti (PRO), modifica el artículo 18 de la Ley 12 de procedimiento contravencional, y podría ser tratado mañana en el recinto, porque ya fue aprobado por la mayoría de los bloques en la Comisión de Justicia.

La modificación plantea en su inciso “e” que tanto las autoridades preventoras como el o la fiscal a cargo pueden proceder a la “suspensión o bloqueo del servicio de Internet” cuando presuman que “conductas (...) realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información ‘Internet’ o cualquier otro medio de comunicación” impliquen contravenciones. En ese caso, “se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de ‘Internet’ bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o (que) produzca sus consecuencias dentro de ésta”.

Organizaciones especializadas en Derechos Humanos aplicados a las tecnologías e instituciones académicas alertaron por las implicancias que tendría la ley de ser aprobada.

Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, dijo que la norma está reñida con la Constitución, que en el artículo 75 inc. 13 reserva a la Nación la regulación del comercio interjurisdiccional, lo que incluye a las comunicaciones. Busaniche aclaró: “hay una desproporción en la respuesta que se pretende dar frente a una posible contravención, ya que ante una simple sospecha la autoridad preventora encargada de la aplicación, que es muy ambigua, podría bloquear dominios Web o incluso a la persona, algo que en este último caso, tampoco queda claro como se aplicaría”.

Por su parte, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) planteó que la norma “generaría una grave vulneración respecto a derechos humanos consagrados en la Argentina, entre otros, la libertad de expresión de los usuarios, así como el derecho a ejercer toda industria lícita por parte de las empresas que ofrecen los servicios que se puedan ver afectados mediante este tipo de medidas”.

Por otra parte, bajo la consigna “No al proyecto de censura de Internet en Argentina”, un petitorio propuesto en la plataforma change.org por el Centro de Tecnología y Sociedad (Universidad de San Andrés), el Centro Para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información (Universidad de Palermo), Acces Now, Martín Becerra (Universidad de Quilmes) y la Fundación Vía Libre había reunido hasta anoche más de 16.000 adhesiones. “Seguramente escuchaste que en China, Rusia y otros países se bloquean sitios de Internet, o no se pueden usar determinadas aplicaciones, violando claramente derechos humanos básicos como la libertad de expresión o el acceso a la información. Este tipo de medidas son extremas y sólo pueden ser tomadas por un juez y en casos excepcionales” señala el texto de la convocatoria, que también dirige una carta a Presti.

Las organizaciones resaltaron que el proyecto, al permitir bloquear contenidos de Internet por “presuntas conductas” cometidas utilizando “otros medios de comunicación”, afectaría gravemente a la libertad de prensa protegida por la Constitución y que la aplicación, por la complejidad técnica de Internet, sería imposible sin afectar a terceros.