Desde que dio de baja los contratos con las concesionarias de las fotomultas, el gobierno porteño venía soportando el embate de las empresas, que pugnaban por cobrar una deuda por fotos que no habían sido abonadas por la gestión de Jorge Telerman.

El conflicto se había generado en 2007, cuando se les amplió a las empresas Meller y Siemens-Itron, concesionarias del servicio, el cupo de fotomultas que podían sacar, de 100 mil a 150 mil por mes. La condición era que priorizaran las infracciones graves, como exceso de velocidad o violación de luz roja. Pero las empresas siguieron poniendo el acento en la sanción del estacionamiento indebido, una infracción mucho más fácil de perseguir. Tantas actas hicieron colapsar el sistema de cobro, en la Dirección General de Infracciones, por lo cual esas multas nunca fueron notificadas a los infractores y no tienen posibilidad de ser cobradas. Por esa razón, el gobierno rechazó su pago.

Después del reclamo de las empresas y la rescisión de los contratos, una negociación que duró cuatro meses, ambas partes cedieron. Las empresas resignaron el reclamo de la deuda y el gobierno porteño le concedió un nuevo contrato hasta que se complete el nuevo proceso de licitación: se estima que en diciembre de 2009. Es decir que las empresas fueron beneficiadas con un año y medio de contrato. Además, recibirán un precio mejor por cada foto tomada: de siete pesos subirá a once. A cambio tendrán que hacerse cargo del personal policial adicional que viaja en el vehículo que toma las fotos y de la nafta de esos móviles.

La cancelación del servicio había dejado virtualmente sin posibilidad de controlar los excesos de velocidad. El control de tránsito quedó en manos del Cuerpo de Agentes, que se dedicó a detectar violaciones a la luz roja, mediante un sistema de postas, pero era imposible controlar el exceso de velocidad.