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El Perro Videla, uno de los nueve casos de adolescentes que sufren condenas a perpetua en el país, violatorias de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y uno de los cinco que por ese motivo había alcanzado tratamiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), trazó una línea directa entre las denuncias por lo arbitrario de su situación y su muerte preanunciada: apareció colgado de su cinturón, atado a los barrotes de una ventana situada a 2,20 metros de altura, en la famosa Penitenciaría de Mendoza, que en el término de un año logró por mérito propio inscribirse en el Libro Guinness por su record de muertes violentas (ver recuadro). El 13 de junio pasado, una comisión de seguimiento en visita a esa unidad había descubierto al Perro castigado peor que a un perro en una celda de un pabellón de adultos, junto a otros cinco presos “rodeados de tachos plásticos llenos de orín y materia fecal”.
“La versión del director de la unidad es que lo habían descubierto intentando romper los barrotes de la celda donde estaba y lo trasladaron a otra celda del mismo pabellón”, describió a Página/12 Fernando Peñaloza, abogado de Ricardo David Videla Fernández, el preso fallecido. “Pero es una versión que deja demasiadas dudas. Podría ser una venganza de los guardias por el intento de fuga. Podría ser que lo tenían entre ojos.” Lo cierto es que unos días antes, miembros de la Comisión de Seguimiento de Políticas Penitenciarias local, el abogado Pablo Salinas, peticionario ante la CIDH, y la abogada Claudia Cesaroni, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recorrieron el penal y comprobaron que nada de lo que el Estado se había comprometido ante la Comisión ni ante la Corte Interamericana se había cumplido.
Y en la visita se toparon con el Perro Videla, con 21 años cumplidos encerrado en un pabellón de castigo de adultos. “Videla pertenecía al grupo conocido como de menores adultos –citó Peñaloza–, y nunca podía estar mezclado con mayores. El abecé de la ejecución penal, que es no mezclar menores con adultos, no se cumplía.”
“Se comprobaron situaciones de detención inhumanas tanto en el pabellón 2 como en el 11, situaciones decididamente reñidas con las normas de derechos humanos internacionales ratificadas por Argentina con jerarquía constitucional”, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo. “Respecto a la situación particular de la detención de menores, desde nuestro punto de vista no se cumple con la Convención de los Derechos de la Niñez, nos preocupa considerablemente esta situación y la muerte de este joven, y por eso estamos trabajando sobre un anteproyecto de ley con topes en el tiempo de condena”, agregó.
La norma que rige en la actualidad es un decreto ley de la dictadura y define para el juez tres posibilidades: la absolución, la condena con las penas correspondientes al grado de tentativa o la condena con penas de adultos sin fijar topes. El anteproyecto apunta a que las condenas a menores no superen en ningún caso los 9 años.
Si la ley actual es polémica, no lo es menos el anteproyecto. Algunos lo apoyan, otros lo cuestionan. Mattarolo aceptó que “se trata de un paliativo. La solución se dará cuando se trate una ley de protección integral y otra ley penal juvenil. Respecto de Videla, el subsecretario también reconoció que “el hecho de que estén mezclados los internos por edades es una violación del principio de clasificación que indica la obligación de separar procesados y condenados, y menores y adultos”.
“La propuesta del Gobierno es indignante –cuestionó en cambio la diputada del ARI Laura Mussa–. Trata de maquillar una ley de la dictadura poniendo topes pero sin modificar el sistema que trata a los jóvenes como si fueran adultos, en abierta contradicción con los tratados internacionales firmados por la Argentina. Creo que el Gobierno tiene una buena política de derechos humanos en las cuestiones no saldadas con el pasado. Pero hay que decir que esa política tiene dos caras, porque mientras tanto hay violaciones aberrantes todos los días. Hay más de 10 casos de menores condenados a perpetua. Son todos casos de muertes anunciadas.”