Tres años pasó en la cárcel un hombre, acusado de robar un reloj y 15 pesos, hasta que, cuando llegó el momento del juicio oral, el fiscal ni siquiera lo acusó “porque no había elementos de imputación delictiva”. El caso es el último –hasta ahora– de una serie que compromete a la Justicia de la provincia de Buenos Aires y en particular del partido de La Matanza. En este caso, la víctima de la Justicia fue un joven llamado Víctor Silvano Ramos, ahora de 23 años, quien cumplía 20 la noche que fue detenido. El fiscal de La Matanza Gustavo Banco había solicitado su detención, dictada por el juez “de garantías” Marcelo Dau.

El 2 de febrero de 2003, a las 23.30, Víctor Ramos esperaba un colectivo frente a la estación de trenes de Villa Madero para ir a la casa de su hermana en Barracas; la familia iba a festejar, ya que Víctor cumplía 20 años. Hacía una semana había llegado de Jujuy, donde estudiaba y trabajaba. Pero, esa noche frente a la estación, un hombre lo encaró: lo acusó de haberle robado su reloj y una billetera con 15 pesos. Discutieron. Unos remiseros que paraban a pocos metros los separaron y llamaron a la comisaría de Villa Madero; se instruyó una causa por “robo calificado por el uso de arma”, ya que el hombre lo acusó de amenazarlo con un cuchillo. El fiscal de La Matanza Gustavo Banco pidió la prisión preventiva.

Sin dinero para pagarse un abogado, asistido por el defensor oficial, Ramos estuvo detenido en dos comisarías y en la penitenciaría de La Plata. Nunca fue citado a declarar por el fiscal, que se atuvo al acta policial. Tampoco el juez Dau consideró necesario escucharlo. Pero, llegado el momento, el fiscal designado para el juicio oral simplemente dejó constancia de que no iba a formular acusación, ya que “no hay elementos objetivos de imputación delictiva”. Entonces, el Tribunal en lo Criminal 1 de La Matanza, integrado por Joaquín Barrenechea, Néstor Bue Roca y Alfredo Drocchi, dispuso la libertad de Ramos.

El promedio que debe esperar un procesado para llegar a juicio oral en la provincia de Buenos Aires supera los tres años. No es común que la falta de pruebas sea tan flagrante como para no poder formularse acusación, pero en el 28 por ciento de los juicios los acusados resultan inocentes, lo cual configura un total próximo a 9000 personas. Además de la duración de los juicios, incide en esto la baja cantidad de defensores oficiales, así como el “exceso de celo” policial, y también las limitaciones a la excarcelación que dispuso la legislatura en respuesta a las movilizaciones convocadas por Juan Carlos Blumberg.

La Matanza, por su parte, tiene un llamativo record de personas que, llegado el juicio, ni siquiera pueden ser acusadas. Fue el caso de Carlos Belizán y su hijo Miguel, quienes permanecieron tres años y medio presos, hasta mediados del año pasado, por violación seguida de muerte, pese a que los peritajes de ADN habían dado negativo; la excarcelación había sido denegada por el juez Rubén Ochipinti y la fiscal Belén Casal Gato. También en La Matanza, en abril del año pasado, un fiscal de juicio tuvo que pedir disculpas a Roger y Matías Acuña, Claudio Luna y Carlos Varela, presos cuatro años por doble homicidio. En este caso el tribunal ordenó investigar a la DDI La Matanza y al fiscal Claudio Polero, cuestionado tres veces en un mes por detener a inocentes. También fue en La Matanza la detención y procesamiento de Ariel Brítez, albañil que pasó más de un año preso por homicidio hasta que, en agosto pasado, una nueva fiscal lo dejó en libertad.