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La jugada política del viejo caudillo peronista Carlos Juárez de asumir como ministro de Economía para tener fueros no impidió la presentación de un pedido de juicio político. Es por una denuncia penal por supuestas maniobras ilegales, por sumas millonarias, durante su quinta gestión al frente del Ejecutivo provincial. El abogado César Barrojo, que patrocina a Diego Rodríguez, quien también denunció a la gobernadora Mercedes Aragonés por el cobro irregular de una jubilación, solicitó el juicio político del ex multigobernador. A pesar del clima político interno, cada vez más enrarecido, el gobierno nacional insistió en que no están dadas las condiciones para una intervención. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aunque reconoció como “grave” el hallazgo de carpetas con datos sobre la persecución política realizada por el gobierno provincial a través de la División de Investigaciones (D-2) de la policía (ver aparte), interpretó que una intervención “es el último remedio y de absoluta excepción”. El sindicalista Carlos “Perro” Santillán vaticinó que el fin del juarismo “lo va a protagonizar el pueblo, como tantas veces”.
Alberto Fernández reconoció, no obstante la aparición de 40 mil carpetas con informes de políticos, abogados, periodistas y opositores al juarismo, que se trata de un hecho que “no ayuda al reordenamiento institucional. Es algo demasiado grave”. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, consultado sobre el mismo tema, corroboró que la opinión oficial es que “hasta ahora no hay hechos objetivos” para intervenir. El titular de la cartera de Interior rechazó, ante una consulta de la prensa, que la actitud del gobierno central pueda ser considerada como un aval a la gestión de la gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez. “Por ahí no nos gusta lo que pasó, pero no es ilegal”, sostuvo.
“Pareciera que uno está defendiendo el gobierno de Santiago del Estero y nada está más lejos de eso. Lo que voy a defender a muerte es la vida republicana”, sostuvo Fernández en declaraciones radiales. De todos modos, Juárez ayer fue denunciado por una supuesta “derivación de fondos” en favor de un proyecto de la empresa DINAR Líneas Aéreas, por un monto total de 55 millones de pesos. La supuesta intención habría sido la de establecer un puente aéreo entre la provincia y Buenos Aires que nunca se concretó. La denuncia penal fue presentada en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación.
De acuerdo con la acusación, Juárez y su ex ministro de Economía José Trejo habrían incurrido en “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, defraudación calificada, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita”. La denuncia está relacionada con la “derivación de fondos de la provincia a cuentas privadas de un banco en Singapur”, maniobra supuestamente “vinculada a la operatoria de Dinar con el Estado provincial” a través del Banco Macro Misiones, donde se registraron escrituras “por 35 millones de pesos, faltando precisar las que habrían viabilizado los 20 millones a una ampliación” del emprendimiento.
Según la denuncia, se procedió a la creación de “un programa de inversión privada con garantía de títulos de la deuda pública provincial creado por la ley 6.370”, posteriormente modificada por la ley 6396, por la cual se “ofrecía como garantía subsidiaria la coparticipación federal de impuestos”. La propuesta de la empresa Dinar planteaba un servicio diario Santiago-Córdoba-Buenos Aires y un vuelo directo entre la provincia y la Capital Federal, el cual sería prestado con aviones nuevos con capacidad de 161 pasajeros.
Otras causas incluidas por Barrojo en el pedido de juicio político están relacionadas con el saqueo e intento de asesinato del diputado nacional José Oscar Figueroa (PJ) y las desapariciones de dirigentes políticos en 1975, entre ellos el concejal peronista Emilio Abdala. El pedido de juicio político recién tomará estado parlamentario en el curso de la próxima semana, aunque se estima que será rechazado por la mayoría del bloque justicialista, que cuenta con 29 de los 50 legisladores de la Legislaturaprovincial. Pedidos similares tendrá que afrontar la gobernadora Nina de Juárez, presunta “autora ideológica” del ataque a la casa de Figueroa y del cobro de 505 mil pesos de una jubilación incompatible con la función pública.
El Perro Santillán, por su parte, aseguró que la situación en Santiago “es la resultante de la acumulación de poder” de los Juárez, que lleva medio siglo. El dirigente de la Corriente Clasista Combativa (CCC) consideró que, igual que en Catamarca en los noventa, el país “espera una salida del juarismo en Santiago del Estero y creo que eso lo va a protagonizar el pueblo, como muchas veces ya ha pasado, sin que estos señores se hayan dado por aludidos”.