El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, finalmente, retiró ayer el pliego de Nicolás Muse Chemes para ocupar el cargo de juez de Cámara de la capital provincial, luego de que organizaciones de mujeres lo impugnaran, y legisladoras y legisladores de la oposición objetaran su candidatura por fallar en contra de los derechos de las mujeres y las niñas. “Siento una enorme satisfacción porque ese juez era número puesto. No se esperaba que grupos de mujeres puedan estar atentas y pedir rendición de cuentas. Tampoco que nuestras quejas pudieran tener algún impacto. Espero que esto sea un alerta para otros funcionarios judiciales que vean que la ceguera de género tiene costos”, destacó a este diario la abogada Susana Chiarotti, integrante del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), dos de las ong que presentaron la impugnación a la postulación del candidato del gobierno.

“El reclamo contundente hizo reflexionar al Ejecutivo. Una pena que haya sido tan tarde el retiro del pliego”, observó el diputado del Frente para la Victoria, Luis Rubeo (h). En diálogo con Página/12 la diputada Alicia Gutiérrez, del Partido SI (Solidaridad e Igualdad) y presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, destacó la acción articulada entre ongs y legisladoras de distintas bancadas para evitar que fuera ascendido, cuando sus antecedentes son lapidarios.

El miércoles, Muse Chemes tuvo que responder preguntas en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina, como parte del procedimiento que tienen que atravesar los candidatos propuestos por el Ejecutivo para ocupar distintas vacantes en la Justicia. “Sus respuestas no fueron satisfactorias frente a los cuestionamientos en relación a sus resoluciones judiciales”, señaló Gutiérrez. Integraba la terna como aspirante al cargo de Juez de Cámara de Apelación Penal de la I Circunscripción judicial. Un día después, el Ejecutivo retiró su pliego.

Muse Chemes sigue en la Justicia: actualmente se desempeña como juez de Sentencia de la localidad de Vera, al norte de la provincia. En uno de los casos más emblemáticos por el cual fue objetada su postulación, absolvió a un hombre acusado de violar reiteradamente a sus hijas durante varios años, tal como informó este diario. Las víctimas no sólo sufrieron los vejámenes sino también, en uno de los casos, embarazos y abortos forzados. En ese fallo, el candidato propuesto por el Ejecutivo sostuvo, por ejemplo, que las niñas abusadas eran fabuladoras y que habían inventado la denuncia para escapar al control paterno. Por esa sentencia, del 14 de marzo de 2012, la provincia de Santa Fe fue denunciada internacionalmente y llegó este año a un acuerdo para reparar el daño causado a la denunciante y que no se repitan situaciones similares. Por esa razón, resultaba tan insólito que pretendieran premiarlo con un nombramiento más alto.

“No es un mérito del Ejecutivo haber tomado la decisión de retirar el pliego, lo natural hubiera sido en primer lugar no enviarlo y en segundo lugar hacer un jury de enjuiciamiento por ser responsable de la liberación de un padre acusado de violar reiteradamente a sus hijas”, objetó el diputado Rubeo.

Durante el interrogatorio en la comisión bicameral, se le preguntó por esa causa y también por su cuestionada actuación en la investigación del asesinato de una mujer trans ocurrido el 29 de marzo de 2013, y en otro expediente, en el que una empleada judicial estaba acusada de promover y facilitar la corrupción de menores, en su casa, adonde, según se denunció, llevaba a niñas de 12 a 16 años y las ofrecía a hombres adultos, entre los que habrían estado encumbrados personajes del Poder Judicial local. También en ese caso, sobreseyó a la imputada con el fundamento de que no había pruebas suficientes.

La denuncia contra el padre fue realizada por una de sus hijas, identificada por sus iniciales, C.E.R, en la ciudad de Reconquista, en 2011. En ese momento, ella tenía 19 años. Recurrió primero a la Defensoría del Pueblo local, pero no obtuvo respuesta. Quedó sola y sin patrocinio jurídico. El fiscal que tomó su denuncia no pidió las medidas pertinentes para probar el delito que ella –y tres hermanas– habían sufrido y el juez Muse Chemes sobreseyó al acusado, en un fallo con fundamentos cargados de prejuicios sexistas. Alarmadas frente a esa sentencia impune en una zona donde la impunidad es una epidemia, Insgenar junto a Cladem denunciaron el caso ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw, por su sigla en inglés). El 5 de noviembre de 2013 el Comite Cedaw anunció que había admitido el caso. A partir de esa instancia, se conformó una Mesa de Diálogo, y tras un año y medio de negociaciones se llegó a una “solución amistosa” entre las autoridades provinciales y las organizaciones, por la cual el Ejecutivo se comprometió a cumplir “una agenda de reparaciones tanto individual para C.E.R, como de garantía de no repetición de situaciones similares”, contó a este diario Milena Páramo Bernal, coordinadora nacional de Cladem Argentina. “Lo que le sucedió a CER no lo podemos tolerar, como tampoco que mujeres como ella no puedan acceder a la justicia por jueces como Muse Chemes”, agregó.