La Justicia federal procesó al cura responsable de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, de Alta Gracia, y a tres arquitectos de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) haber causado “daños irreparables” al templo –que en 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco– durante obras emprendidas para instalar un sistema de calefacción. De acuerdo con el juez federal Ricardo Bustos Fierro, los informes de organismos, autoridades y especialistas en monumentos históricos permiten acreditar la responsabilidad como coautores del cura Marcelo Siderides y los arquitectos Melina Malandrino, Pedro Cufre y Juan Pablo Orozco, miembros del Instituto “Marina Waisman”,de la UCC, del delito de “daño agravado por cometerse en perjuicio de un bien de uso público y monumento de carácter histórico”.

Durante las obras cuestionadas, y que fueron detenidas de manera definitiva en febrero de 2012 por orden de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, resultó destruido el solado de la iglesia, y los restos óseos “allí sepultados desde tiempo inmemorial” terminaron entre escombros, con los que sirvieron como terreno de una cancha de fútbol del barrio Liniers.

El juez Bustos Fierro consideró que el cura Siderides es “responsable de la contratación de los profesionales idóneos, dueño de la obra y encargado de velar por su integridad como Patrimonio Cultural y de cualquier consecuencia gravosa que pudiera resultar de las tareas de restauración”. A la arquitecta Malandrino, directora del instituto de la UCA y autora del proyecto de restauración, la sindicó como “responsable como tal de la conservación, dirección y puesta en práctica de la aplicación de las técnicas adecuadas para llevar adelante el proyecto mencionado”; además, la profesional “habría ejercido ilegalmente su profesión de arquitecta” porque no estaba “debidamente matriculada en el Colegio de Arquitecos” provincial. En tanto, los arquitectos Cufre y Orozco fueron señalados como responsables también de la dirección y realización del Proyecto de Restauración que causó un daño permanente al templo.

El cura Siderides quería instalar un sistema de calefacción por losa radiante bajo el suelo de la iglesia, y presentó a la Comisión un proyecto pero “aportando sólo documentos parciales” y sin develar la totalidad de la propuesta.

Como parte de la obra, “se provocó la destrucción del Solado Histórico subyacente, es decir, se destruyeron los ladrillones que estaban colocados en la totalidad del suelo del interior de la Iglesia, los que más allá de pertenecer o no a la época Jesuítica, eran históricos, auténticos y formaban parte de la Iglesia en su totalidad y como tales constituían su Patrimonio Histórico y Cultural”. La excavación, afirmó el juez en su resolución, tras escuchar a distintos expertos, fue “asistemática, burda y torpe”, algo especialmente grave “teniendo en cuenta que los arquitectos que coordinaban la obra sabían que estaban interviniendo un bien que cuenta con la declaración de patrimonio mundial”. En las obras, se abrieron “dos zanjas (...) desde la puerta de ingreso hasta el altar y donde se habían exhumado restos óseos humanos, enteros y fragmentados, extraídos a pala y pico”; un experto declaró que los vio “desparramados y entremezclados con los sedimentos de dicha zanja”. Esos restos y los escombros fueron retirados por una empresa de contenedores, que los llevó para rellenar una cancha de fútbol y luego informó al cura Siderides acerca de la aparición allí de huesos. La respuesta del religioso fue protestar porque no los habían tirado en un basural, y luego cambiar de empresa de contenedores.