La noticia causó sensación cuando se conoció, un año atrás: una sofisticada banda robaba plata, mucha, depositada por argentinos ricos y famosos en cuentas en el exterior. Lo hacían utilizando las líneas telefónicas de las propias víctimas y con copias de su documentación personal obtenida de la Policía Federal. Uno de los estafadores, que se ocupaba de capturar las líneas y facilitar las comunicaciones, confesó con lujo de detalles, en su indagatoria ante el juez Daniel Rafecas, cómo se realizaba la maniobra. “Debo haber cortado unos cuarenta o cuarenta y cinco teléfonos”, calculó en voz alta. “Nos pagaban cuatrocientos pesos (...) para ser franco, a mí me servía la plata y no pensé de quién era”, dijo. En la investigación, que conduce el fiscal Guillermo Marijuán, ya están involucrados siete policías y un agente de la SIDE. Dos de los uniformados –una pareja– quedaron implicados recién ahora y serán indagados este mes.

El hombre de la confesión se llama Carlos Daniel Núñez y estaba ligado al jefe y cerebro del grupo, Marcelo Pizzini. Núñez, comerciante (al menos en apariencia), contactó a los técnicos de Telecom para cortar las líneas. Está preso junto con Pizzini, igual que un tercer sujeto, Fabián Alejandro Gonçalves, el abogado (ex secretario de un juzgado correccional) que manejaba todos los datos de los damnificados, las transferencias bancarias y algunos contactos con la Policía Federal.

El fiscal Marijuán y su secretario Juan Trujillo llevan cerca de cuarenta estafas comprobadas, consumadas entre 2005 y 2006. Entre los personajes estelares perjudicados figuran el productor Alejandro Romay, la ex tenista Florencia Labat y varios empresarios poderosos. Los montos extraídos iban de los 40 mil a los 200 mil dólares. La mayoría de los bancos restituyó el dinero, aunque algunos no.

Los estafadores fueron procesados por asociación ilícita el año pasado, por parte de los fraudes y robos comprobados. Desde mediados del mes pasado volvieron a ser indagados por otros casos. A diferencia de Núñez, la mayoría se negó a contestar preguntas. Sus procesamientos serían ampliados en febrero, según pudo saber este diario.

Una pata de la pandilla era la de los expertos en telecomunicaciones que intervenían las líneas desde las cuales se realizaban las transferencias de una entidad bancaria en el exterior a otra. La otra rama, como reveló Página/12, abarca a policías y un espía que obtenían los legajos personales de las víctimas del archivo especial de la Policía Federal. En esas carpetas había copias de los pasaportes, DNI y/o cédulas y, lo que más necesitaban, las firmas de puño y letra de los titulares de cuentas extranjeras. Con estos papeles hacían los trámites por fax, desde el número de teléfono del titular de los fondos.

Expertos en cortes

Núñez declaró ante Rafecas el 14 de diciembre. Allí relató que conocía a Pizzini del ámbito de las carreras de autos, una pasión que compartían. A pedido de él, contactó a dos empleados telefónicos que tenían la posibilidad de cortar teléfonos. Con ayuda de ellos ubicaba el “armario” que está en la vereda donde confluyen los cables de las líneas. “Parábamos frente al armario, bajábamos y lo cortábamos”, relató, según se lee en la declaración a la que accedió este diario. Después de eso se activaba el servicio de transferencia de llamadas hacia un celular desde el cual se hacían las operaciones con los bancos extranjeros. “Alguien hablaba afuera y ordenaba que les manden la plata”, dijo.

¿Cómo lograban la transferencia? Núñez lo explicó así en tribunales: “Se le cortaba el teléfono a una persona, al otro día se lo íbamos a reparar pero no para arreglárselo sino para conseguir el código de gestión. Le decíamos que éramos de reparación y le pedíamos la boleta diciéndole que se le había interrumpido el servicio por falta de pago. Le pedíamos la boleta comprobando que estuviera paga y en un borde de arriba está el código de gestión. Con ese código llamás al 112 y pedías habilitar el servicio de transferencia”.

“Al principio –contó Núñez– nos pagaban cuatrocientos pesos y después nos pagó cien dólares a cada uno pero con la condición de que fuera el horario justo. Si nos decía a las diez, tenía que ser a la diez menos cuarto y no a las doce”. Pizzini, según su relato, le dijo que “estaba repatriando unos capitales”. “En su momento me dije: ‘Este debe estar trayendo mucha plata para que nos paguen doscientos dólares’. Una instalación de teléfono se paga 25 pesos y para estar cobrando diez veces más era mucha plata. Para ser franco, a mí me servía la plata y no pensé de quién era (...) sinceramente estuve un año y medio con Pizzini y debo haber cortado cuarenta o cincuenta teléfonos y los nombres no me acuerdo. Hay otros cortes que son de Gonçalves”, declaró Núñez.

La rama policial

Para concretar la estafa los ladrones necesitaban la información bancaria y la documentación personal de las víctimas. La fiscalía determinó que la banda tenía un contacto en el Correo Argentino que les permitía interceptar los reportes bancarios con los números de cuenta, pero todavía no hay responsables individualizados. En cambio, se pudo reconstruir la cadena policial que permitió que los legajos de decenas de personas salieran del archivo de la Policía Federal (ver recuadro) y aparecieran, por ejemplo, en una oficina de Pizzini.

Según las escuchas que hay en la causa, había dos vías que llevaban al corazón de la policía. Una empezaba por el agente de la SIDE Néstor Raúl Luna, que se contactaba con el comisario retirado Ricardo Mohamed y él, a su vez, hablaba con Edmundo Domingo Maza, jefe de la División Información de Antecedentes de la Federal. El otro camino, que se iniciaba con Pizzini y Gonçalvez, pasaba por el policía retirado Gastón Velasco, que gestionaba los documentos a través del suboficial Daniel Pisapia, de la División Documentos y Certificados. Tanto Pisapia como Maza por su función tenían acceso directo a legajos, pasaportes y cédulas.

Días atrás, al comprobar que la cadena policial continuaba, la fiscalía pidió dos nuevas indagatorias, que Rafecas ya concedió y se harán este mes. Pisapia, mostraron lo cruces de llamadas, también mantenía contacto con una pareja de policías que quedó implicada: Fernando de Vedia, que trabajó en Legajos Personales, y Silvana Scilingo, que sigue en esa División.

También está implicado por posible negligencia el comisario Eduardo Fernández, jefe de Legajos Personales. Su responsabilidad es más difusa. Y un personaje clave, el chileno Luis Miguel Casado Córdova, sigue prófugo. En Chile, precisamente, se hallaron algunas de las cuenta adonde iba el dinero robado.