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La seguridad es una cuestión política. Y no porque el oportunismo de algunos haga de ese tema un recurso para obtener réditos políticos, sino porque en democracia la seguridad está indisolublemente ligada a vigencia de derechos y a la calidad de vida de las personas. Seguridad, derechos y ciudadanía forman parte de una trilogía que resulta inseparable en democracia. Un concepto no puede separarse del otro porque hacerlo supone dejar de mirar el sujeto, al ser humano, en su integralidad. Y esa complejidad del sujeto social tiene que servir también para analizar los recientes debates sobre “justicia por mano propia” que, lamentablemente, han sido también apañados de forma más o menos subrepticia por referentes del gobierno de la alianza Cambiemos y potenciado por un sistema de medios y periodistas “carroñeros” que actúan sobre el tema sin responsabilidad y sí con mucha morbosidad.

De parte del Gobierno es una demostración de incapacidad en la propia gestión, en primer lugar, pero también la exteriorización de una peligrosa perspectiva político-ideológica que tiende a dejar la justicia liberada a lo individual, a la mano propia. También como una manera no menos grave que tienen los gobernantes de no hacerse cargo de responsabilidades que se adjudican indeclinablemente desde el momento que asumen la gestión del Estado.

El derecho a la seguridad surge de la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad de las personas en los términos del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (“todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”) y del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”). Cuando el Gobierno a cargo del Estado resigna estas obligaciones para dejarla en manos de cada ciudadano está cometiendo una grave omisión política y alimentando riesgosamente el campo de las venganzas por mano propia.

Y no se trata, por cierto, de respuestas de mano dura o de represión. Por el contrario. Es preciso asumir la cuestión de la inseguridad en el marco de la complejidad, para entenderla en el contexto de la calidad de vida como un valor ciudadano, político y que la da sentido al sistema democrático.

El 31 de diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe temático sobre “Seguridad ciudadana y derechos humanos”. Allí se entiende que la seguridad ciudadana debe recoger la “vinculación permanente entre seguridad de las personas y convivencia democrática” dado que existe una relación indisoluble “entre seguridad de las personas y convivencia democrática” pues “la comisión de delitos es solamente una de las tantas formas de violencia que en la actualidad afectan a las personas que viven en la región (en concreto, el delito hace referencia solamente a las formas de violencia tipificadas en los ordenamientos jurídico-penales), lo que obliga un abordaje integral de la problemática en estudio, de la que se deriven acciones de prevención y control de diferente naturaleza, y que involucren, en su ejecución, también a diferentes actores del sector público y de la sociedad civil”.

Previo a cualquier consideración habría que recordar, sin embargo, que “la seguridad” fue una de las promesas de campaña del PRO y de Cambiemos. En tiempos electorales se habló de mágicos recursos y capacidades que modificarían radicalmente el escenario de la seguridad ciudadana apenas asumido el nuevo gobierno. No sucedió. Porque Cambiemos mintió como lo hace en tantos otros rubros y temas, pero sobre todo porque lo prometido es imposible. La seguridad es un tema aún sin resolución en la mayoría las sociedades del mundo, aun en las más ricas. Y es una cuestión que no puede aislarse de la complejidad político-social-económica-cultural del contexto capitalista contemporáneo en que vivimos. Seguridad no está al margen de concentración de la riqueza, de marginación, de racismo, migración ilegal, carencias educativas, sectarismo, y una larga lista de males que afectan a la sociedad actual.

Pretender entonces una solución para “la seguridad” mientras se insiste en recetas que atentan contra la dignidad de las personas (léase restricciones económicas, sociales o culturales) es, una vez más, tomar la parte por el todo y no reconocer que las soluciones requieren integralidad o no son tales.

La seguridad no es una cuestión individual, es colectiva, es social, es política. No está aislada del conjunto de las soluciones en la sociedad ni de las medidas que se tomen en cualquier sentido. Restringir todo a una cuestión de víctimas y victimarios es reducir la mirada para agravar el problema.