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A cuatro años de la conferencia mundial contra el racismo y la discriminación en Durban, Sudáfrica, sólo tres países avanzaron en la creación de un plan general donde se aplicarán las recomendaciones surgidas allí. La parte sorprendente de la noticia es que uno de esos países es Argentina: los otros dos son Suecia y Noruega. El plan acaba de entrar en su cuarta etapa, en la que debe transformar en políticas concretas las propuestas incluidas en el voluminoso informe producido luego de tres años de trabajo. Las medidas debatidas hasta ahora fueron sólo las más controvertidas, que hicieron pegar el grito en el cielo a los sectores vinculados a la Iglesia, es decir aquellas relacionadas con la sexualidad o la religión. Pero el plan abarca áreas muy disímiles, y así como propone una ley de unión civil nacional para las parejas de un mismo sexo, también se ocupa de la mejoría de las condiciones de vida en las cárceles o de la necesidad de subtitulado en la televisión para que resulte accesible a los sordos. Es un plan tan vasto y ambicioso que uno pensaría que es más fácil concretarlo en Suecia o Noruega que en Argentina. Sin embargo, el proyecto sigue su curso.
La conferencia de Durban dio lugar a duros choques, tras los que los gobiernos de Estados Unidos e Israel decidieron abandonarla. En ese contexto difícil, la alta comisionada de Derechos Humanos, Mary Robinson, temió que los acuerdos se convirtieran en papel mojado y visitó personalmente varios países para empujar la concreción de los planes. Aquí firmó un convenio, que tuvo sólo un pequeño problema: sucedió a fines de 2001, cuando el país resbalaba sin remedio hacia el pozo negro de la crisis. El acuerdo también fue al pozo y con la prolongada acefalía del Inadi nadie lo recordó por un buen tiempo. Pero las cosas volvieron a ponerse en movimiento a fines de 2002 y en los tres años que siguieron un equipo de gente se dedicó a hacer consultas en diversos sectores y redactar el informe que fue recientemente aprobado por el Gobierno en un decreto en el que le encarga al Inadi la ejecución de sus propuestas.

La avanzada crítica

Hasta ahora poco se ha dicho públicamente del informe, un libro que hace primero un detallado diagnóstico de la situación en el país y luego propone 250 medidas. La que alzó su voz en contra fue una Corporación de Abogados Católicos. “Hemos sido fuertemente atacados por dos o tres recomendaciones –se queja Enrique Oteiza, presidente del Inadi–, en lugar de haber comentado el plan se habla nada más que de esas propuestas. Esto viene del sector que tiene tres preocupaciones centrales: cómo se forman las parejas, la cuestión del sexo y cómo se reparte el dinero en las religiones. Hasta ahora los comentarios que aparecieron se centraron en esos aspectos, de un modo rayano en lo obsesivo.”
Los cuestionamientos apuntan a propuestas como las uniones de personas de un mismo sexo o su derecho a la pensión, la posible modificación de la ley para permitir las operaciones de cambio de sexo, recomendaciones en torno de la aplicación del Programa de salud sexual y reproductiva y un punto que parece ser muy sensible para la Iglesia: el reparto más equitativo de fondos entre distintos credos. Pero en verdad, la mayoría de esas recomendaciones no pueden ser aplicadas de facto, sino que requieren la presentación de proyectos de ley, con lo que los críticos parecen estar abriendo el paraguas sin que por ahora llueva.
La etapa que empieza implica diseñar el plan concretamente: “Hay que traducir lo que está contenido en este informe en un plan, formular las políticas para cada recomendación –sostiene Oteiza–. Varias de las recomendaciones requieren alguna medida de tipo legislativo, o producir un decreto reglamentario para leyes pendientes”. El plan ya tiene un director –Waldo Villalpando– y el siguiente paso será constituir un comité coordinador gubernamental con participación de distintas secretarías y ministerios. La magnitud del proyecto hace pensar en plazos inalcanzables de tan largos, pero Oteiza sostiene que una de las tareas será elaborar un cronograma y que ciertas medidas de corto y mediano plazo pueden ver la luz en breve, como la reglamentación de leyes pendientes. “Un ejemplo es la ley de epilepsia, que incluye ciertas medidas de protección y medicamentos: fue sancionada hace cinco o seis años pero nunca se reglamentó.”