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La provincia de Buenos Aires ha sufrido en los últimos años una nueva experiencia de las políticas llamadas de mano dura o demagogia punitiva. Que no sólo demostraron ser autoritarias y producir violaciones a los DD.HH., sino que son ineficaces para la prevención y persecución del delito.

Esta política centrada en perseguir el pequeño delito se muestra incapaz de perseguir las redes delictivas complejas. Combinadas con el autogobierno policial, crean zonas grises de convivencia de miembros de la corporación policial y el delito.

Este camino ha llevado a una espiral que cada vez demanda más profundización de la política errada. Entonces la policía reclama más poder, y así se de-sarticuló la Policía Buenos Aires 2 como fuerza alternativa y se la subordinó a la vieja estructura; se recompuso la corporación, volviendo al restablecimiento del jefe de Policía. Y más tarde, a fines de 2009, demandó más facultades y el gobierno presentó un proyecto de Código Contravencional que en su redacción original habilitaba a la policía a detener personas sin orden judicial.

Una concepción integral de la seguridad pública implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Esta concepción de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere articular las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementar las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.

Muchas veces el poder político ha quedado rehén de estas políticas de demagogia penal en la convicción de que transformar la seguridad pública toca intereses capaces de desestabilizar a los gobiernos, y entonces prefieren no hacer olas. En otros casos creen que el discurso mediático simplista y arcaico de la mano dura trae votos. La reiteración de estos senderos ha demostrado que si no se ejerce plenamente el gobierno civil sobre las fuerzas de seguridad, profesionalizándolas, modernizando las formas de investigación, prevención y persecución del delito, entonces sí esas fuerzas pueden atentar contra la estabilidad reclamada por los gobernantes. Y que la idea mágica de atraer votos haciendo concesiones se demuestra ineficaz tanto para la mejora de la seguridad pública como para la adhesión popular.

El surgimiento del acuerdo para una seguridad democrática cambia la forma de acceder al tema. La gestación de un consenso amplio sobre los principios que deben regir la seguridad pública crea las bases de un umbral común de los argentinos. Crea las condiciones para una correlación de fuerzas mayor, necesaria para implementar las reformas que impulsamos y que son perentorias. Reúne en un proceso reformador la inteligencia de expertos, universidades, organizaciones de DD.HH., funcionarios con experiencia de gestión y los partidos políticos populares. Así crea las condiciones para separar del debate pequeño y de consignas el problema de la seguridad y posibilita una política de Estado.

* Comisión provincial por la Memoria.