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Mientras la Legislatura se apresta a tratar un nuevo proyecto para expropiar el edificio del ex bar La Alameda, donde funcionan un comedor comunitario y una cooperativa de trabajo, los ocupantes del lugar corren el riesgo de un inminente desalojo: el juez en lo penal Domingo Montanaro realizó la semana pasada una inspección en el lugar –ubicado en Directorio y Lacarra, frente al Parque Avellaneda– y luego citó uno por uno a los beneficiarios del comedor –en su mayoría inmigrantes y de condición humilde– a prestar declaración a la comisaría 40ª.
El edificio de La Alameda ya había sido expropiado por la Legislatura porteña, pero la norma fue vetada por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. La ley pretendía dar solución a un juicio por desalojo que se sigue contra la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre, que ocupa el lugar desde hace tres años y recibe subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del propio gobierno porteño.
El edificio fue expropiado por una ley sancionada el 24 de junio último, pero el jefe de Gobierno vetó la norma el 12 de julio. El gobierno porteño propuso entonces buscar un lugar alternativo para el funcionamiento de la cooperativa pero, pese a los esfuerzos, el nuevo espacio no apareció. En consecuencia, desde hace seis meses, sobre el local pende la amenaza del desalojo. Para los militantes de la cooperativa, si esto ocurre, quedarían truncos los siete emprendimientos laborales que se llevan a cabo allí, en el marco del plan Manos a la Obra, financiados por Desarrollo Social.
Por ese motivo, legisladores de diversos bloque presentarán un nuevo proyecto de expropiación, que será tratado a partir del 1º de marzo. “Como se trata de un nuevo período legislativo, no es necesario reunir los dos tercios de los votos que harían falta para ratificar la ley vetada: con la mayoría simple de votos quedaría aprobada”, dijo a este diario el diputado socialista Roy Cortina, uno de los impulsores del proyecto.