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Romina Tejerina, la chica de 20 años que mató a su bebé fruto de una violación instantes después de haber dado a luz, fue procesada, con prisión preventiva, por “homicidio agravado por el vínculo”, a pesar de los reclamos de organizaciones de mujeres y de derechos humanos de todo el país pidiendo su liberación, y de las pericias que constan en la causa que certifican el estado de shock en el que habría actuado la joven. Su abogada, Mariana Vargas, adelantó ayer a Página/12 que apelará la decisión del juez de la localidad jujeña de San Pedro, Argentino Juárez. El magistrado demoró once meses en tomar una decisión sobre la situación procesal de Tejerina. “El juez ni siquiera menciona en el fallo el abuso sexual sufrido por Romina. Sólo se transcribe la declaración de la joven”, objetó Vargas. El 23 de febrero, a un año del arresto de Romina, están previstas marchas en distintas ciudades para pedir por la libertad de la joven, cuyo caso es considerado ya como un símbolo de la violencia contra la mujer.
Agrupaciones de mujeres y de derechos humanos no tardaron en hacerse oír después de conocer la resolución del juez. La abogada y directora de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Storani, opinó que “sienta un precedente negativo respecto de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y víctimas de la violencia sexual. Hay impunidad del violador que sigue libre, y la única culpabilidad pasa por la mujer violada”.
Marcia Sagardia, del área de Derechos Humanos de la Corriente Clasista y Combativa de San Pedro, anunció que las agrupaciones concurrirán al juzgado para “reclamar justicia”.
Según contó la abogada Vargas, Romina estuvo a punto de suicidarse hace unos diez días y hasta escribió una carta de despedida en la que culpa al juez Juárez por su situación. “Yo creo que el único culpable de que me quiera morir es el juez Argentino Juárez, porque me hacía ilusionar y no decidía nada. En la tierra no hay justicia, sólo hay castigo para nosotras, las mujeres violentadas, necesitamos comprensión y no acusaciones de esta maldita sociedad machista”, escribió Romina. Luego de que los guardiacárceles descubrieran una pastilla de veneno en su celda, la joven fue trasladada a un neuropsiquiátrico, donde permaneció cuatro días. Horas antes de que Romina escribiera la carta, Vargas había presentado un hábeas corpus denunciando “las presiones y maltratos” que la chica sufre en la cárcel.
Desde hace casi un año, esta joven de la localidad de San Pedro –ubicada a 65 kilómetros de la capital provincial– está detenida en la Unidad Penal Nº 3 de Jujuy, aunque recién ahora el magistrado le dictó el procesamiento. En el fallo sólo se transcribe la declaración de Romina, en la que cuenta que fue violada por un vecino, que actualmente está en libertad, pero el juez no destaca este hecho como desencadenante de la tragedia, señaló Vargas.
El magistrado argumentó que Romina “tenía total conciencia de lo que hacía y que trató de ocultar el hecho (la muerte de su hija) limpiando el baño (donde dio a luz y apuñaló a la beba)”. Uno de los elementos que cita el juez para sostener que tuvo la intención de cometer el homicidio, es que intentó abortar con métodos caseros. “¿Acaso puede una mujer abusada sexualmente y embarazada por ello no querer abortar?”, se preguntó la abogada Vargas luego de conocer la resolución, firmada el 30 de enero, un día antes de que Juárez se fuera de vacaciones, pero que recién se conoció ayer. “Está claro que Romina no quiso tener ese hijo. Lo demuestran la negación, el silencio y la depresión que llevaron a Romina a la locura, y a ocultar su embarazo durante los nueve meses”, resumió la abogada a Página/12.
El informe de la perito de parte María Teresa López de Fernández indica que Romina sufre “una disociación producto de un trastorno por estrés postraumático que se volvió crónico”. Sin embargo, “los peritos del juzgado dictaminaron lo contrario y descartaron el estado psicótico que sufre” la joven, que actualmente está “muy deprimida”, contó Vargas. La resolución del Juzgado Nº 5 de Jujuy se produjo tres días después de que la defensora presentara un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Jujuy por “retardo de la justicia”, ya que el informe de los peritos oficiales se aguardaba desde hacía meses. “Los peritos no indagaron en el estado mental de Romina. Ni siquiera mencionaron detalles como que ella sueña con sangre, por ejemplo”, señaló Vargas.
Desde que conoció el procesamiento –indicó la abogada–, Romina “está muy mal, muy deprimida y no para de llorar porque tenía muchas ilusiones de salir” de la cárcel, luego de las múltiples movilizaciones que legisladoras y agrupaciones que luchan por los derechos de la mujer realizaron en Buenos Aires, Rosario, Jujuy y San Pedro, para reclamar su liberación.
Tejerina fue violada en agosto de 2002 a la salida de un boliche por un vecino de apellido Vargas que ella conocía y que fue sobreseído hace más de dos meses. Como resultado de esa violación quedó embarazada. Al dar a luz el 23 de febrero de 2003, apuñaló a su bebé en el baño de su casa. La criatura fue trasladada por una hermana a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
Juárez es el mismo magistrado de la causa que investiga las muertes de los jóvenes Cristian Ibáñez y Marcelo Cuellar luego de ser detenidos en una pueblada en la localidad de General San Martín, en octubre del año pasado. Aunque el juez determinó que Ibáñez se suicidó –y sobre Cuellar hay un solo detenido–, sus familiares insisten que los asesinaron.
Informe: Maricel Seeger.