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El pasado 24 de septiembre, a las once de la noche, Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro fueron atacados salvajemente por una patota de la Prefectura Naval. Los torturaron física y psicológicamente con golpizas reiteradas, con insultos y gritos racistas, los hicieron realizar ejercicios propios de la colimba y simularon un fusilamiento. En este momento hay siete prefectos detenidos, pero obviamente sería absurdo suponer que esto es obra de un grupo de locos sueltos o descarriados.

El mismo fin de semana, el albañil Víctor González fue asesinado mientras estaba con amigos en la esquina donde se juntan siempre, en el barrio La Catanga en el partido de Gral. San Martín; varios patrulleros de la Bonaerense abrieron fuego contra supuestamente autores de un hecho anterior, con el cual Víctor y quienes estaban con él nada tenían que ver. Días después hubo una masiva marcha de vecinos de San Martín acompañada por referentes sociales y políticos, pero todavía no hay ningún detenido. La familia del chico fallecido en el primer hecho marchó junto a los familiares de Víctor González.

Similar a lo ocurrido hace pocos meses con Cristian Orellana en el Bajo Flores, que murió cuando miembros de la Policía Federal abrieron fuego de manera criminal, contrariando la ley, los protocolos y el sentido común, en medio de una persecución. El juez Baños que instruye la causa, dijo que el policía Juan González actuó bien porque estaba “defendiendo la seguridad pública”. Así lo escribió al momento de sobreseer a González.

En el Bajo Flores fue muerto en similares circunstancias en diciembre pasado Pablo Reynaga, y en esta última semana el jóven Jorge Trigo. En el último año vimos también a la Gendarmería disparar a mansalva contra una murga y al agente de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala, disparar tres tiros a menos de dos metros de distancia contra Lucas Cabello.

Estos hechos son solo algunos de los que suceden todas las semanas en todo el país. Los más espectaculares (por sus consecuencias trágicas, porque son filmados, porque las víctimas forman parte de entornos con capacidad de denuncia y difusión del hecho) son los que llegan a conocimiento público. Pero los menos “espectaculares”, aquellos que moldean la vida cotidiana de los jóvenes trabajadores de los barrios populares de todo el país, son la rutina cotidiana que viene a instalarse en el imaginario social del país de los CEOS.

La violencia institucional-policial despliega su estrategia central en la naturalización de prácticas como el hostigamiento, las razzias, los verdugueos, las vueltas en patrullero, el armado de causas, las detenciones por averiguación de antecedentes, resistencia a la autoridad o por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

En la etapa actual la legitimación y jerarquización del accionar violento de las fuerzas policiales por parte del poder político y judicial, viene de la mano del impulso del CEO-gobierno a la represión de la protesta social. Las mismas fuerzas de seguridad que son legitimadas para hostigar la vida cotidiana en el espacio público, son las que deben reprimir las manifestaciones de protesta.

El gobierno nacional acompaña su política económica con la estrategia de criminalización de los trabajadores: para los que viven en los barrios más pobres, policías que abren fuego indiscriminadamente; para los trabajadores de la economía popular, detenciones arbitrarias, retenciones, apertura de causas, robo de pertenencias; para los trabajadores formales, protocolo antipiquetes.

Esta violencia que tiene el objetivo político de disciplinar la experiencia vital de millones de compatriotas, fundamentalmente jóvenes, hoy tiene quiénes la enfrenten, con mucha más organización que en otros tiempos. Pero aún necesitamos de más pueblo, de más sindicatos, de más movimiento social. La patria nos necesita vivos y libres, jamás muertos ni esclavos. Hacer justicia, oral y pública, por todos y cada unos de los casos de violencia institucional no sólo es urgente, sino indispensable para vivir cada uno de los días que vienen.

* Abogados en causas de violencia institucional.