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“El alquiler de habitaciones de hoteles de la ciudad como respuesta a la situación de miles de personas que no tienen vivienda es un despilfarro de recursos del Estado.” Así lo aseguran desde el propio Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires (MOI) y la Fundación Vivienda y Comunidad, que agrupan a las personas afectadas por el déficit habitacional. El objetivo de estas organizaciones es que todos accedan a un techo a partir de la puesta en marcha de planes de autogestión para la construcción, impulsados por cooperativas de vivienda. “Además de las iniciativas de la propia gente, buscamos que el gobierno porteño también participe de estos proyectos”, dijo a Página/12 el presidente del MOI, Néstor Jeifetz. Como un primer paso para alcanzar este propósito, un grupo de organizaciones realizará del 2 al 7 de agosto, en Buenos Aires, la “Semana del Hábitat Popular” para difundir las iniciativas de las cooperativas, a la que está invitado el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Pero no sólo se darán a conocer las experiencias argentinas: también participarán representantes de Uruguay, México, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y República Dominicana.
“El fenómeno de ocupación de casas y edificios comenzó a finales de la década del ’80, después de las políticas instauradas durante la dictadura militar, con las que mucha gente perdió su casa”, explicó Jeifetz. Con la creación de este fenómeno, también aparecieron las cooperativas de vivienda, cuyo objetivo es resolver el problema habitacional a través de planes de construcción autogestionados por los propios cooperativistas para la compra de viviendas, con la ayuda del gobierno porteño. “En vez de gastar 400 pesos por una habitación de hotel en las que la gente vive hacinada, es mejor destinar esos recursos al financiamiento de viviendas”, amplió Jeifetz.
Las cooperativas apuntan a que sus integrantes dejen de ser ocupantes para pasar a tener su propio techo, según coinciden las organizaciones. “Los caminos a seguir y los casos existentes de autogestión son diversos”, explicó Carlos Casanova, de la Fundación Vivienda y Comunidad. Uno de ellos es la ayuda mutua, un mecanismo mediante el que la gente participa de la construcción de las viviendas, ubicadas generalmente en un mismo predio, y al finalizarlas se sortea la que le tocará a cada familia. En otras iniciativas, el grupo de familias que ocupaba un edificio ahorró dinero en un fondo común, que fue usado para comprar un predio destinado a construir las casas.
Para difundir estas iniciativas e intercambiar experiencias, el MOI, la Fundación Vivienda y Comunidad, la CTA Capital y el Secretariado de Enlaces de Comunidades Autogestionadas (Sedeca) organizaron la “Semana del Hábitat Popular”, que englobará diversas actividades con representantes de Argentina y de otros países de la región. Uno de los más desarrollados en la autogestión es Uruguay, que desde 1968 tiene la ley nacional de viviendas, donde se prevé la participación de la gente en los planes de construcción y el ahorro de los participantes. “Con esta norma, el Estado dispone una partida anual de dinero para levantar las casas”, explicó a Página/12 el titular de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, Víctor Fernández.
Pese a que los cooperativistas guardan algunas críticas para con la instrumentación de esta ley, Fernández detalló que al año se construyen en el país vecino “entre unas 800 y 1000 viviendas” a partir del Plan Quinquenal de construcción que debe presentar el Estado uruguayo, tal como indica la normativa. “La idea de la autogestión es que sea la propia gente la que ahorra el dinero, compra los materiales e invierte en su vivienda con, en algunos casos, la ayuda del Estado. Incluso, se hizo un estudio para ver fábricas en desuso que puedan ser ocupadas y recicladas para viviendas. Además, la intención es que esas mismas cooperativas también hagan emprendimientos productivos para poder subsistir”, enfatizó Fernández. De todos modos, el titular de la entidad uruguaya reflejó que la legislación existente no alcanza: “En los últimos 10 años, la población creció un 7 por ciento, pero los asentamientos aumentaron a un ritmo del 10 por ciento. Todas las organizaciones coinciden en que hoy se necesitan 80 mil viviendas más”.
En Capital Federal, las cifras no son alentadoras. Pese a que el fenómeno comenzó a visualizarse en los ’80, las ocupaciones se acrecentaron aún más en los últimos cuatro años, al punto de que en la actualidad el déficit habitacional en la ciudad afecta al menos a 370 mil personas, según estimaciones oficiales, que también señalan que este déficit alcanza a más de 90 mil viviendas. En el país entero, las familias afectadas llegan a 3.400.000. Para contrarrestar este panorama, hoy existen en la Ciudad de Buenos Aires unas cien cooperativas de viviendas. En la ciudad, la implementación de la ley 341, que permite que el Estado financie la autogestión, fue la primera puerta de entrada para estos emprendimientos. Y tras el congreso que durará toda esta semana, las organizaciones esperan llevarse bajo el brazo el compromiso de Ibarra de crear una mesa de trabajo conjunta entre entidades y gobierno para transformar las políticas de emergencia habitacional y poner en marcha planes de autogestión. Incluso, el jueves último la Legislatura porteña sancionó una ley que declara la emergencia habitacional en la ciudad.
“La idea es transferir recursos a las cooperativas para construir viviendas y recuperar inmuebles que el Estado no usa”, destacó Susana Murphy, de Vivienda y Comunidad. “El objetivo es responder a la demanda real de hábitat y no al beneficio de hoteleros”, sostuvo Carla Rodríguez, del MOI. Para ellos, el hecho de que el jefe de Gobierno porteño protagonice el cierre de las actividades se perfila como un buen comienzo.
Entre los temas que abordarán cooperativas de Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil, y otros países, figura el análisis de las distintas formas de propiedad, la coyuntura actual de los países y la globalización, la cultura promovida desde las políticas sociales y asistencialismo versus autogestión.
El hecho de poner ladrillo por ladrillo llena de expectativa a los propios cooperativistas. Uno de los tantos casos es el de Angel, que años atrás trabajaba en la compostura de calzado, pero cuando el local de su cuñado cerró, se quedó sin empleo. “No podía mantener el alquiler y me terminé quedando sin casa. La única opción fue ir a vivir con mi familia a una habitación de hotel”, subsidiada por el gobierno porteño. Sin embargo, esa opción nunca conformó a Angel. Ahora se reparte el tiempo entre las changas que consigue de su oficio y la construcción de su casa y la del resto de los integrantes de la cooperativa La Fábrica. Y “no puede creer” cada vez que ve una pared levantada con sus “propias manos”.

Informe: Maricel Seeger