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El padre de Federico Ponce, uno de los tres adolescentes muertos en Carmen de Patagones, caminó temprano desde la escuela de su hijo hasta el hospital de Viedma donde se recuperan tres compañeros. Detrás de él marcharon otros 300 padres, maestros y alumnos de los colegios de Patagones que más tarde se reunieron en el club Antenas con el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, para entregarle un petitorio. Cuando todo terminó, los marchantes volvieron a la escuela donde el resto de los chicos transitaba su sinuoso segundo día de clases. Tomás Ponce, entonces, se sentó en un aula con un grupo de amigos de su hijo. De pronto se abrió una ventana: “Ni siquiera hizo ruido –le explicó a este diario—, pero fíjese cómo están estos chicos que de nada pegaron un salto”.
Como sucedió el primer día, a las nueve de la mañana la escuela Islas Malvinas volvió a abrirse. El lunes había entrado un 80 por ciento de los chicos, según los cálculos del Ministerio de Educación de la provincia. Ayer se complicó la evaluación del presentismo, ese indicador que de algún modo parece una marca de cómo marcha el proceso de retorno a la normalidad. Los padres y familiares de los chicos muertos y de los heridos habían convocado a una marcha para las diez, una hora después del comienzo de clases. Los directores de la escuela la apoyaron y a las diez buena parte de los que estaban adentro abandonaron las aulas.
Adrián Olivares es preceptor de la escuela. Tiene a cargo tres cursos, dos segundos y el primero D de la mañana. Ni el lunes ni ayer tomó asistencia pero sabe quiénes fueron, quiénes no, quiénes siguen con miedo o están en estado de shock. “Al comienzo del día –dice– parecía que había un porcentaje más alto de ausentes, pero por ahí lo que pasó es que ayer fueron los que el lunes no habían ido.” Dos o tres de los chicos de esas divisiones, explica, “se sintieron mal” y fueron parte de los que charlaron personalmente con los psicólogos de la escuela o del equipo enviado por la provincia para generar espacios de “reflexión” durante estos días que no hay clases sino charlas.
Los dos primeros días tuvieron una característica similar: al regreso de los chicos se suman en ocasiones sus padres. “Algunos se quedan”, le explicaba anoche Adrián a Página/12. “Se quedan porque sus hijos siguen con problemas o están con miedo: lo que pasa es que no es fácil, algunos todavía están en estado de shock porque vieron a los heridos, las corridas. A algunos les ha afectado mucho y a otros menos.”
Mientras en la escuela empezaba otro día, Marisa y Tomás Ponce encabezaban la columna de estudiantes que salió a las diez con las pancartas que muestran las imágenes de los muertos y heridos. Cruzaron el puente ferrocarretero que separa Patagones de la vecina ciudad de Viedma para detenerse en el hospital Artémides Zatti, donde se recuperan Pablo Saldías, Rodrigo Torres y Natalia Leonardi. Desde allí caminaron hasta el club Atenas, hicieron un asado y después de las 13.30 se reunieron con Filmus. Los padres por su lado y los alumnos por el suyo y los docentes le entregaron petitorios.
“Que cambien el sistema, le pedimos”, le decía ayer a Página/12 el padre de Federico, que en estos días cuando se encuentra con su esposa “de ratos nos abrazamos y no sabemos por dónde ir”. Ese mismo Ponce que a veces parece perdido, ayer –frente al ministro– actuó como vocero del grupo de padres más dolidos. Ante la consulta de este diario, explicó el contenido de los demandas: “Que le pongan un poco más de amor, un poco más de comprensión y que saquen estas benditas armas del medio, pero no con detectores de metales sino que se lo digan a los prefectos para que las guarden y no saquen el arma para comprar el pan”.
Los adultos no pidieron medidas de seguridad, pero lo hicieron sus hijos. En la primera línea, descargaron la rabia: “¿Cómo vamos a detectar chicos armados?”, pusieron y pidieron custodia policial en las escuelas. En otro párrafo hablaron de las escuelas: “Las que se libran de los chicos con problemas enviándolos a las escuelas de adultos sin gabinete. Esto así no sirve de nada, si el trabajo se quiere hacer de verdad tiene que contarcon psicólogo, un terapeuta, un psicopedagogo, y desde el gabinete se debe suspender a un alumno que se considere un riesgo para otros o para sí mismo”.
Filmus pareció sorprenderse con los pedidos. “El nivel de madurez que demuestra esta clase de pedidos es muy alto porque piden medidas educativas y no medidas policiales”, comentó antes de abandonar el predio donde hace una semana se hacían los velorios.
Los docentes hicieron propuestas en el mismo sentido. Pidieron atribuciones para que los integrantes de los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas puedan convocar a un juez de menores si detectan casos de chicos en riesgo y sus padres no cumplen con las recomendaciones. Una hipótesis que se acerca a lo que al parecer sucedió con Junior. La directora de la escuela, Adriana Goicochea, ayer lo mencionó durante una entrevista radial: “Los padres recibieron la información de la conducta de Junior pero no sé si le dieron importancia”. Y agregó: “En dos o tres ocasiones citamos a los padres, así opera el gabinete psicopedagógico que tenemos en la escuela. Junior tenía una conducta diferente, era retraído y tímido y no se integraba al grupo”.
El lunes los compañeros de Junior volvieron a la escuela y al aula Nº 30, la de los disparos. Llenaron de leyendas las paredes, y pidieron que ayer permanezca cerrada. Cuando hablan del lugar, ahora lo mencionan con un nombre: el santuario, le dicen al aula de las balas.