Los grupos antiderechos pretenden prohibir los anticonceptivos y particularmente la distribución de la anticoncepción hormonal de emergencia y apelan a argumentos pseudocientíficos –como ya informó este diario– para sostener que su acción es abortiva. Como en Chile y ahora Perú, encuentran jueces que les dan la razón. En los países se da la contradicción de que el método se puede comprar en las farmacias: la medida perjudica a los sectores más vulnerables que ya no podrán acceder a la pastilla gratuitamente en hospitales. En la década menemista, la Corte Suprema también pretendió prohibirla en el país –a partir de un recurso de amparo presentado por la ONG ultracatólica cordobesa–, pero la sentencia no tuvo efecto porque se refería a una versión comercial de la AHE que ya no estaba en el mercado.

“Quienes toman este tipo de decisiones lo hacen basados en dogmas más que en evidencia científica: no existe ninguna evidencia científica que demuestre que sea abortiva”, señaló ayer a Página/12 el médico e investigador independiente del Conicet Carlos Nagle, uno de los científicos argentinos que más ha investigado el tema. “La información ya es definitiva y de carácter universal. En varios países se ha demostrado por distintas vías que el tratamiento con levonorgestrel actúa sobre la ovulación y no afecta la implantación: si hay un embrión, se implanta y la mujer se embaraza. Además, actúa de la misma forma que la progesterona, que es un conocido agente protector del embarazo”, detalló Nagle, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana (Alirh), y director del Centro de Investigación en Reproducción Humana y Experimental (Cirhe) del Instituto Universitario Cemic, que colaboran con la OMS en investigación y desarrollo en salud reproductiva.