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Para los organismos de derechos humanos, la dimensión del acuerdo es histórica. En una audiencia judicial, el Ministerio de Seguridad bonaerense se comprometió a quitarles a las 340 comisarías de la provincia las denominadas “carpetas de modus operandi” o “registros de malvivientes”, con los datos y fotografías de detenidos o presuntos sospechosos. Lo hizo a partir de la presentación de organismos de derechos humanos, que consideran esa metodología como “arbitraria, ilegal y discriminatoria”. A partir de hoy, los registros serán remitidos en custodia a las fiscalías generales del Ministerio Público de la provincia. Las fichas y fotografías que se hagan de acá en adelante, en cambio, serán reenviadas a la División de Antecedentes del Ministerio de Seguridad. Esta decisión sienta un precedente jurídico. Y podría generar un efecto dominó en el resto del país, incluso en el ámbito de la Policía Federal.
La medida fue dispuesta por el juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Federico Arias a raíz de una demanda de hábeas data colectiva presentada en el mes de abril por la Asociación Miguel Bru, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata y el colectivo de Investigación y Acción Jurídica, contra el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
El magistrado adoptó la resolución como medida cautelar al homologar un acuerdo al que llegaron las partes en una audiencia realizada en el día de ayer. En el acta, las partes acordaron que los registros fotográficos confeccionados por las comisarías deberán ser remitidos “a la Fiscalía de Cámara de cada departamento judicial dentro del plazo de 24 horas”.
Además, se prohíbe expresamente “la utilización de fotografías o la extracción de copias para uso en las dependencias policiales”, conocidas como carpetas de modus operandi, con las que la policía trata de identificar presuntos delincuentes en la investigación de los delitos.
En la resolución, el juez Arias expresó que las autoridades policiales “podrán tomar exclusivamente fotografías de personas privadas de libertad con fines identificatorios, debiendo consignarse el motivo de la detención y elevarse la ficha y la fotografía con sus negativos a la Dirección de Antecedentes del Ministerio de Seguridad en el término de 24 horas”. Por esa razón, ninguna de las 340 comisarías de la provincia de Buenos Aires ni las Departamentales de Investigaciones (DDI) podrán retener registros más de un día completo.
Con la resolución, el juez le notificó a la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia que a partir de ahora las fiscalías de Cámara cumplirán el rol de depositario judicial de los registros ya existentes hasta tanto se dicte la resolución definitiva. Para los organismos, la decisión del juzgado de Arias tiene características históricas. “Esto es semejante al momento en el que se le quitó a la policía las facultades de detención por averiguación de antecedentes”, indicó una abogada consultada por este diario.
En el pedido de hábeas data colectivo, los organismos exigieron “conocer la existencia de las carpetas de modus operandi o registro de malhechores o de malvivientes de todas las dependencias policiales de la provincia”, dijo a este diario Sofía Caravelos, abogada de la Asociación Miguel Bru e integrante del colectivo de Investigación. “Dado que tanto la forma como el uso de los registros son discriminatorios, arbitrarios e ilegales –continuó– solicitamos la suspensión de los datos.”
Durante el proceso legal, los organismos consiguieron que la Defensoría de Casación se presentara en la causa en apoyo al petitorio. A esa presentación se sumó un trabajo de relevamiento en las departamentales bonaerenses encarado por el Ministerio de Seguridad a pedido del juez Arias. La Departamental de La Matanza respondió, por ejemplo, que “tenían registros de malvivientes; que registraban modalidades de delitos, posibles cómplices y que la finalidad de las fotos era presentárselas a presuntas víctimas para identificar a los supuestos autores”. Sólo algunas admitieron sacar fotografías a quienes ingresaban por una contravención o por averiguación de identidad, la razón por la que los organismos suponen que en realidad se toman la mayor parte de los registros.
El registro de antecedentes está fundado en el decreto 2019 del año 1967, modificado un año después. Según un escrito presentado por el ministerio, en este momento se estaba analizando una modificación de acuerdo con las nuevas invenciones tecnológicas de identificación de personas, para un uso controlado por jueces y fiscales.
Esa misma posición siguió el ministerio en la audiencia de ayer. El subsecretario de Seguridad bonaerense, Martín Arias Duval, reconoció que no está de acuerdo con la “eliminación de los archivos”. Pero admitió que su uso debe estar resguardado por el Código de Procedimiento Penal y el control judicial. “Las fotografías son un método de identificación de personas, como el nombre, las huellas digitales o el código genético. Son elementos valiosos con el debido control para determinadas diligencias como la identificación”, explicó a este diario.