[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El Ministerio de Seguridad de Córdoba ordenó que alrededor de 5 mil policías de la capital provincial y de los distritos vecinos se realicen un análisis de ADN. Los investigadores del caso del violador serial que abusó de 30 mujeres en distintas ciudades de esa provincia sospechan que el delincuente pertenece a esa fuerza. El dato fue obtenido del testimonio de una de las víctimas. La medida fue difundida por el ministro de Seguridad provincial, Carlos Alesandri, durante una conferencia de prensa en la que también se puso precio a la cabeza del violador: 50 mil pesos de recompensa para aquel que aporte datos relevantes para su captura.
La noticia causó cierto revuelo entre algunos integrantes del Poder Judicial porque consideran que es éste el que tiene la potestad de ordenar los análisis de ADN. Por ese motivo dejaron en claro que la decisión de los ministerios sería una intromisión de un poder hacia otro.
Desde el Ministerio de Seguridad se precisó que del análisis quedarán excluidas las mujeres y aquellos agentes que midan más de 1,80 de altura, siguiendo los datos y descripciones aportados por las víctimas.
“Los ADN deben ser requeridos por la Justicia”, declaró un vocero judicial. Según esa misma fuente, ninguno de los tres fiscales que tienen a su cargo la investigación por el caso del violador serial “va a solicitar este tipo de pruebas al personal policial” y además “todos (los análisis que se hicieron a los sospechosos) dieron resultados negativos. Y seis de esas personas eran policías”. “Hay una intromisión política por parte del gobierno y del Ministerio de Seguridad –agregó la misma fuente–, seguramente impactado por la repercusión que ha tenido el caso en la prensa nacional, con el e-mail de una las víctimas.”
Sin embargo, uno de los investigadores, el fiscal Maximiliano Hairabedian, afirmó que hay siete sospechosos; dos de ellos son policías y otro un guardia de seguridad. El resto ya fue sometido a estudios de ADN.
Quienes critican la decisión del gobierno cordobés explican que si no hay una orden judicial, cualquier persona puede negarse a realizar el análisis, más allá que sea una decisión interna de la policía. Incluso se expresaron en contra de la recompensa porque estimaron que con esa metodología se tardará más tiempo en encontrar al culpable de los abusos. Para lograr la recompensa, quien aporte datos deberá comunicarse a la línea gratuita 0800-555-8784.