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La Corte Suprema respaldó la continuidad de los Juicios por la Verdad, que buscan esclarecer el destino de los desaparecidos, aunque no existan denuncias de sus familiares directos. Lo hizo al dar vía libre a un recurso de la Defensoría General de la Nación, que proclama su legitimidad para impulsar la investigación en nombre de 198 víctimas del terrorismo de Estado en Mendoza. La Cámara de Casación había rechazado por “inadmisible” ese reclamo del defensor público provincial, pero ayer el máximo tribunal le ordenó dictar un nuevo fallo para habilitar el proceso.
Los Juicios por la Verdad fueron el primer fuerte impulso para reactivar causas por los crímenes de la dictadura frente a la traba impuesta por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Si bien no buscan la sanción penal, tienen un importante valor simbólico y pueden tener consecuencias penales en expedientes en marcha. En su desarrollo contaron con un factor adverso en común: los obstáculos generados por la Cámara de Casación a través de sus fallos, especialmente en los juicios de Mar del Plata y Bahía Blanca. Otros están radicados en La Plata, Córdoba y Tucumán.
En Mendoza, la Cámara Federal se declaró competente en noviembre de 2000 para investigar las desapariciones en la provincia durante la dictadura. Sin embargo, le negó personería al entonces defensor oficial (ahora camarista) Héctor Cortés, quien se había presentado por el esclarecimiento de 198 casos, en los que no actuaban parientes directos. El tribunal sostuvo que el juicio pretendía “satisfacer el derecho subjetivo de los familiares de personas desaparecidas a conocer su destino final (...) pero no a dar satisfacción al alegado derecho de la sociedad para conocer los hechos acaecidos”.
El defensor presentó un recurso ante la Sala I de la Casación, que lo rechazó por entender que sólo puede revisar casos que tengan consecuencias penales. La Corte revocó ayer esa decisión y ordenó a los camaristas firmar un nuevo fallo que destrabe el juicio, de acuerdo con el criterio de un dictamen de la Procuración. La resolución suprema –que apoyaron Enrique Petracchi, Elena Highton, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano– es un llamado de atención a los jueces de Casación, que suelen ser proclives a favorecer a los militares y que aún deben expedirse sobre la validez de las leyes de impunidad.