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El Código Contravencional que sancionó la Legislatura no es el que hubiera soñado Aníbal Ibarra, pero el jefe de gobierno lo promulgará antes de que venza el plazo establecido por la ley, el lunes próximo, con lo que la norma quedará convertida en ley. “Vamos a ver cómo funciona cuando la apliquen jueces y fiscales y, si es necesario, enviaremos a la Legislatura una ley correctiva”, dijo a Página/12 el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Juan Carlos López. Para Ibarra, un veto parcial de la norma hubiera significado la virtual caída de la nueva norma: difícilmente la Legislatura podría reunir los 40 votos necesarios para ratificar el proyecto o sancionar uno nuevo. “Lo vamos a promulgar tapándonos la nariz”, graficó una fuente del Ejecutivo porteño. Entrará en vigencia dentro de cuatro meses.
El proyecto que envió Ibarra a la Legislatura, en abril último, no era tan severo como el que había propuesto Mauricio Macri en febrero, pero establecía penas de arresto para el 64 por ciento de las contravenciones, con un máximo de 60 días: una norma mucho más dura que la actual. La resistencia de los potenciales involucrados en las sanciones (vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, piqueteros) obligó a los legisladores a introducir reformas que derivaron en la aprobación de un código más moderado. Tantas fueron las prevenciones que se adoptaron que, para algunos diputados, la norma resultaría inaplicable.
Por lo pronto, lo que más irritó al Ejecutivo porteño fue la redacción de dos artículos:
u El que castiga la venta ambulante no autorizada, cuando aclara que “no constituye contravención la venta ambulatoria de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no implique competencia desleal con el comerciante establecido”. Por ese párrafo, el presidente de la Confederación de Actividades Mercantiles y Empresarias (CAME), Osvaldo Cornide, le pidió a Ibarra que vete el artículo porque esa aclaración traba la penalización de la venta ambulante.
u El artículo que sanciona la oferta y demanda de sexo en espacios públicos aclara que “en ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales”. Para el gobierno porteño, si lo que se quiso es evitar la discriminación de personas por su manera de vestir, “eso ya está contemplado por otras normas y se corre el riesgo de no poder aplicar ninguna sanción”.
“Este Código tiene en su redacción un exceso de sobreactuación por parte de los legisladores”, cuestionó López. Sin embargo, rescató algunos avances, como el hecho de establecer “una pena para cada contravención (en el actual, el juez debe elegir entre un menú de sanciones) y la figura de la reincidencia, aunque quedó mucho más lavada de lo que nosotros proponíamos”, dijo el secretario. El proyecto del Ejecutivo preveía el arresto del contraventor a la tercera reincidencia de una misma falta, como forma de sancionar al “contraventor profesional”, según explicó López. En la redacción final, queda como reincidente quien cometa una nueva contravención que lesione el mismo bien jurídico, dentro de los dos años, y pare él la sanción se agravará en un tercio.
“Es una redacción pobre, pero hay que ver ahora cómo la interpretan los jueces y los fiscales”, evaluó el secretario López. La decisión de no vetar el Código se adoptó ayer tras una reunión que mantuvieron ayer Ibarra, López y el jefe de Gabinete, Raúl Fernández. “En la ciudad no es posible la promulgación parcial de una ley. Si vetamos un artículo y éste no reúne después los 40 votos necesarios para su aprobación (dos tercios de la Legislatura) nos quedamos sin reforma”, explicó López. La estrategia elegida, entonces, es enviar proyectos de leyes correctivas, pero no ahora sino cuando se identifiquen dificultades para la aplicación de la norma.
López adelantó que el gobierno no establecerá lugares donde puede permitirse la oferta y demanda de sexo (como lo habilita la ley), por loque quedará vigente la cláusula transitoria que veda esa actividad a menos de 200 metros de viviendas, templos o escuelas. También manifestó su acuerdo con que la sanción de esa contravención quede en manos de fiscales y no de la policía. “Es una forma de despejar esto de que la policía hace caja con la prostitución”, dijo.
Con respecto a la sanción de los cortes de calles, no se propondrán modificaciones: los manifestantes deberán dar aviso previo a las autoridades y respetar las indicaciones que se les den. “La ley quedó como en la actualidad, y es lo mismo que habíamos propuesto nosotros”, concluyó López.