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Southern Winds volaba dos veces por semana a España; según los cálculos de los investigadores, durante 2004 lo hizo unas 106 veces. La Justicia convocó ayer al jefe de la Aduana, Ricardo Echegaray, entre otras razones porque la División Drogas Peligrosas revisó sólo 1 de esos vuelos. Página/12 pudo saber que un informe sobre seguridad aeroportuaria que acaba de ser incorporado a la causa indica además que la Policía Aeronáutica (PAN) no hizo mucho más: revisó sólo 2 de aquellos vuelos. La PAN era la encargada de la segunda línea de controles de los vuelos al exterior, después de la primera, que corresponde a operadoras privadas como TAS –la otra compañía sospechada por el narcoembarque a España–, según la versión que dio ayer Echegaray ante el juez Carlos Liporace. Mientras se profundiza esa línea, el magistrado les tomará declaración indagatoria a dos hombres de la Aduana en Ezeiza por “omisión” en los controles. Anoche, en tanto, crecían los rumores sobre el inminente procesamiento de Walter Beltrame.
Ricardo Echegaray estuvo durante más de tres horas en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes. Aunque pasó varias veces por el despacho de Liporace desde que estalló el escándalo del envío de las narcovalijas al aeropuerto madrileño de Barajas, ayer se presentó por primera vez en calidad de testigo de la causa. Su presencia fue una las recomendaciones que la semana pasada la sala B de la Cámara Penal Económica le exigió al juez Liporace. Dos de los altos jefes de la Aduana en Ezeiza están ligados con la causa. Aunque sus responsabilidades en el narcoenvío sólo están evaluadas como de “omisión de controles”, la sola mención de sus nombres disparó el conflicto con la embajada de Estados Unidos la semana pasada.
A una parte de eso se refirió Echegaray después de la audiencia con el juez. En un breve contacto con la prensa se negó a dar detalles de su declaración por “el secreto de sumario” aún vigente. Indicó que se acercó al tribunal para “aportar elementos en la causa” y para responder sobre aspectos técnicos de los controles que el organismo debe cumplir en el Aeropuerto de Ezeiza. En ese contexto, mencionó a los funcionarios involucrados en la causa: Juan José Isola, contador y jefe de la División Drogas Peligrosas de Ezeiza, y Juan José Paso, su segundo y hombre reconocido entre los aduaneros por su participación en la investigación del Operativo Viñas Blancas investigado por María Romilda Servini de Cubría.
Echegaray confirmó que el juzgado los convocará como imputados, pero por omisión y no por acción. Se supone que fallaron en los controles, es decir que son los responsables de no haber controlado los más de 100 vuelos de SW que salieron a España el año pasado. Fuera de ellos, la Aduana asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en el embarque: “La Aduana, como organismo, no es responsable”, dijo el funcionario. “La primera línea de control –agregó– es de las empresas privadas y la segunda de la PAN.”
Para los investigadores, sin embargo, esas funciones no aparecen tan diferenciadas. Si bien es cierto que cada línea aérea cuenta con un servicio privado de control –TAS es uno de los ejemplos–, tanto la Aduana como la PAN están obligadas a hacer controles aleatorios. Para hacerlo cuentan con un scanner móvil, como advirtió en su momento la fiscal María Gabriela Ruiz Morales.
Hasta el narcoescándalo, la Aduana debía controlar todo el movimiento del aeropuerto de Ezeiza sólo con 10 empleados. Según el informe que acaba de ser incorporado a la causa, los hombres de la Policía Aeronáutica eran 300. Aunque con una mayor cantidad de hombres que la Aduana, se considera que se trataba de una fuerza escasa y que la reducción formó parte de la política de desmantelamiento de los controles aeroportuarios ejecutada por la Fuerza Aérea durante el gobierno de Carlos Menem. Hasta ahora, la política de desguace estaba en condiciones de supervivencia. Quien le informa a este diario sobre el citado documento es elocuente en el razonamiento: La PAN tenía 300 hombres divididos en cuatro turnos –explica–: 75 hombres por turno. De esos 75, unos 25 estaban destinados a tareas administrativas. Entre los 40 restantes, siempre hay algunos de franco. ¿Cuántos quedan? Un número insuficiente para llevar adelante el control de aviones, de carga y de las supuestas 28 tareas encomendadas.
Esa parece ser una de las razones que no sólo explicaría la falta de controles de Ezeiza sino el modelo de zona liberada. Los investigadores creen que bajo el desguace de la PAN, la Fuerza Aérea hacía sus negocios entregando nuevos contratos a las operadoras privadas. Eso sucedía con el control de los vuelos: siempre según el informe, en 2004 el personal de la PAN revisó sólo dos vuelos de SW en las horas de trabajo habituales. Sin embargo, hubo operadores que hicieron otros controles por encargo de TAS, contratados bajo la modalidad de “horas adicionales”.
Otro nuevo elemento de análisis en la investigación es el diagnóstico sobre los scanner de TAS supuestamente usados para el narcoenvío. Ese análisis considera como hipótesis que los scanner no se usaron, y que los equipajes fueron marcados como visados sin pasar por la pantalla de rayos. Durante el día de hoy los abogados de Walter Beltrame pasarán por el juzgado de Liporace. “A pesar de que hoy (por ayer) nos dijeron que iba a estar listo el fallo, en el juzgado nos dijeron que volvamos mañana”, le dijo Ricardo Russian a este diario.
Liporace estuvo trabajando durante la tarde de ayer en la resolución de la situación procesal del hijo del comodoro Alberto Beltrame. Aunque de acuerdo con el viejo criterio del fuero Penal Económico el plazo se vence diez días después de la primera declaración indagatoria, en ocasiones eso se altera por las ampliaciones. Esa puede ser una de las explicaciones de retraso aunque fuentes judiciales consultadas por este diario agregaron anoche otras. Después de la resolución de la Sala B de la Cámara Penal Económica, Liporace estaría argumentando con mayores elementos su resolución. Según las fuentes, la decisión del magistrado “sería ciento por ciento” la del procesamiento. Indican, además, que el juez sumaría a la medida otras indagatorias y medidas pendientes.