Ante las presiones de los gremios de profesionales y trabajadores del Hospital Moyano, en defensa de la gestión al frente de ese centro de Néstor Marchant, desplazado hace nueve meses por irregularidades, la Legislatura porteña manifestó ayer su “preocupación” por la embestida de los sectores que cuestionan la actual intervención, que intenta cumplir con la Ley de Salud Mental de la Ciudad. Los legisladores reclamaron que se cumpla con esa norma –la 448, sancionada en 2000–, que propone la resocialización y desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos.

El Hospital Psiquiátrico de Mujeres Braulio Moyano fue intervenido a fines de 2005, cuando su director era Néstor Marchant, después de un allanamiento efectuado a raíz de denuncias de irregularidades. Una de ellas motivó el inicio de una causa en la que la Justicia Federal investigaba si algunas pacientes recibían medicación experimental sin consentimiento del juez que las tutela. Esa causa se abrió después de una denuncia del ex secretario de Salud porteño Donato Spaccavento.

Después de que delegados de los gremios manifestaron en la Legislatura, en una reunión con el ministro Alberto De Micheli y los diputados de la Comisión de Salud, su apoyo a la gestión de Marchant, los legisladores emitieron una declaración en la que señalan que “la posible vuelta a la conducción del Hospital Moyano, en forma directa o colegiada, de quienes llevaron al neuropsiquiátrico a una situación de abuso e ignominia, de las mujeres allí internadas, refleja que el gobierno ha elegido el chaleco de fuerza en vez de la política progresista y de resocialización contenida en la Ley 448”.

La diputada macrista Soledad Acuña, presidenta de la Comisión de Salud, explicó a Página/12 que “ayer (por el lunes), cuando se puso en funciones al nuevo director de Salud Mental porteño, Carlos de Lajonquiere, los gremios del Moyano estaban con los bombos y casi llegan a las manos entre el personal que apoya a Marchant y quienes no”. En esa instancia “los gremios pidieron que vuelva Marchant a la dirección y también dieron como nombre alternativo el de Alberto Monchablon Espinoza. Ambos están imputados en causa por la aplicación de medicación experimental en las internas y, el hecho de que estén imputados, por más que puedan ocupar cargos, genera dudas”, agregó Acuña.

Por su parte, la diputada kirchnerista Ana Suppa, vicepresidenta 1ª de la Comisión, señaló que “es una contradicción que vuelvan las mismas personas que durante 22 años tuvieron al hospital de modo hermético, ya que Caferata está hace 8 meses y aplica la nueva ley 448”.

Caferata es interventor “desde que Pablo Berretoni era director general de Salud Mental de la ciudad”. Según Acuña, ayer por la tarde, “el ministro De Micheli confirmó a Caferata como interventor pero también indicó que se iba a hacer un cuerpo colegiado donde incorporar a los gremios”.

“Nos opusimos a esto porque los gremios representan a los trabajadores, no tienen que definir políticas públicas. Además, ellos fueron los responsables del estado del hospital”, arremetió Acuña. Los gremios involucrados son la Federación Médica de Capital (Femeca), ATE, UPCN y la Asociación de Médicos Municipales”.

“Mañana (por hoy) van a proponer los nombres de quienes estarían en cuerpo colegiado. Todavía no definieron las funciones de ese cuerpo pero nosotros interpretamos que sería un cogobierno”, indicó Acuña.

Por otra parte, una médica del Moyano, quien prefirió no dar su nombre por miedo a represalias, explicó a este diario que “el 51 por ciento de los trabajadores del hospital queremos que no venga la gente de Marchant”.

En cuanto a la causa judicial iniciada por Spaccavento, “la investigación se hizo, se comprobó la irregularidad y hay seis imputados, entre ellos Marchant y Monchabol”, dijo Acuña. Esa causa se inició porque “para hacer las pruebas a las pacientes se les pedía el consentimiento a ellas mismas, cosa que no pueden dar porque son internas”.

En ese sentido, Suppa señaló que “es un despropósito que sigan imponiendo el nombre de Marchant para dirigir el hospital”. Los gremios “defienden elviejo modelo. Dicen que por miedo a la pérdida de trabajo, pero eso no es factible porque hace falta nombrar personal” en otras áreas. Para la legisladora “sería bueno que la Ciudad transite otro modelo de salud mental, de resocialización de la gente”.