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La polémica sobre si se debe o no pagar el rescate en casos de secuestros extorsivos –desatada hace unos días por Jorge “Corcho” Rodríguez– podrá seguir. Pero lo cierto es que, de haber efectuado el pago, Rodríguez tendría argumentos para recuperar el dinero. ¿Cómo? Desde luego, no sería mediante la investigación policial: hasta el momento, en ningún caso se dio con la pista del botín. Hay otro método, quizá tan tortuoso como aquél, pero seguramente más efectivo: Página/12 detectó un caso en el que el secuestrado reclamó que el monto del rescate le fuera deducido del impuesto a las ganancias. Un desconocido fallo de la Corte Suprema le dio la razón y sentó jurisprudencia. El rescate fue pagado, pero la banda fue capturada tres meses más tarde. Esta es la historia de un extraño caso que podría mover a sospechas en algunos de los próximos secuestros.
El hecho ocurrió hace muchos años, pero tanto el fallo cortesano como las leyes en que fue fundamentado siguen tan vigentes como entonces.
El 21 de mayo del ‘73, cuatro días antes de la asunción del Tío Héctor Cámpora como presidente, el empresario Roque Vasalli cenaba en su casa en la ciudad santafesina de Firmat, junto a su esposa y un amigo de la familia. Vasalli, por entonces de 57 años, era presidente de la fábrica de tractores Roque Vasalli SA, e intendente de Firmat durante 10 años. Ese día aguardaba, como Cámpora, el día 25, para asumir en su tercera gestión.
No están claras las circunstancias. Algunas crónicas de la época señalan que dos hombres entraron a la casa. Otras, que Vasalli fue abordado cuando salía en su vehículo. Lo cierto es que lo encañonaron, le vendaron los ojos con cinta adhesiva y lo introdujeron en un auto. Tras un cuarto de hora de viaje, lo cambiaron de vehículo. Al rato, lo hicieron descender para instalarlo en una habitación de tres metros cuadrados donde permaneció encerrado. Entretanto, alguien llamó a la familia para señalar el lugar donde encontrar la prueba de vida.
Los secuestradores pidieron una cifra sideral: mil millones de pesos, que para esa época representaban nada menos que 100 millones de dólares. Se envió la prueba de vida. La negociación redujo el monto a 60 millones de dólares. Se acordó la forma de pago, en dos paquetes, uno con 10 millones de los verdes y otro con 50 millones, en dos localidades diferentes. El rescate se pagó tal como se había exigido, y al día siguiente, por la noche, Vasalli era abandonado en la ruta, cerca de San Lorenzo.
A los tres meses, la primera punta de la banda fue desarticulada en un operativo en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Allí se comprobó que se trataba de una banda de delincuentes comunes (en algún momento se tejió la hipótesis de que fuera un golpe guerrillero). Entre los detenidos, uno sería célebre 17 años más tarde: Roberto Agustín Acerbi, detenido en 1990 como autor del homicidio de Guillermo Ibáñez, el hijo del sindicalista petrolero Diego Ibáñez, también secuestrado y con pedido de rescate.
A fin de ese año, ya repuesto Vasalli en su cargo de intendente e industrial, su empresa presentó la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Poco después reclamaron una repetición (técnicamente, que la DGI aceptara una presentación corregida): especulaban con que el monto del rescate fuera deducido del impuesto a las ganancias. La DGI rechazó el pedido con motivos fundados: la instrucción 96, de noviembre del ‘73, sostenía que el monto de un secuestro no era deducible, por varios motivos, entre ellos porque al beneficiario (o sea los secuestradores) no se les podían reclamar ganancias, o sea que debía hacerse cargo el pagador. Alguien tenía que ponerse.
Vasalli fue a la Justicia. El 2 de mayo del ‘79, un juzgado federal de Rosario le dio la razón al reclamante, después de analizar que el pago se había hecho efectivamente. El fallo se fundamentó en el artículo 87 inciso g), que sostiene que son deducibles del impuesto todos los gastos en favor del personal de una empresa. Para el caso, salvarle la vida al presidente. La DGI apeló. El 2 de junio del ‘80, la Cámara Federal de Rosario utilizó un criterio diferente, pero también le dio la razón a Vasalli. Sostuvo que son deducibles del impuesto las pérdidas extraordinarias sufridas por causas fortuitas o de fuerza mayor sobre los bienes que producen ganancia.
La DGI apeló. La Corte tomó el caso y centró su debate en determinar si el presidente de la empresa era o no un bien capaz de producir ganancias. Finalmente, los cortesanos llegaron a la conclusión de que en el proceso productivo interviene el capital y el trabajo (incluyendo a sus directivos). El fallo está fechado el 13 de mayo del ‘82, nueve años después de pagado el rescate.
Página/12 consultó en la AFIP si alguno de los empresarios secuestrados en los últimos tiempos recurrió a esa jurisprudencia. En el organismo tributario no hay registro de que hubieran existido tales reclamos.