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A nueve días de la tragedia en la comisaría 1ª de Quilmes, donde murieron tres chicos que estaban alojados indebidamente en el lugar, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, prohibió la permanencia de menores de edad en dependencias policiales. Por medio de la resolución ministerial 1623, Arslanian solicitó a los jueces que los menores, de ahora en más, sean llevados a “dependencias adecuadas”, aunque desde las esferas oficiales se admitió que, por el momento, no se cuenta con infraestructura necesaria como para garantizar que la medida pueda cumplirse en forma satisfactoria. La decisión anunciada por Arslanian fue consensuada durante una reunión que el titular de la cartera de Seguridad mantuvo con su colega de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, y con el gobernador Felipe Solá. Una fuente allegada al ministro Cafiero aclaró que la resolución apunta, en lo inmediato, “a evitar que la policía tenga rienda suelta para detener a menores por supuestos delitos y de ese modo reducir el número de chicos que se encuentran en esa situación”.
En octubre de 2003, Cafiero había denunciado la presencia de 150 menores en comisarías y anunció medidas para terminar con esa irregularidad. Sin embargo, un año después, el total de chicos alojados en comisarías se duplicó. El propio Cafiero reconoció esta semana que hay 320 menores detenidos en comisarías. Una fuente del ministerio sostuvo que sobre un total de 12.000 chicos institucionalizados, apenas el 10 por ciento está en esa situación por presuntos hechos delictivos.
Desde la óptica de las autoridades de Desarrollo Humano, “el problema tiene que solucionarse a partir de la aprobación del proyecto, presentado en marzo por nosotros, que deroga la Ley de Patronato y que permitiría reducir sensiblemente el número de chicos alojados en institutos por cuestiones que tienen que ver con situaciones de riesgo social y no con supuestos delitos”. De esa forma, en los institutos “sólo quedaría ese diez por ciento que es llevado a esos lugares por situaciones de extrema seguridad que están debidamente comprobadas”.
Distintas fuentes consultadas de los ministerios de Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad coincidieron en que la medida tomada por Arslanian “le ata las manos a la policía”. De todos modos, todos reconocen que la decisión sobre el lugar al que serán derivados los menores “sigue dependiendo de los jueces en tanto y en cuanto sigue en vigencia la Ley de Patronato”. Arslanian recordó en su resolución que “las normas vigentes prevén la contención y el tratamiento de los menores en establecimientos específicos adecuados en número y calidad”.
De todos modos, admitió que la falta de una infraestructura adecuada obliga muchas veces a la “derivación y permanencia en dependencias policiales”. El ministro de Seguridad resaltó que la presencia de menores en las comisarías “provoca que los numerarios policiales, destinados y preparados para funciones propias de seguridad, sean asignados a tareas de cuidado, que menguan los recursos asignados a las dependencias policiales para el cumplimiento de su rol específico”. El problema de los menores en celdas policiales fue denunciado en 2001 por la Suprema Corte bonaerense y en varias ocasiones se comprobó que habían sido sometidos a torturas, como el caso de la comisaría 1ª de Quilmes.