Un mes y medio no es tiempo suficiente para transformar semejante caso en hojarasca. Aunque Concordia sea una ciudad de 150 mil habitantes, su ritmo no es lo febril que se exige para que el triple crimen de los Bressán quede adormecido bajo el vértigo de otros casos. El runrún sigue, y seguirá quién sabe por cuánto tiempo más. Al contrario, en un mes y medio, se agregaron circunstancias alrededor del crimen del secretario judicial, su esposa y su pequeño hijo de 2 años: el caso se quedó sin confesión; se quedó dos veces sin juez y la tercera magistrada en pocos días entrará en feria. Pero más allá de esto, fundamentalmente, se abrieron dos causas civiles sucesorias en simultáneo a la penal, una para dirimir hacia dónde se inclina la balanza de los herederos; la otra, para que el ADN diga si los hermanos del chico acusado son efectivamente sus hermanos. Detrás de todo, la zanahoria que tironea las riendas del caso es la herencia que dejó Miguel Angel Bressán: un millón de dólares.

El domingo 18 de noviembre, los cuerpos de Miguel Angel Bressán, su esposa María Celia Taleb y su pequeño hijo Facundo, se desplomaron a tiros en la casona del campo de 250 hectáreas, en Colonia Yeruá. Un hijo mayor de Bressán, cuya madre es Norma Bernard, apareció rápidamente en la mira de los investigadores, en la de los medios, en la de los abogados y, especialmente, en la de los familiares, como el principal sospechoso. Como menor de 18 años, el chico estaba o debía estar protegido por una serie de condicionantes lógicos y constitucionales, fuera o no fuera el que hubiera jalado el gatillo. Pero su suerte no quedó atada a cuestiones estrictamente jurídicas, sino que detrás comenzó a dirimirse la suerte de una pequeña fortuna, pero fortuna nada desdeñable al fin, de un millón de dólares. Porque el secretario del Juzgado de Instrucción 2 local dejó una casa tipo chalet sobre la calle San Martín al 400, en Concordia, donde vivía con Taleb y Facundo; dos vehículos, uno de ellos la 4x4 Ford Ranger que apareció estacionada cerca de la terminal de micros de Concordia, y el campo de 250 hectáreas donde cayeron los tres cuerpos aquel domingo de noviembre, valuado en 500 mil dólares. Alguna cuenta más debe haber para que todas las partes en juego reconozcan que la herencia asciende a los tres millones de pesos.

El debate sobre a quién corresponde la herencia se desató casi de inmediato al crimen, aunque algo desdibujado por los perfiles policiales del caso que, para la Justicia y los medios aparecía, a primera vista, bajo el rótulo del parricidio. Debates semejantes se han presenciado y escuchado infinidad de veces. Lo curioso del caso de Concordia fue el devenir sucesorio, que quedaría definido con la suerte penal del chico mayor, sospechoso del triple homicidio. Y la suerte penal del chico, a su vez, parecía depender de quién pesara más en la instancia civil. ¿Complicado? En principio sí, pero la herencia haría que se corrieran las penumbras.

“En términos sucesorios, debía definirse quién murió primero, lo que se llama premoriencia, porque eso define quién hereda. Si primero muere la mujer, el hombre es quien hereda y su hijo pequeño, pero también el hijo mayor, acusado”, señaló Celedonio Rodríguez, quien fue abogado de Norma Bernard al inicio del caso, el suficiente tiempo para solicitar el ADN de los hermanos del chico mayor, supuestamente hijos de Bressán pero, por algún motivo, no reconocidos.

Pero, si el chico fuera condenado, la condena misma arrastraría en lo civil la figura de la indignidad que lo dejaría fuera de la posibilidad de heredar. De hecho, los herederos del lado de Taleb desde el primer día apuntaban a la responsabilidad del chico. “Esto no fue una cuestión de robos ni de mafias, fue un problema familiar”, señalaban en la familia de la mujer fallecida, como para descartar toda hipótesis que alejara a los investigadores de la pista del chico. En cambio, si fuera absuelto, no habría impedimentos legales para transformarlo en único heredero.

¿Unico? No. Una de las primeras medidas que tomó Rodríguez fue iniciar una causa por filiación post mortem. Solicitó determinar mediante comparación de ADN si los otros tres hijos de Norma Bernard, una chica de 16, otra de 12 y un varón de 9, son hijos de Bressán, aunque él no los haya reconocido. El pedido definió casi el final de la discusión por el sucesorio. En los tribunales se da por descontado que son sus hijos, y de comprobarse esto, sea o no condenado, la herencia debería volcarse hacia la rama de los Bressán Bernard porque son hijos y pesan sobre parientes colaterales (hermanos) o padres.

Pero hay otro costado que pesó más: la conmoriencia, que se aplica cuando las muertes son simultáneas y no se puede determinar quién sucede a quién. En el caso Bressán, los forenses realizaron la autopsia demasiadas horas después de ocurrido el crimen, y no pudieron determinar quién cayó primero. El orden dado en la autoconfesión inicial del chico no es válido porque es parte interesada y porque, además, su declaración fue anulada: “No la tomó un juez de menores, y no se hizo lugar a su derecho de no declarar en su contra –señaló Martín Jáuregui, nuevo abogado de Bernard–. Parecía como si hubiera habido mucha urgencia en resolver el caso. El primer juez se excusó, pero antes le tomó declaración.” Finalmente, los abogados de las partes acordaron la conmoriencia, fifty fifty, sea cual fuere el resultado. La mitad la llevarán unos hermanos de Taleb, porque no hay hijos de su lado, y la otra, los Bressán Bernard.

Por su parte, la defensa del mayor de los chicos asegura que “no hay pruebas en su contra. Las armas no son las que dijeron que eran. No hay armas, y no hay declaración. Lo que tienen los investigadores es endeble”.