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San Juan nunca llegó a implementar totalmente el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, pero ante la presión del Ministerio de Salud de la Nación y las organizaciones sociales locales adhirió a algunos de los artículos. Pero ahora, ante la presión conservadora, el programa quedó sorpresivamente en suspenso: el gobierno provincial prohibió esta semana a los hospitales y salas de primeros auxilios que realicen charlas informativas y que suministren métodos y elementos anticonceptivos. Los hizo a partir de la presentación judicial de un particular, que aún no mereció definición en los tribunales locales.
“El partido Dignidad Ciudadana, de la derecha católica, presentó un recurso de amparo. El juez lo elevó a la Suprema Corte provincial. Aunque todavía el tribunal no se expidió, la Secretaría de Salud decidió suspender el programa, que acá se llama Plan Mujer, y, en el medio de todo esto, ni el juzgado ni el gobierno nos dan información”, afirmaron desde el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas.
Página/12 intentó en reiteradas oportunidades hablar con autoridades del gobierno sanjuanino, pero los funcionarios nunca contestaron. Sin embargo, una fuente de la Secretaría de Salud reconoció que la prohibición obedece a la presión de sectores conservadores y de la Iglesia Católica. “El secretario nunca quiso la ley y es un reconocido católico ortodoxo, estaba buscando alguna excusa para prohibir los métodos anticonceptivos, suspendió el programa por las dudas”, aseguró la fuente.
La resolución 1159 de la Secretaría de Salud Pública de San Juan, fechada en el 6 de junio último, ordena suspender el Plan Mujer “por la existencia de una presentación judicial en trámite” contra el programa de salud reproductiva. Desde el Ministerio de Salud de la Nación prefirieron no opinar porque reconocieron no estar al tanto de lo que pasa en la provincia.
La Ley Nacional de Salud Sexual fue impulsada por el ministro de Salud, Ginés González García, y tiene como objetivos disminuir la morbilidad materno-infantil –el de San Juan es uno de los mayores de la Argentina–, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes, garantizar a toda la población el acceso a información y contribuir a la prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas de VIH/sida.
La iniciativa contó con la oposición de la Iglesia Católica, que logró que las instituciones educativas religiosas, que son subvencionadas por el Estado, no tengan la obligación de brindar educación sexual. Las objeciones de la ortodoxia religiosa estuvieron y están centradas en la negativa a que los hospitales y centros comunitarios de salud prescriban y suministren métodos y elementos anticonceptivos, aunque éstos se brindan después de otorgar rigurosa información sobre las ventajas y desventajas de cada método.
La prohibición entró en vigencia el jueves último. Los dos grandes hospitales, Rawson y Quiroga, confirmaron la suspensión de las charlas informativas sobre salud sexual y también la entrega de anticonceptivos. Desde el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas confirmaron que los salas de salud de los barrios también se vieron obligadas a dejar de brindar el servicio.
“Ustedes no se imaginan lo que es acá, no importan los votos, la Iglesia manda. Los curas amenazan a las mujeres, les dicen que si las ven en las colas del Plan Mujer no las dejan entrar a la iglesia”, contó Lucy Collado, de Mujeres Sanjuaninas. Tanto las organizaciones sociales como altos funcionarios provinciales, que pidieron el anonimato, confirmaron que la mayor inversión de los hospitales sanjuaninos se destina a la atención de mujeres en estado crítico producto de abortos clandestinos.
Informe: Darío Aranda