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En la causa por las 193 muertes en República Cromañón, el juez Julio Lucini consideró que tampoco son inocentes los tres imputados que acompañan a Omar Chabán, pero el mayor peso recayó sobre Raúl Villarreal, mano derecha y amigo del empresario. Villarreal, igual que su jefe Chabán, quedó procesado y con prisión preventiva, bajo el cargo de “homicidio con dolo eventual”, una figura penada con hasta 25 años de prisión. Villarreal fue señalado como “coordinador general” del local y, en tal función, responsable por tener conocimiento previo “del exceso de público, del estado de la puerta de emergencia (que estaba cerrada), del ingreso de pirotecnia, de las deficiencias del control, de los incendios anteriores y de la posibilidad de un episodio con consecuencias trágicas”. El juez también adjudicó participación en la seguridad a los otros dos acusados, el manager del grupo Callejeros, Diego Argañaraz, y el encargado de control de la banda, Lorenzo Bussi, pero interpretó que deben responder por “homicidio culposo”, que tiene una pena máxima de tres años, y les concedió la excarcelación; anoche salieron en libertad.
“Yo no soy un asesino”, le dijo Villarreal al juez Lucini cuando éste le comunicó su decisión de dictarle la preventiva por homicidio con dolo eventual. Villarreal fue llevado a Tribunales desde la Dirección General de Investigaciones de la Policía Federal, donde se encuentra detenido desde el 23 de febrero. Su abogado, Albino Stefanuolo, le anticipó a Página/12 que apelará la figura penal invocada. “Todos tenían la misma responsabilidad y, por lo tanto, él también debió ser procesado por homicidio culposo”, sostuvo Stefanuolo. Los allegados a Villarreal dijeron que está “destrozado por una decisión que considera injusta”.
Mariano Silvestroni, abogado de Argañaraz, y Silvina Collar, defensora de Bussi, confirmaron a este diario que ambos recuperaron anoche la libertad y que los dos apelarán el procesamiento. “Es positivo el cambio de carátula, ya que lo habían interrogado por dolo eventual, pero igual considero que es inocente y por eso vamos a apelar el procesamiento por homicidio culposo”, anticipó Silvestroni respecto de Argañaraz. Lo mismo dijo la doctora Collar. El juez Lucini les impuso embargos millonarios a los tres procesados: a Villarreal por 57.600.000 pesos, mientras que en los casos de Argañaraz y Bussi la suma es de 20 millones de pesos a cada uno. Eso surge de la resolución, que tiene más de 120 carillas.
Al resolver la situación procesal de Villarreal, el magistrado citó varios testimonios de los cuales surge que su rol no era el de “un simple empleado o colaborador” porque tenía “una activa participación en el ‘negocio’, a punto de haberse convertido en la verdadera ‘mano derecha’ de Chabán”, dueño del local donde se produjo el incendio el 30 de diciembre. Según Lucini, “tal era la responsabilidad” de Villarreal en los eventos que se desarrollaban en Cromañón que “cuesta situarlo en una función específica”. Por el contrario “se evidencia como la persona de confianza del dueño”. Esto significa que “sin encargarse de nada en particular, está al tanto de todo y tiene injerencia en cualquiera de los aspectos del negocio”. Por eso lo señaló como “coordinador general del local”.
Entre otras tareas, tenía las de abrir y cerrar el local, entregar las entradas a los grupos de rock que actuaban en Cromañón y coordinar las reuniones donde se planificaba la organización de los recitales. Lucini subrayó que Villarreal “participó activamente de la organización del trágico espectáculo, con conocimiento del exceso del público, del estado de la puerta de emergencia, del ingreso de pirotecnia, de las deficiencias del control, de los incendios anteriores y de la posibilidad de un episodio con consecuencias trágicas”.
Si bien se dejó sentado que la orden de cerrar la puerta de emergencia fue dada por Chabán, la medida “fue sostenida” por Villarreal en su condición de “encargado”. Por lo demás, según Lucini, “no hizo absolutamente nada para facilitar el egreso de los concurrentes una vez acaecido el siniestro”. En cuanto a los elementos de pirotecnia que provocaron el incendio, se dijo que Villarreal “debió realizar lo necesario para que no ingresen” al local.
Sobre Argañaraz, el juez dijo que actuó “en forma imprudente y negligente”, lo que “facilitó la producción del siniestro que terminó con la vida de 193 personas y produjo centenares de heridos”. Opinó que si Argañaraz “hubiera actuado diligentemente y en forma responsable, tomando los recaudos correspondientes, el incendio no se hubiera producido y, por ende, tampoco las muertes y lesiones”. Lucini precisó que Argañaraz sabía que el público que sigue a Callejeros utiliza pirotecnia y que por ese motivo “no debió organizar el espectáculo en ese lugar o, al menos, debería haber arbitrado las medidas necesarias como para corroborar que la puerta de seguridad se hallaba operable”.
Interpretó que “es inaudito” que se haya ocupado de controlar el ingreso, sin tomar “ningún recaudo (...) en relación al egreso”. Sobre Argañaraz sostuvo incluso que “más que preocuparse porque no ingresara pirotecnia, estaba más inclinado a favor de su utilización”. Como elemento de prueba, recordó que en un recital en Obras Sanitarias había dado indicaciones sobre el tamaño que debían tener las bengalas para poder ingresar con ellas. Términos similares utilizó para responsabilizar a Bussi. En ambos casos, el juez les achacó no haber tomado recaudos sobre la puerta de emergencia, sobre la existencia de matafuegos y acerca de la venta de 3500 entradas cuando al lugar sólo podían ingresar 1035.