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La Justicia británica le dio la razón a una mujer de 43 años, que estaba cuadripléjica, con respiración asistida y pedía en vano que los médicos le retiraran el respirador para poder morir. La demanda fue encuadrada como un caso (extremo) del derecho de cada paciente a decidir sobre su tratamiento y el hospital que la asistía fue multado. El extenso fallo de una jueza de la Alta Corte británica admite muchas lecturas: además de sostener la libertad de cada persona a decidir sobre su vida y su cuerpo, es un fino análisis de cómo, en una institución hospitalaria, los angustiosos dilemas que se les plantean a los médicos pueden terminar recayendo sobre los derechos de sus pacientes; pero, también, el dictamen es un relato de la lucha de una mujer que impresionó “por su coraje, su fuerza y su capacidad de humor”. La jueza, en el mismo acto por el que le otorga el derecho a morir, le sugiere que, “si reconsiderara su decisión, tendría mucho para ofrecer a la comunidad”.
Miss B. (el Tribunal no reveló su nombre), nacida en 1958 en Jamaica, desde los 8 años vivía en Gran Bretaña, donde “triunfó sobre muchas dificultades y se graduó en Ciencias Sociales y Trabajo Social” narra el fallo de la jueza Elizabeth Butler-Sloss, titular del área de familias de la Alta Corte británica. Miss B., de 43 años, había llegado a jefa del departamento de Trabajo Social en un hospital. Soltera, “tiene un círculo de amigos y un ahijado al que se dedica mucho”, la retrata la jueza.
Como consecuencia de una hemorragia en la columna vertebral a la altura del cuello, atribuida a una malformación de los vasos sanguíneos, en febrero de 2001 Miss B. quedó cuadripléjica y con problemas respiratorios; la internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos del NHS Hospital Trust. En marzo solicitó que le fuera desconectado el respirador artificial, pero no le hicieron caso. El 5 de abril, Miss B. formalizó la solicitud mediante abogados. El hospital decidió que dos de sus psiquiatras verificaran si la mujer estaba en condiciones de tomar esa decisión. El 10 y el 11 de abril, la entrevistaron por separado: ambos dictaminaron que tenía capacidad de decidir, pero, un día después, los dos cambiaron sus dictámenes. El 13 de abril, le prescribieron antidepresivos. El 30, bajo el efecto de la medicación, Miss B. dijo a los psiquiatras que se sentía “aliviada” de que el respirador no hubiese sido desconectado. Ella aceptó un tratamiento de rehabilitación, que eventualmente le hubiera permitido prescindir del respirador, pero no hubiera incidido sobre la cuadriplejia.
Pero el 8 de agosto, un dictamen psiquiátrico independiente indicó que “no padece depresión y es competente para tomar la decisión de discontinuar su propio tratamiento”. Los médicos insistieron en la “rehabilitación” que hubiera disuelto el dilema al terminar con la necesidad del respirador. Pero ella ya no quería ese largo proceso durante el cual debían retirársele los calmantes para el dolor: “Yo rechacé esa opción –diría después Miss B. a la jueza– porque sería una muerte lenta y penosa; porque me robaría una dignidad; porque yo quisiera una muerte rápida, sin dolor y menos angustiante para mis seres queridos”. Pero, además, Miss B. rechazaba prescindir del respirador “por una razón logística: una vez en rehabilitación, ya no podría pedir el retiro del respirador”.
En este punto, el caso de Miss B. se articula a la vez que se diferencia de otros conceptos que operan en el mismo campo: el suicidio asistido y la eutanasia. Aunque legalmente los casos son muy distintos, la voluntad que anima a Miss B. no parece de un orden distinto a la que condujo al español Ramón Sampedro, también cuadripléjico, a batallar legalmente durante años para que se le permitiera morir ayudado por amigos y sin que éstos fueran incriminados; en 1998 logró ambas cosas sin decisión judicial. Hace cuatro meses en Gran Bretaña, Diane Pretty, también de 43 años y cuadripléjica, perdió la última apelación judicial para que se le permitiera suicidarse con ayuda de su marido. El suicidio asistido, como prerrogativa de los médicos y para pacientes terminales, está legislado en el estado norteamericano de Oregon: el médico no pone fin por sí mismo a la vida del paciente sino que –bajo una serie de controles oficiales– le entrega una pastilla letal que el paciente se autoadministrará o no. Cuando el médico mismo administra la inyección letal, puede hablarse con propiedad de eutanasia, y es el caso de Holanda: en ese país no habría existido la razón “logística” que condujo a Miss B. a rechazar la experiencia de rehabilitación respiratoria.
La jueza Butler-Sloss basó su fallo en que Miss B. tenía “capacidad de elegir” y, por lo tanto, “la paciente fue tratada ilegalmente por el hospital”. La jueza tomó en cuenta antecedentes como el fallo según el cual “el derecho del paciente a elegir existe, sean las razones para la elección racionales, irracionales, desconocidas o aun inexistentes”.
Sin embargo, observa la jueza, “hay que trazar una cuidadosa distinción entre el equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos y la responsabilidad de la institución”. Es que “Miss B. fue tratada con los más altos niveles de competencia médica y con devoción. Irónicamente, este cuidado excelente contribuyó a las dificultades”, porque “el equipo médico y de enfermería está consagrado a salvar y preservar la vida, aun en circunstancias muy adversas” y la decisión de Miss B. “era experimentada como matar a la paciente y les resultaba éticamente inaceptable”.
La jueza aplicó una multa simbólica al hospital y ordenó que se respete la voluntad de Miss B.; el respirador le sería retirado en otra institución. Y concluyó así su dictamen: “Quiero agregar que estoy muy impresionada por ella como persona, por el coraje, la fuerza y la determinación que mostró en el último año, por su sentido del humor y su comprensión del dilema que había planteado al hospital. Espero que ella me disculpe por decirle respetuosamente que, si reconsiderara su decisión, tendría mucho para ofrecer a la comunidad”.