Un mes podría pasar hasta que se conozcan las causas del final de Francisco White: si fue por su débil salud que no soportó la captura, o si sus secuestradores lo ahorcaron poco después de haberlo levantado. Lo cierto es que la autopsia que se hizo pasado el mediodía en Junín, donde algunos familiares esperaban el cuerpo, no dio los resultados que se esperaban. Al haber pasado entre 15 y 20 días desde el fallecimiento del productor rural es necesario un estudio más complejo que permita saber qué significan las marcas que tenía en el cuello, y el estado de su corazón, recientemente operado. Ayer el fiscal federal Eduardo Varas habló y confirmó la historia del caso que publicó Página/12, las declaraciones de los que terminaron confesando: el otro hijo de estancieros, Javier Tomas, de 28, quien los llevó hasta Claudio Gómez, el último detenido, quien indicó dónde podrían hallar el cadáver.

Varas habló de la resolución del caso al tiempo que por distintos medios su trabajo era cuestionado por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y luego por el subsecretario de Investigaciones del Ministerio de Seguridad bonaerense, Roberto Vázquez. “El fiscal es conocedor de lo que estaba sucediendo, y tendríamos que haber avanzado mucho antes” en la investigación, dijo Fernández en la jefatura de la Policía Federal, aunque aclaró que no cree que hubiera sido evitable la muerte de White. Tras sus declaraciones hizo lo propio Vázquez, deslindando responsabilidades. “Así como estamos satisfechos con la profesionalidad con la que se trabajó, también debemos decir que hubiera sido mucho más positivo para la investigación si la autoridad fiscal interviniente hubiera sido más expeditiva cada vez que la policía de investigaciones le pedía procedimientos”, se quejó.

Según una fuente cercana a la investigación, durante lo que duró el cautiverio de White trabajó una comisión mixta de bonaerenses y federales que le pedían al fiscal que ordenara los allanamientos. Los procedimientos en los que fueron detenidas cuatro personas finalmente se hicieron el miércoles. La pista sobre la que trabajaban los llevaba a los que poseían el teléfono celular desde el que se enviaban los mensajes de texto a la familia de la víctima. Sobre esos mensajes, el fiscal Vara dijo que fue lo que al caso lo hacen “atípico” y “perverso”. Al parecer es sorprendente la manera en que los secuestradores continuaron con White ya muerto pidiéndole el rescate a la familia. Ayer Página/12 contó cómo en esos mensajes se revelaban datos personales. La policía cree que se trata de aquello que escuchaban del propio White en los frecuentes encuentros que mantenían hacía ya un tiempo la meretriz Lidia Quiroz, detenida junto a su concubino, Pablo Lejarza, el remisero. En el esquema del fiscal, Lejarza es quien habría mantenido las comunicaciones con mensajes durante los veinte días que duró el secuestro. En su casa se encontró el chip del celular usado, una de las pruebas más contundentes en la causa. “Hace más de diez días se había trabajado sobre esta gente (en referencia a los ahora detenidos) y el fiscal no habilitaba las órdenes de detención y allanamientos respectivas”, apuntó Vázquez, de la bonaerense.

Algunos de los detalles sobre el desenlace del caso fueron contados ayer por el fiscal. Varas aclaró que se ubicó el cadáver en una tapera de las afueras de General Villegas cuando el último detenido, Claudio Gómez, contó “dónde había dejado a dos integrantes del grupo y dónde suponía que podía estar el cuerpo”. “El primero que confiesa (Tomas) lo hace el miércoles a la noche, después de la detención –contó en una conferencia de prensa en Junín–. Pide declarar en forma inmediata y ahí me confiesa que hay otra persona más que no teníamos identificada (Gómez) y que ayer, cuando la detiene personal policial, inmediatamente refiere dónde podría estar el cuerpo”, dijo. El fiscal además contó que ni la prostituta Quiroz, ni Lejarza, ni el boxeador, Angel “Mere” Miranda, declararon en la causa. Varias versiones indicaban que el “quebrado” era el peso mediano, pero en realidad se trataría de información que surgió en diálogos con la policía, hace diez días, y no de declaraciones judiciales ante juez y fiscal. De allí las diferencias.