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Los vecinos de Parque Chacabuco tienen, por primera vez, la ocasión de gestionar proyectos para el espacio verde de 17 hectáreas que le da nombre al barrio. Para eso cuentan con dos herramientas: la primera, el convenio que se firmó este sábado con el gobierno porteño y la empresa Autopistas Urbanas SA, para constituir una Mesa de Consenso, encargada de proponer las obras prioritarias para el parque; la segunda, recursos económicos provenientes de la concesión de los espacios ubicados bajo la Autopista 25 de Mayo, que serán destinados a la realización de esas obras. La iniciativa busca reproducir una experiencia de gestión vecinal que se llevó a cabo con éxito en el Parque Avellaneda.
La autopista es una cicatriz que el parque lleva de por vida, desde hace más de veinte años, un muro que dividió para siempre esa extensión de 17 hectáreas. Delimitado por la avenida Asamblea, Curapaligüe, Eva Perón y Emilio Mitre, el espacio verde es atravesado de este a oeste por el viaducto y sólo cuenta con un paso, en la zona central, que comunica las dos áreas en que quedó dividido.
Si resulta imposible, a esta altura, vencer a la mole de cemento, la recuperación de los espacios bajo autopista aparecía como una idea realizable: a principios de 1999, los mismos vecinos que el sábado suscribieron el acuerdo reclamaban terminar con las concesiones de comercios en ese lugar para convertirlos en espacios públicos. Se referían a un importante supermercado y a los locales comerciales ubicados sobre Emilio Mitre, y al polideportivo privado que funciona sobre Curapaligüe. Un acta suscripta juntamente con la Defensoría del Pueblo y el Ejecutivo porteños fijaba el compromiso de no renovar las concesiones, que vencían a fines del 2001.
Tres años después, los mismos vecinos cambiaron de opinión, cuando la empresa AUSA propuso destinar el 85 por ciento del dinero recaudado por las concesiones a obras de mejoras en el parque. “Con el crecimiento de la indigencia existía el riesgo de que los espacios que queden libres fueran intrusados”, dijo a Página/12 el presidente de AUSA, Héctor Rossi.
La iniciativa confluyó con otra que venía impulsando la agrupación Consenso y Participación Vecinal (Coparve), creada en enero último. “Nuestro objetivo era integrar una mesa de trabajo y consenso, como la que nuclea a los vecinos de Parque Avellaneda desde hace ocho años”, relató César Rosales, integrante de la agrupación (ver recuadro).
Con el asesoramiento de Flacso, los vecinos de Coparve iniciaron gestiones ante los distintos organismos del gobierno porteño con injerencia en el parque: las secretarías de Cultura y de Educación, y las direcciones de Deportes y Espacios Verdes (dentro de su perímetro funcionan cuatro escuelas, el centro cultural Adán Buenosayres y un polideportivo municipal). De la mesa de consenso también participa la Asociación Vecinal Parque Chacabuco (Avepacha), una agrupación que trabaja en el barrio desde hace cinco años.
El primer reclamo en el que coincidieron las asociaciones vecinales consiste en la apertura de dos pasos a través del bajo autopista, que permita conectar los sectores norte y sur del parque. Uno estará a la altura del Rosedal, hacia Emilio Mitre, mientras que el otro es una continuación virtual de la calle Achával, hacia el oeste, en un sector que, según los vecinos, está usurpado por particulares. “El problema de seguridad en el parque es cada vez más grave. Hay lugares por donde no se puede circular cuando cae el sol”, argumentó Gustavo de León, presidente de Avepacha.
Después de un primer acuerdo con los vecinos, AUSA revocó la decisión de terminar con las concesiones, propuso llamar a una nueva licitación y ofreció destinar el 85 por ciento de la recaudación a los trabajos que proponga la mesa de trabajo y consenso. “Habrá una cuenta para el Parque Chacabuco de donde se pagarán las obras. Los vecinos establecerán las prioridades y el gobierno porteño llamará a licitación para realizar lasobras, pero las propuestas deben ser aprobadas por los mismos vecinos”, explicó Rossi a este diario. Actualmente se recaudan 35.600 pesos mensuales, pero se presume que los nuevos contratos serán algo menores, si se tiene en cuenta la caída en los valores de los alquileres.
Entre las propuestas que están consensuando los vecinos están la apertura de una delegación de los Centros de Gestión y Participación en uno de los locales del bajo autopista: el parque está justo en el límite de tres CGP y los vecinos, para hacer trámites de rentas o registro civil, deben trasladarse no menos de 25 cuadras, hasta Flores, Pompeya o Almagro. También proponen la reparación de la pileta de invierno del polideportivo, al que asisten alumnos de las escuelas de la zona; la instalación de un sistema de riego en los espacios verdes, la construcción de caniles, la reparación de los bancos y del patio de juegos y la recuperación de los espacios usurpados.
Mientras funcionó la Carpa Cultural en el parque, los vecinos de Coparve hicieron una encuesta entre los paseantes. “El principal reclamo resultó ser la ausencia de guardianes, que está relacionado con la falta de seguridad, pero también con la suciedad de los perros y los partidos de fútbol que se juegan en lugares que no están destinados a ese fin”, resumió Rosales.
Vecinos y autoridades coinciden en que si el acuerdo prospera, el plan de mejoras podría tener continuidad: el parque tendrá recursos fijos durante cinco años, el plazo previsto para futuras concesiones.