Dos años. Eso es lo que podría tardar el proceso de extradición a Brasil de los jóvenes sospechados del asesinato de Ariel Malvino, hijos de renombradas familias de Corrientes. Tras el primer interrogatorio (ver aparte) y luego de reunir el resto de los testimonios y pruebas, lo más probable es que la jueza brasileña individualice a dos de los correntinos y le pida a su par de Corrientes, Carlos Soto Dávila, que los detenga e inicie el proceso de extradición. Si el magistrado se decide por la extradición, habrá sucesivas apelaciones hasta llegar a la Corte Suprema, un camino que llevará, seguro, más de un año y posiblemente dos. De manera que un cálculo razonable indica que el máximo tribunal se expedirá, con suerte, en 2008. Y aun así, si la Corte aprueba la extradición, el Poder Ejecutivo es el que tendrá la última palabra. El punto clave es si el juez correntino detiene ahora, en las próximas semanas, a los señalados por la jueza brasileña. La cuestión parece dudosa si se tienen en cuenta el poder, el dinero y los abogados con los que contarán las patricias familias para defender a sus pichones.

El caso Malvino tiene un costado llamativo. Si los hechos se hubieran producido en la Argentina, con ciudadanos brasileños como protagonistas, y los sospechosos se hubieran vuelto a Brasil, no habría ninguna posibilidad de traerlos a la Argentina extraditados. La Constitución brasileña prohíbe expresamente la extradición de un brasileño. El caso más famoso fue el de Ronald Biggs, el cerebro del gran robo al tren Londres-Glasgow, en 1963, y del que se llevaron más de siete millones de dólares, una cifra que en términos actuales sería equivalente a 50 millones de dólares. Biggs huyó de la cárcel, se fue a Brasil, se casó rápidamente con una brasileña, tuvo un hijo, y de esa manera se hizo ciudadano de ese país. Justamente por la norma constitucional nunca se concedió la extradición a Gran Bretaña. Al final, viejo, cansado y enfermo, por su propia voluntad, Biggs decidió regresar a Inglaterra en 2001, casi 40 años después del robo.

La Constitución y la legislación argentina es distinta: permite la extradición de argentinos. En el caso de los correntinos que participaron de la muerte de Malvino, si el encuadre que haga la Justicia brasileña es duro, con penas altas, es obvio que intentarán trabar la extradición, entre otras cosas porque las cárceles brasileñas son aún más sórdidas que las argentinas. Los pasos del proceso serían los siguientes:

- La jueza brasileña evaluará las pruebas y acusará a uno, dos o los que fueran por el crimen. Pedirá entonces el arresto y la extradición.

- En ese pedido deberá enviarle al juez federal correntino, a través de la Cancillería, los elementos de prueba con los que cuenta.

- El juez correntino evaluará el pedido y puede pronunciarse a favor o en contra de la extradición. Como se trata de un delito común, la lógica indica que se concederá la extradición.

- Los defensores de los jóvenes patricios correntinos apelarán la medida a la Cámara Federal y el recurso pasará luego por la Cámara de Casación y finalmente por la Corte Suprema. En casos anteriores, el proceso duró entre dos y cinco años.

- Uno de los temas en litigio será la calificación. El juez correntino puede considerar que, de acuerdo con las leyes argentinas, correspondería imputar a los sospechosos por el delito de homicidio en riña u homicidio culposo, que son excarcelables. Teniendo en cuenta la discrepancia, podría denegar la extradición, aunque será el fiscal el que apele.

Al final de todas las idas y vueltas y de una larga batalla judicial, el caso llegará a la Corte Suprema. Si el máximo tribunal rechaza la extradición –algo que parece difícil por tratarse de un delito común–, los sospechosos no serán juzgados en Brasil y el crimen podría quedar impune. Si se pronuncia a favor, será el Ejecutivo el que tenga la última palabra.

Pero hay otra clave más inmediata. La jueza brasileña seguramente pedirá que los sospechosos estén en prisión durante todo el proceso de extradición. Y el juez correntino debe resolver si toma esa medida o no. Son pocos los que pronostican que el magistrado encarcele a los hijos de familias de tanto apellido.