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Como era previsible y ya había anticipado Página/12, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cárcel de Mendoza concluyó con la confirmación de todas las denuncias realizadas por los abogados de derechos humanos, entre ellas la muerte de 16 presos durante el año, el último de ellos descuartizado. El propio presidente de la CIDH, el salvadoreño Florentín Meléndez, que participó de la inspección in situ, calificó la situación de los presos como “gravísima” y aseguró que “hemos constatado ineficiencia y condiciones infrahumanas de detención”.
“Hemos constatado –dijo Meléndez tras la visita– que la situación en la cárcel (de Mendoza) no es grave, es gravísima.” El presidente de la CIDH sostuvo que los problemas en las cárceles “son comunes en el continente americano, pero en Mendoza han ocurrido hechos particularmente graves que nos preocupan”. Meléndez estuvo acompañado por otros miembros de la CIDH, como el argentino Santiago Cantón, el ecuatoriano Pablo Albán y la estadounidense Elizabeth Abi Mershed.
Desde marzo hasta hace pocos días, la cifra de muertos en el penal mendocino había alcanzado a 11, a los que habrá que agregar otros 5 fallecidos durante un motín en una unidad en el departamento de Lavalle. La última de las muertes fue horrorosa: un interno fue asesinado y descuartizado y sus partes repartidas por todo el penal. Los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos denunciaron ante la CIDH que nadie investigó las muertes y que los presos sufren un proceso de deterioro infrahumano a partir de la ausencia de agua, letrinas, servicios médicos, y la sobreabundancia de cuerpos (hacinados en celdas de 4 por 4), golpes y torturas. Para colmo, el gobierno mendocino del radical delarruista José Luis Cobos estrechó filas y criticó a los abogados denunciantes de estar haciendo negocio con los presos.
La visita de la Comisión Interamericana demostró lo contrario. “Mantuvimos contactos con los reclusos –señaló Meléndez–, quienes nos pidieron mejoras en las condiciones de alojamiento. Denunciaron hacinamiento, maltrato, torturas, falta de baños, escasa atención médica, imposibilidad de trabajar en talleres internos o de estudiar y lentitud judicial en caso de internos procesados y aún sin condena, además de ausencia de un programa recreativo, entre otras falencias.”
Meléndez también indicó que “los gobiernos nacional y provincial adoptaron medidas que no han sido suficientes, que no se ajustan a la gravedad de la situación de hacinamiento y violencia dentro del penal, pero ambos se han comprometido a cumplir con las recomendaciones de la CIDH”.
El caso de Mendoza se transformó en un problema crítico en las relaciones internacionales argentinas (especialmente en un punto tan defendido por el gobierno de Kirchner como son los DD.HH.) ya que, pese a tratarse de responsabilidad provincial, los organismos internacionales toman como interlocutor a los gobiernos nacionales. La importancia que dio la CIDH al caso del penal mendocino queda de manifiesto con la propia decisión de la visita y el nivel de la comisión visitante: la integró Meléndez y es la segunda ocasión en que visita al país por denuncias relativas a los DD.HH. La anterior tuvo lugar durante la dictadura.