La reforma legal en el Distrito Federal cumplió tres años. Si bien el 28 de agosto de 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo claramente que es constitucional y que las reformas promovidas en la ciudad de México protegen los derechos humanos de las mujeres, desde entonces 17 estados han reformado sus constituciones estatales para proteger la vida desde el momento de la concepción/fecundación. Un estado más ya tenía una cláusula antiaborto incluida con anterioridad.

“En la práctica, los gobernadores conservadores están persiguiendo a las mujeres aduciendo que (la prohibición del aborto) está en la Constitución. Hay mujeres denunciadas o procesadas, algunas en la cárcel, otras con prisión domiciliaria. Esta reacción de repenalizar –aunque los códigos penales no se han modificado– es un movimiento político muy desafortunado. Porque quienes han promovido estas reformas en las constituciones con cláusulas antiaborto son diputados del PRI, que históricamente ha sido el partido que entre otras cosas ha defendido la laicidad del Estado y que siempre se ha comportado como un partido que no defiende valores morales como parte de la política pública. Pero resulta que como llevan dos sexenios fuera del poder presidencial, están realmente preocupados e interesados en ingresar a la Presidencia y encontraron en el tema del aborto una posibilidad de hacerle saber a la Iglesia Católica que ellos podrían ser aliados. Lo peor en este proceso es que muchos legisladores del PRI han traicionado los principios seculares y laicos del partido metiendo estas iniciativas aliados con el PAN, para hacer un guiño a los sectores conservadores, apostando a que con este gesto van a conseguir su apoyo. El aborto no es el tema. Las mujeres están pagando el pato en términos de lucha electoral. El tema es el poder político”, cuestionó la investigadora Ana Amuchástegui.

Las persecuciones a las mujeres avanzan incluso cuando se trata de abortos no punibles, por ejemplo, en los casos de violación. Según publicó el diario mexicano Milenio, en agosto pasado, en Puebla, una mujer de 20 años fue procesada luego de que ingresó a un hospital público con hemorragia producto de un aborto.

“Según datos de la Procuraduría de Justicia de Puebla (PJEP), en 2009 se procesó a 30 mujeres por abortos –reveló Milenio–. En Baja California, algo similar le ocurrió a una mujer de 22 años que fue denunciada cuando llegó al Hospital General de Tijuana. En Sonora, según Margarita Bejarano Celaya, del grupo Observatorio por la Paridad y la Equidad, hay siete mujeres procesadas por interrumpir sus embarazos. En Guanajuato, incluso desde antes de la reforma constitucional, alrededor de 130 mujeres habían sido procesadas por aborto. En Veracruz, la titular del Instituto Veracruzano de la Mujer, Martha Mendoza Parissi, reveló que alrededor de diez mujeres se encontraban recluidas por el delito de homicidio, en su mayoría por haber interrumpido el embarazo, aunque el gobernador de esa entidad las indultó en marzo pasado.”

El cambio normativo en el DF tuvo dos ejes: por un lado, se reformuló la definición jurídica penal del aborto y se estableció que el embarazo comienza cuando el embrión se implanta en el útero y por la evidencia de la ciencia ese proceso se fijó a las 12 semanas. Esa es la principal parte de la reforma. La otra tiene que ver con la modificación de la Ley de Salud del DF por la que se obligó al gobierno local a dar el servicio de interrupción legal de embarazo (ILE) gratuitamente.