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La Justicia porteña negó a una mujer el reconocimiento de derechos sobre un departamento en el que vive hace seis años, luego de que falleciera su propietario. La mujer había pedido que se suspendiera la orden de desalojo que pesa contra ella y que le sean reconocidos sus derechos a vivir allí por ser mapuche. Sin embargo, el juzgado Nº 18 rechazó el pedido y señaló que el derecho de los pueblos originarios sobre la tierra no tiene relación con la permanencia en un inmueble declarado herencia vacante.

El juez porteño Marcelo López Alfonsín rechazó la acción de amparo en la que una adulta mayor pedía a la justicia porteña que detuviera el desalojo. La mujer alegó ser integrante de la comunidad mapuche en Buenos Aires, y dijo que el lugar es concurrido por otros miembros de ese colectivo. Explicó que comenzó a vivir allí para realizar tareas domésticas y atender al dueño del lugar durante la enfermedad; antes de morir, aseguró, él le dijo que el departamento quedaría para ella.

El juez López Alfonsín indicó que, ante el juicio por sucesión vacante, la justicia nacional dictó la orden de desalojo, algo que fue avalado luego por la Cámara de Apelaciones. Por eso, el pedido implicaría ordenar “suspender la decisión de otro juez en el marco de un expediente en el que el suscripto carece de competencia”.

Además, detalló, que allí “se realicen actividades en pro del bienestar del pueblo mapuche o se albergue circunstancialmente a personas necesitadas de alojamiento, no pasa el mínimo tamiz de las meras invocaciones y mucho menos resisten lógicamente una vinculación de carácter jurídico con el deber histórico de reparación hacia esos pueblos por parte del Estado Argentino, ni atisbo alguno de poder conectar que una decisión judicial de desalojo (...) sea la continuidad de la conquista del desierto o del proceso ‘Pacificacion de la Araucaria’”.