Durante toda la mañana de ayer los pasajeros que llegaron desde el exterior al aeropuerto de Ezeiza pasaron sus bártulos sin controles aduaneros. El insólito cuadro era previsible: desde el viernes se conocía la decisión del Sindicato Unico del Personal de Aduanas, Supara, de parar en repudio a las detenciones de una decena de empleados del sector sospechados de cohecho. La medida se concretó en todo el país, pero su costado más polémico volvió a concentrarse en Ezeiza. Mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) denunciaba que se estaba ingresando sin chequeos a la Argentina, por otro la Aduana acusaba a los aeroportuarios de impedirle el acceso al personal jerárquico enviado para suplantar a los empleados de huelga. “No nos quisieron dar credenciales hasta que un funcionario de alto rango llamó para pedirlas”, acusó uno de los voceros de Aduana. “Se presentaron a controlar recién al mediodía”, sostuvo una de las autoridades de la PSA. La disputa es el fruto de un conflicto entre los dos organismos por mayor poder en los controles del aeropuerto.

Ayer el director nacional de Aduanas, Ricardo Echegaray, dispuso que personal jerárquico de su organismo realice las tareas de control de equipajes ante el paro dispuesto por el gremio del sector. Mediante un comunicado, el funcionario explicó que se minimizarían los efectos de la medida de fuerza en los puntos más importantes de la red. En Buenos Aires, según contó uno de sus asesores, lo hizo enviando a diez jefes a controlar la llegada de los vuelos matutinos en Ezeiza: el horario pico es entre las siete de la mañana y las once. “La idea era que se repartieran entre las terminales A y B, para reemplazar a las personas que habitualmente hacen ese control, dieciséis en cada terminal. Cuando se presentaron ante la policía para pedir las credenciales provisorias los tuvieron cuatro horas esperándolas. Si no intervenía un alto funcionario nacional no hubiéramos entrado nunca”, protestó un vocero de Aduana, un organismo que depende de la AFIP.

El conflicto gremial surgió no de un pedido de aumento de sueldos, sino como protesta porque el miércoles pasado un grupo de diez empleados aduaneros fueron detenidos y supuestamente “maltratados” por agentes de la PSA, en un operativo ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina. De hecho se trataba del final de una investigación que había comenzado hacía diez días por una denuncia de la propia PSA. Según los investigadores del caso, las pruebas acumuladas son tantas como para que el juez procese a los funcionarios sospechados, que quedaron el libertad el viernes ya que están acusados de dos delitos excarcelables, el cohecho y las exacciones ilegales. Las expectativas de los pesquisas eran otras: creían que los aduaneros podían ser acusados de asociación ilícita. “Estaban organizados para pedir coima”, sostienen. Un funcionario de la PSA fue claro al acusar al titular de la Aduana, Ricardo Echegaray: “Vemos la actitud de un comisario que protege en la recaudación”.

La polémica estalló con la intervención del sindicato de los aduaneros, que llegó a considerar “violaciones a los derechos humanos” la forma en que fueron tratados. Las quejas porque fueron desnudados por personal de la PSA, y luego “paseados con esposas ante las cámaras” se hicieron ante el juez Santamarina, que ahora debe decidir si procesa o no a los acusados de coimear turistas que ingresaban con productos electrónicos no declarados a Ezeiza.

Sin embargo, varios analistas de la danza de intereses dentro de los equipos del mismo gobierno nacional apuntan a un conflicto de intereses. En la visión de la Aduana los de la PSA quieren “apoderarse de funciones que son nuestras”.

“Nosotros no somos competentes para controlar aduaneramente, ocupar esos espacios no forma parte de nuestra estrategia, y he llamado a las autoridades para establecer mecanismos de coordinación de controles de aquí en más”, le dijo a Página/12 el titular de la PSA, Marcelo Saín. “Nunca podríamos pretender esas funciones. Pero no podemos permitir que se relativice el Código Penal –acusó–. Cuando dicen que puede haber más medidas de fuerza, extorsionan, dan una respuesta mafiosa. No vamos a bancar a un sindicalista entreguista que no hizo paro cuando expulsaron al personal que denunció la aduana paralela en los noventa.”