El día después llegó. La Corte ya se expidió sobre la inconstitucionalidad de la persecución penal a los consumidores de drogas. Ahora, las iniciativas y proyectos del gobierno nacional darán el paso anunciado. El Comité Científico Asesor elevará sus propuestas de reformas legislativas al Gobierno, que deberá decidir si los presenta como proyectos en el Congreso. Se trata de varios proyectos que harán ancla en tres temas principales: el aspecto salud-asistencial, el económico y el penal. El propio comité, coordinado por la fiscal Mónica Cuñarro, anunció que tomó la decisión unánime de elevar los anteproyectos a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Aníbal Fernández. Poco antes de hacerse público el fallo de la Corte, el jefe de Gabinete reforzaba la idea de que la resolución de la Corte no fomenta el consumo: “Los que venden basura a nuestros hijos deben ser castigados con toda la dureza con que puede castigar el Estado”.

La base de las propuestas del comité es un plan global, que incluye todos los proyectos a presentar, y que cuenta con un cronograma a cinco años, buscando continuidad más allá de cualquier cambio administrativo.

El primero de los proyectos trata sobre la atención integral de los usuarios de drogas en materia de prevención, asistencia e inclusión.

El segundo, normatiza la asistencia y atención de los consumidores que la necesiten, privilegiando casos y zonas más débiles en base a los resultados de los trabajos realizados por las direcciones del Indec de todas las provincias del país.

Propone, en tercer lugar, el seguimiento y control de los activos, bienes e instrumentos secuestrados al narcotráfico, a la criminalidad compleja, la corrupción de la administración pública y el lavado de dinero, orientado a la incautación judicial y el seguimiento de las rutas de dinero y otro concretamente al lavado, con la intención de evitar la entrega “fácil” de bienes secuestrados a “necesitados favorecidos”.

También presentará un amplio cronograma sobre controles en abusos de alcohol, medicamentos, lugares de internación. Y mecanismos para evitar la corrupción y mejorar la persecución penal de la comercialización y distribución.

Los expertos del comité, además, tomarán un tiempo para analizar, detenidamente, el fallo de la Corte Suprema. La idea es producir un proyecto de ley que modifique la Ley de Drogas, la 23.737, cuyo artículo 14 fue declarado inconstitucional ahora. De todos modos, la modificación tendrá que ver con la decisión de que se tome respecto a qué se considera delito en relación con la droga, si la tenencia personal para consumo se mantiene o no como figura delictiva, ahora inconstitucional.

Aunque existen posiciones diferentes entre los mismos expertos, dentro del Comité hay unanimidad respecto del tratamiento del problema, la protección de las víctimas y no su criminalización, y la búsqueda de soluciones políticas que no se basen en la represión, y sí se profundice en la búsqueda y hallazgo de las redes de comercialización y distribución de drogas.