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Por Alicia Oliveira *

Salta es una de las provincias donde existe mayor cantidad de comunidades indígenas. Estos pueblos fueron víctimas del colonialismo. Primero del español. Luego, de los señores de la tierra. Más tarde llegaron ilustrados hijos del positivismo científico a los que también podría llamarse tirifilos: veían a los indígenas como “raza inferior biológicamente diferente”. Las comunidades indígenas –muchas de ellas nómades– fueron sedentarizadas violentamente y sometidas a un proceso de explotación económica y cultural. Hace relativamente poco tiempo que los pueblos originarios son reconocidas por el Estado. Fue en la mentada Reforma Constitucional de 1994 donde se les reconoció su preexistencia étnica y cultural. Por eso hoy se habla de su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra y a su desarrollo sustentable. Pero lo que en la letra de la ley parece sencillo, no lo fue en su implementación.
Algunos constituyentes, con mentalidad etnocentrista, insistían en ideas paternalistas. Decían: “La propiedad comunitaria e inembargable constituye un atraso”, que poco tiene que ver con este mundo civilizado. Olvidaron agregar que, con atropello, les impusimos. Hablaban desenfadadamente de atraso y barbarie sin saber que sólo es bárbaro el hombre que cree en la barbarie. Duras fueron las disputas entre los constituyentes para que todos respetáramos formas diferentes de organización social; pero fue sin duda la presencia de los representantes de las comunidades la que permitió fijar la ley favorable.
Pero el esfuerzo para obtener la ley no significó el triunfo. Hacerla cumplir constituía la segunda etapa, tan difícil como la primera. Fue así que el pueblo wichi, que vive en la zona del Chaco –en este caso el Chaco salteño– advirtió que la Constitución no se cumplía, que la Justicia seguía sorda a sus reclamos, que el patrón privilegiaba sus intereses sobre los derechos del indio. Y de tanto andar caminos llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado argentino por no garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Fue recién entonces que se puso en marcha un proceso de solución amistosa.
Hoy por hoy, el gobierno nacional y la provincia de Salta tienen la obligación de devolver a los indios los derechos de los que fueron privados, para ello es necesario saber que son pueblos cazadores-recolectores y que entre sus formas de vida se encuentra el trueque, que no quieren alambrados ni animales que pastoreen porque les degradan su hábitat; que su vida tiene una relación estrecha con la naturaleza. Sin embargo, debemos recordar que en el mismo territorio se asentaron los criollos, cuyas formas de vida también debemos garantizar.
El gobierno nacional y el provincial tienen obligaciones que cumplir para que esta Argentina no sólo sea de los patrones sino también de los hombres que viven y mueren en su tierra.

* Encargada de derechos humanos de la Cancillería.