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El gobierno uruguayo mantiene “silencio absoluto” luego de la denuncia presentada el viernes en Montevideo por el poeta Juan Gelman para que se investigue dónde está el cuerpo de su nuera asesinada luego de dar a luz una bebé, y para que a su vez se condene a los asesinos. Todo surgió cuando el senador Rafael Michelini declaró ante el juez Jorge Urso, que sigue la causa en Argentina por el Plan Cóndor, que el presidente Jorge Batlle le confesó que sabía quiénes eran los oficiales que la habían matado.
El motivo de la reserva oficial, que también se repite en la oposición, se debería a que en el gobierno están analizando la presentación judicial y todavía no quieren hacer declaraciones sobre lo que ellos mismos consideran es una de las pocas joyas que puede mostrar su administración: el desempeño en materia de derechos humanos. La denuncia de Gelman habría dado en un punto sensible.
Carlos Ramela es el representante del gobierno en la Comisión para la Paz, el asesor presidencial más directo y el nexo entre el gobierno y la oposición, aunque no tiene ningún cargo oficial. Este operador tampoco salió a hacer ninguna declaración. En los medios periodísticos también se le dio un perfil bajo a la presentación y, suponen fuentes uruguayas, que este silencio se originó a pedido del mismo gobierno.
En tanto, el abogado de Gelman, José Luis González, señaló que el poeta “decidió presentar la denuncia penal porque tiene derecho y porque después de esperar dos años alguna respuesta institucional consideró necesario abrir otra vía, en este caso la judicial, para conocer lo que le sucedió a su nuera, y en caso de confirmarse lo que las investigaciones manejan como posibilidad, que es el asesinato, saber dónde están sus restos”.
Mañana la denuncia estará en manos del juez penal de cuarto turno de Montevideo José Badicaldi y el expediente pasará luego a la fiscal Mirtha Guianze, representante del Ministerio Público, la que pronunciará si es pertinente la denuncia y se puede iniciar el juicio. Según la legislación uruguaya, si la fiscal decidiera archivar el caso en primera instancia, el juez no tendría posibilidad de iniciar el juicio. Si los jueces habilitados, Badicaldi, Luis Charles y Rolando Vomero dan curso a la denuncia, la citación del primer mandatario uruguayo sería casi inevitable.
La causa tomó impulso cuando Michelini relató que en una entrevista que mantuvo con Batlle en el edificio Libertad de Montevideo en mayo de 2000, el presidente uruguayo justificó las limitaciones de la actuación de la Comisión de Paz porque sabía que el asesino de María Claudia de Gelman era el capitán de la Guardia Metropolitana Ricardo García Blanco. “Sabemos absolutamente todo lo que pasó, salvo dónde está enterrada”, confesó Batlle a Michelini. Según la revista Brecha, Batlle se reservaba la información “para no brindar a un argentino (Gelman) lo que les niega a los uruguayos”. Ramela declaró, que esa revista quería “embarrar la cancha”. Urso recibió esta información por boca del mismo senador. Además del asesino de María Claudia, el otro militar que participó del robo de la nieta de Gelman es Jorge Silveira. Ambos depositaron la canasta con la bebé en la puerta de quien fuera jefe de Policía de San José, cuya esposa había intentado quedar embarazada durante mucho tiempo sin éxito. Gelman intenta demostrar que es un delito sin connotaciones políticas, por lo que no estaría amparado bajo la ley de impunidad uruguaya.